El Presidente gobierna con el Jesús en la boca. Un cúmulo de amenazas con plazos fatales, como el de los campesinos del altiplano, y medidas de presión, como las huelgas para rectificar el nombramiento de prefectos, obstaculizan los 12 primeros días de gestión del presidente de la República, Carlos Mesa Gisbert, como si los desafíos que éste se ha impuesto fueran de fácil resolución.
La noche del viernes 17 de octubre, Mesa Gisbert, con la presión de la revuelta social que impuso la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, prometió un referéndum vinculante para definir la política estatal sobre el gas natural, la instalación de una Asamblea Constituyente para refundar el país y, lo más concreto, la revisión de la Ley de Hidrocarburos. Aunque ha recibido el apoyo formal del Parlamento y se ha propuesto hasta fin de año para avanzar en sus propuestas, vigorosos movimientos regionales de oriente y occidente le recuerdan, siempre que pueden, sus ofertas, como las "autonomías regionales", en el caso del Comité Cívico de Santa Cruz, o el "fin del neoliberalismo", en el caso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
A estas demandas de fondo, estos días se suman una multitud de exigencias gremiales de no fácil solución.
Amenazas y plazos
Los dirigentes de la Csutcb, por ejemplo, han otorgado un plazo de 180 días para que el Gobierno resuelva las 72 demandas de su pliego petitorio, la más visible de las cuales es la entrega gratuita de mil tractores, exigencia a la que, como el anterior Poder Ejecutivo, éste ha dejado claro, a través del ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Diego Montenegro Ernst, que no accederá.
El secretario ejecutivo de la recién reconocida Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, anunció ayer que el próximo martes presentará un pliego petitorio de los trabajadores (una especie de programa de gobierno adjunto) que incluye 25 demandas sectoriales, para que el Poder Ejecutivo las "atienda inmediatamente".
Desde Sucre, la Confederación de Choferes de Bolivia, a través de su secretario general, Ángel Villacorta, exigió ayer que el Gobierno modifique el Código Tributario, decidió declararse en "estado de emergencia" y otorgar un "plazo de 10 días" para que el Poder Ejecutivo atienda sus demandas sectoriales.
En el mismo tono, los gremiales cochabambinos amenazaron ayer con ignorar el nuevo Código Tributario si el Gobierno no lo revisa antes de ejecutarlo a partir del próximo 4 de noviembre, como anunció el Ministerio de Hacienda.
Por si fuera poco, los dirigentes vecinales de El Alto advirtieron también ayer que ingresarán en huelga de hambre a partir del lunes de la próxima semana para reclamar al Gobierno atención inmediata a todas las personas que resultaron heridas durante las luctuosas jornadas de octubre.
Y, para rematar, ante la inminencia del 31 de octubre, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Miguel Subieta, anunció ayer que pedirá al Gobierno la refundación de Comibol con la derogación del Código de Minería, para que la empresa estatal recupere las tareas de exportación de minerales.
Medidas de presión
Aunque el Presidente de la República ordenó a los prefectos de Potosí, Gisela Derpic, y del Beni, Erwin Rivero, que abran escenarios de diálogo con los sectores sociales que los rechazan, las presiones de organizaciones cívicas de aquellos departamentos continúan, con el fin de rectificar las decisiones ya tomadas.
Algunos cívicos paceños y campesinos del altiplano rechazaron ayer la designación del prefecto de La Paz, Nicolás Quenta Ticona. El Comité Cívico pro La Paz se reunió la noche del martes y decidió iniciar una huelga de hambre en protesta por la designación de Quenta Ticona, porque el Presidente "no consensuó" dicho nombramiento con las instituciones paceñas. Por otro lado, la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari de La Paz cuestionó la designación y advirtió que no permitirá su ingreso a las provincias, pues no goza de la confianza de los trabajadores agrarios.
Finalmente, los cocaleros de Los Yungas y del trópico de Cochabamba rechazaron ayer la ratificación del viceministro de Desarrollo Alternativo, Antonio Oviedo, un militante del MIR, y exigieron al ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino Balderrama, su inmediato cambio "por gente idónea".
Pese a las presiones, las amenazas y los plazos fatales, el Presidente de la República envío ayer un mensaje a todos los movimientos sociales: "Gobernaré hasta el 6 de agosto de 2007".
