Reunión: según voceros oficiales, en esta reunión el MNR le planteó a Mesa que no se eche a sus militantes

El presidente Carlos Mesa está acorralado por la bancada del MNR y por el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez (MIR), que condicionaron el respaldo desde el Parlamento a su gestión a cambio de que no se destituya a los militantes que ingresaron a la administración pública en la gestión del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada.

La primera versión fue proporcionada por un ex funcionario de carrera diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego confirmada por fuentes oficiales de Palacio de Gobierno.

Según el diplomático, que pidió mantener su nombre

en reserva, él y cuatro empleados de carrera fueron destituidos de sus funciones en la gestión del ex ministro de Relaciones Exteriores Carlos Saavedra Bruno (MIR).

Al tomar las riendas de esta cartera Juan Ignacio Siles, el ex funcionario y sus compañeros le pidieron que los restituyan en los cargos que ocupaban antes de ser puestos a disposición, pero lo más que les ofrecieron fueron puestos inferiores a los rangos diplomáticos que ellos tienen.

Algunos aceptaron, pero este ex funcionario fue ante el vicecanciller Jorge Gumucio y le reclamó por qué mantenían en sus cargos a quienes ingresaron usurpando funciones. Gumucio me dijo que no era posible porque era una condición que habían puesto los partidos para el apoyo parlamentario a la gestión, reveló.

Este medio intentó ayer conversar con Gumucio, sin éxito.

Esta denuncia fue la punta del ovillo para preguntar al gobierno de Mesa por qué los funcionarios que ingresaron por el padrinazgo político continuaban en algunas entidades estatales.

La respuesta vino del Palacio de Gobierno: La bancada del MNR y el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, pidieron que no se despida a sus militantes a condición de apoyar desde el Congreso. Pero las presiones a la gestión de gobierno también provienen de las prefecturas. Se reciben llamadas de gente para defender a sus parientes, ni siquiera son militantes, se dijo desde el Ejecutivo.

El prefecto cruceño, Carlos Hugo Molina, denunció nepotismo y corrupción en esta entidad, pero poco pudo hacer, precisamente por las presiones políticas.

Prisionero de palacio

La bancada del MNR se reunió el 26 de noviembre con el Jefe de Estado. En esa ocasión, los movimientistas habrían hecho ese pedido con el argumento de que si se echaba de sus cargos a sus militantes, éstos iban a presionarlos, y ellos tenían la necesidad de velar por los cargos.

La diputada movimientista María Teresa Paz confirmó que en el encuentro que sostuvo el presidente Mesa con su bancada le pidieron que, dentro del marco de lo posible, no remueva de sus cargos a aquellos militantes que tengan buen nivel profesional, pero negó que la solicitud haya estado condicionada al respaldo a Mesa desde el Poder Legislativo. Según Paz, el MNR apoya a Mesa y lo respaldará en los asuntos que sean convenientes para el país.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja, Óscar Arrien, negó esas presiones y aseguró que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo son de mutuo respeto. Esta versión fue respaldada por el jefe de bancada del MNR, Óscar Sandóval, quien señaló que instintivamente su partido apoya la gestión del Jefe de Estado, aunque aclaró que no es un partido suicida.

Sin embargo según ANF, Mesa confesó que es el MNR el partido que se siente más golpeado por octubre negro y es el que pega más duro al Ejecutivo.

Otro frente de presión

La primera reunión de gabinete del presidente Mesa se realizó el 31 de octubre. Según fuentes del Palacio Quemado, esa ocasión fue aprovechada por Hormando Vaca Díez (MIR) para pedir al Primer Mandatario que no destituya de sus cargos a los militantes miristas, porque de lo contrario esas personas ejercerían presión por el apoyo que brindaron en las elecciones.

Este periódico buscó al senador mirista para conocer su versión, pero no fue posible.

Quien sí contestó fue el vocero del MIR, el diputado Juan José Torres. Si es que hubo este pedido es unilateral y arbitrario. No obedece a una decisión colegiada del partido. Si es así, debiéramos llamar la atención al senador, respondió el parlamentario.

Torres explicó que, en una reunión, los miembros de este frente político decidieron que cualquier militante que sea invitado por el actual gobierno tenía que pedir permiso al partido.

Negó que desde el Parlamento se ejerza presión al actual gobierno y dijo que una muestra de ello es que apoyaron la aprobación de un presupuesto (para 2004) que era deficiente.

La presión también tiene rostro rural

El 20 de enero se cumple el plazo de 90 días que otorgaron los campesinos al presidente Carlos Mesa para que dé cumplimiento al pliego de 72 puntos. Sin embargo, ayer el principal dirigente de la CSUTCB, Felipe Quispe, dijo que está dispuesto a dialogar antes de que se cumpla el término previsto.

El Mallku explicó que en los próximos días convocará a un ampliado para evaluar la situación y asumir medidas de presión, si la respuesta no llega hasta los primeros días de enero.

Queremos dialogar, pero que sea un diálogo horizontal y dialéctico, no un diálogo por dialogar. Exigimos una negociación, ya no queremos derramar sangre y no queremos ingresar directamente a las movilizaciones, pero al parecer el gobierno busca un nuevo conflicto, advirtió el dirigente campesino.

La COB también exige al presidente Mesa la atención de un pliego petitorio de 20 puntos que incluye el incremento del salario básico de 430 a 1.000 bolivianos. Los primeros días de enero esta organización realizará un ampliado para definir qué medidas asumirán si hasta entonces no hay respuesta.

EEUU tiene lo suyo respecto de Mesa

El presidente Carlos Mesa no sólo es presionado internamente, sino también por la comunidad internacional y Estados Unidos, que exigen al mandatario cumplir una serie de medidas para acceder al financiamiento externo.

Entre las medidas económicas está la de hacer sostenible el déficit fiscal; para ello, los financiadores externos siempre recomendaron elevar el precio de la gasolina o hacer ajustes internos. Con la pérdida del negocio del gas, el gobierno admitió que la cooperación internacional exigirá más esfuerzos al país.

Por otro lado, está la presión para que se conserve la democracia y la seguridad jurídica. El mensaje fue reflejado a través de las visitas de cuatro prominentes funcionarios del gobierno norteamericano.

Peter DeShazo, subsecretario del Departamento de Estado; Rogelio Pardo, subsecretario adjunto de Defensa; Bill Nelson, senador del Comité de Seguridad del Capitolio; y James Hill, comandante del Comando Sur de EEUU, se reunieron con Mesa para hablar de democracia, terrorismo, narcotráfico y erradicación.