SUCRE / CORREO DEL SUR

Una abogada paceña presentó ayer una demanda de juicio contra los dirigentes sindicales Felipe Quispe, Evo Morales, Alejo Véliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Oscar Olivera, David Vargas y Faustino Ugarte, por los hechos de octubre que concluyeron con la muerte de 80 personas.

Ghislaine Cerball de Mittelstadt llegó este miércoles a Sucre para presentar un memorial a la Fiscalía General de la República, donde dejó sentada su demanda. De esta manera, son tres los pedidos oficiales de juicio por el "octubre negro".

El alegato también incluye al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus principales ministros.

También en Sucre, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) se sumó ayer al pedido de otros sectores sobre el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex mandatario, a quien señalan corno el principal responsable de las más de 80 muertes de la denominada "guerra del gas". Sin embargo, esa organización no presentó un pliego acusatorio a la Fiscalía General.

En su escrito, la abogada Cerball -conocida en el foro nacional por su participación como defensora del general de Ejército Rodolfo Jiménez, único liberado en el juicio de responsabilidades que condenó con la cárcel a Luis García Meza identifica como corresponsables de los hechos a los dirigentes mencionados.

Así, Evo Morales Ayma pasó de acusador a acusado, después de que en las últimas dos semanas su partido, el MAS, iniciara una dura ofensiva judicial en contra de Sánchez de Lozada y su entorno. Aparte de esa agrupación política, también interpuso una demanda acusatoria el abogado cochabambino Víctor Gutiérrez.

Correo del Sur accedió a la copia del memorial presentado ayer, en el que Cerball señala a los dirigentes como coautores, cómplices y encubridores del delito de asesinato, "al haber tomado determinaciones en las que se resuelve la toma de subprefecturas, alcaldías, prefecturas, puestos policiales y militares, dentro del llamado plan Pulga, Tarajchi, Siquititi y Qhiskha, en franco alzamiento armado, sedición, atribuyéndose los derechos del pueblo y conspirando".

Asimismo, los acusa de ser autores directos de los delitos de incendio, daño calificado, desastre en medios de transporte, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, terrorismo, sabotaje, privación de libertad, atentado contra la libertad de trabajo y coacción.

La jurista incluye publicaciones de prensa para exponer su argumento de una paulatina degeneración de las manifestaciones en diferentes formas violentas; acciones que, en principio, se realizaron en forma aislada y que, finalmente, se unificaron en torno ala exigencia de no exportar el gas_ "Abierto este escenario de confrontación se produjeron inicialmente los hechos acaecidos en las localidades de Sorata y Warisata", agrega en una parte de su demanda.

La recurrente apunta que el Ejército utilizó indiscriminadamente sus armas, pero a continuación señala que un ampliado de emergencia de la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) dispuso pedir la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, "en franca sedición".