REACCIÓN COCALERA
Los dirigentes de los cultivadores de coca de Los Yungas y del trópico de Cochabamba rechazaron ayer la ratificación del viceministro de Desarrollo Alternativo, Antonio Oviedo, un militante del MIR, y exigieron al ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino Balderrama, su inmediato cambio.
La solicitud fue realizada por los diputados masistas Dionisio Núñez y Luis Cutipa. Ambos afirmaron que la ratificación de Oviedo obedece a una exigencia de la Embajada de Estados Unidos para continuar con el Plan Dignidad.
Carlos Mesa se defiende
El presidente de la República, Carlos Mesa Gisbert, aseguró ayer en San Julián que cumplirá su mandato constitucional como prevé la ley y que los malos augurios sobre el tiempo de su gestión, por parte de algunos dirigentes, son contra la democracia, la institucionalidad y el futuro de los bolivianos.
"Tengo un mandato constitucional establecido por la ley, que implica una fecha concreta de finalización del mandato, el 6 de agosto de 2007. Es en función de ese mandato que soy Presidente de la República", explicó el Presidente.
"He escuchado a algún dirigente que me augura 180 días de gobierno ó 90 días, o un poquito más o menos. Que ese dirigente se dé cuenta que ese augurio no es para el presidente, Carlos Mesa, es un augurio para la democracia, es un augurio para la institucionalidad, es un augurio para el futuro de todos los bolivianos", reflexionó.
HABLAN DE AUTONOMÍAS REGIONALES
Después de la Asamblea de la Cruceñidad celebrada la noche del lunes con la participación de los dirigentes cívicos de Tarija y Pando, el bloque cívico del oriente y del sur decidió elaborar una propuesta conjunta y definitiva para plantear ante el Gobierno autonomía regional que "debe estar contemplada en la Constitución Política del Estado, como parte de la refundación del país".
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rubén Costas, quien evitó detalles sobre la propuesta, señaló que se analizan todos los aspectos, incluso la situación de aquellos "departamentos pobres". Sugirió crear un fondo de compensación para todas las "regiones más deprimidas del país".
LIBRE COMERCIO CON CHILE
El denominado movimiento boliviano contra la aplicación el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, denunció ayer que los gobiernos de Bolivia y Chile firmarán, en secreto, un tratado de libre comercio, en el marco de la Decimotercera Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Santa Cruz de la Sierra.
El pronunciamiento, que fue dado a conocer por la Central Obrera Boliviana, la Federación Nacional de Mineros y el Comité de Defensa del Gas le exige al presidente Carlos Mesa Gisbert, que abra un debate público sobre los resultados parciales de las negociaciones, antes que el acuerdo sea rubricado.
Estas instituciones amenazaron con nuevas movilizaciones para impedir el acuerdo.
EXIGEN REFUNDAR COMIBOL
Al recordar el día de la nacionalización de las minas, la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) anunció que pedirá al Gobierno la refundación de Corporación Minera de Bolivia y la derogación del Código de Minería, para que esa empresa vuelva a producir y exportar minerales con beneficios directos para el país.
El secretario ejecutivo de la Fstmb, Miguel Subieta, indicó ayer que la petición será efectuada este viernes 31 de octubre al recordar 51 años de la nacionalización de las minas. Los mineros además exigen la reversión de los contratos con las empresas capitalizadas que tienen a cargo los centros mineros de Huanuni, Bolívar y Colquiri.
LOS CHOFERES AMENAZAN
La Confederación de Choferes de Bolivia pedirá al Gobierno la modificación del Código Tributario y decidió declarar "estado de emergencia" hasta que el Poder Ejecutivo atienda sus demandas sectoriales, según informó ayer el secretario general de dicha organización, Ángel Villacorta.
El dirigente indicó que una de las conclusiones del ampliado nacional que concluyó la noche del martes en Sucre es otorgar "un plazo de 10 días" al presidente Mesa para que atienda los planteamientos del sector.
Villacorta sostuvo que de no recibir una respuesta del Gobierno, los choferes del país están dispuestos a iniciar medidas de protesta con un paro de 48 horas "movilizado".