Ahora llegaron la COR de El Alto, el MST y la CSUTCB de Román Loayza El Ministerio Público responde que respeta las opiniones de sindicalistas

Sin embargo, aclara que la Fiscalía actuará con verdadera justicia

Sucre/CORREO DEL SUR

Sectores campesinos y sindicalistas del país se sumaron ayer, viernes, a los pedidos de un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros por la "Guerra del Gas".

Al edificio central del Ministerio Público de la Nación, ubicado en pleno centro de la ciudad de Sucre, el primero en llegar la mañana de ayer fue el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Juan Melendres, quien hizo una grave acusación al vincular al fiscal Oscar Crespo con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Más tarde se presentaron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), a la cabeza del masista Roman Loayza, y los dirigentes departamentales de Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, además del Movimiento Sin Tierra y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa".

Todas las organizaciones mencionadas se adhirieron al pedido de procesamiento de Sánchez de Lozada y sus ministros.

De esa inusual manera cerró este viernes el Ministerio Público una semana recargada de trabajo, luego de la presentación escalonada de cuatro pliegos acusatorios y once adhesiones en el caso de la "Guerra del Gas", que terminó con más de 80 muertos y alrededor de 400 heridos.

Hasta ayer, la Fiscalía General aún no había definido una posición respecto a cuándo emitirá el requerimiento conclusivo que determinará el inicio o no de un juicio de responsabilidades.

Crespo debe analizar las pruebas presentadas por los acusadores y, junto con su entorno de asesores legales: César Fiorilo, Luis Andrade, Rolando Rojas, Edgar Petersen y Abdiel Andrade, entre otros, tendrá que pronunciarse por el juicio o la liberación de los acusados.

PRIMERO LA COR

El ejecutivo de la COR de El Alto, Juan Melendres, se sumó al pedido de juicio para las ex autoridades nacionales, pero además acusó a Crespo de tener vínculos con el MNR: "Sabemos que el señor Fiscal es de color que actualmente sigue en ejercicio, estamos hablando que es un emenerrista, no tenemos miedo y lo vamos a decir donde sea que estén".

A continuación solicitó a Crespo que no se parcialice con "su partido" y le reclamó respeto a la población boliviana.

En realidad, el dirigente expresó estas palabras de frente al secretario General del Ministerio Público, César Fiorilo, porque el Fiscal General de la República no los recibió.

Fiorilo respondió que se analizarán objetivamente los hechos y que el requerimiento saldrá en el tiempo previsto por la Ley. También pidió confianza en el Ministerio Público.

"Acá se hace y se administra verdadera justicia", remarcó al señalar que eso "es lo que vamos a hacer" y agregar, además, que respetaba los conceptos de los dirigentes sindicales. Es más, les recalcó: "Tengan la seguridad de que en el Ministerio Público se obra con transparencia".

Melendres estuvo acompañado de los dirigentes de la Federación de Mujeres de la ciudad del El Alto, del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de esa ciudad del Departamento de La Paz, de la Federación de Gremialistas y de la Confederación de Colonizadores de Bolivia.

Ellos, dirigiéndose a Fiorilo, amenazaron con marchar hasta Sucre en caso de que sus pedidos no sean atendidos favorablemente. Hablaron de la falta de credibilidad en la administración de justicia y advirtieron que instruirán a sus bases que tomen justicia en mano propia.

CSUTCB DEL MAS

A las 11:15, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), a la cabeza del masista Roman Loayza y los dirigentes departamentales de Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, además del Movimiento Sin Tierra y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", se adhirieron al pedido de procesamiento de Sánchez de Lozada y sus ministros.

Fue una muestra del control del partido de Evo Morales sobre varias de las organizaciones sindicales del país. Loayza, en presencia del fiscal Oscar Crespo, dijo: "Nos hemos dado cuenta y, tarde o temprano, tenemos que llegar a la toma de poder; si es que no hubiese escapado (Gonzalo Sánchez de Lozada) posiblemente su vida nos hubiese pagado".

Anticipó que la sociedad boliviana podría cobrarse las bajas civiles con todos los bienes adquiridos por el ex mandatario.

Al ser consultado acerca del pliego acusatorio que pesa en contra de algunos dirigentes sindicales por haber ordenado la toma y saqueos de prefecturas y alcaldías, además de instruir bloqueos, Loayza dijo no tener miedo a esa acusación. "No instruimos matar, instruimos movilizarnos", aseguró.

Detalle de los pliegos

El requerimiento del MAS por la comisión de delitos de "lesa humanidad" fue planteado el miércoles de la semana pasada en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los ex ministros de Defensa y de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín y Yerko Kukoc, respectivamente. Ese mismo día, el abogado cochabambino Víctor Gutiérrez amplió la acusación a Jaime Paz Zamora (MIR) y Manfred Reyes Villa (NFR), por los delitos de encubrimiento y complicidad.

Una semana más tarde, el miércoles 29 de octubre, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) planteó un requerimiento enjuiciatorio para Sánchez de Lozada y sus ministros.

Aquel día se dio una sorpresa. La abogada paceña Ghislaine Cerball de Mittelstadt planteó otro pliego que, además de contemplar al ex presidente y todo su gabinete ministerial, extendía la acusación a los dirigentes sindicales Felipe Quispe, Evo Morales, Alejo Véliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Oscar Olivera, David Vargas y Faustino Ugarte, los primeros dos con inmunidad parlamentaria. A todos ellos los acusó de encubridores y coautores de los violentos hechos.