Un análisis somero de las demandas que diferentes sectores sociales, entidades y comités cívicos regionales le han planteado al Presidente de la República demuestra la incompatibilidad de muchas de ellas, cuando no su flagrante contradicción.

El presidente Carlos Mesa ha anunciado que gobernará para el pueblo, esto es escuchando sus demandas, respondiendo a ellas en la medida de sus posibilidades y la del Estado boliviano, y dando señales de trabajo y austeridad.

Esto, que no es poco, es el punto de partida con el cual el Primer Mandatario ha empezado a formular su programa de trabajo y analizar las propuestas de sus ministros. La tregua ofrecida por los diferentes sectores sociales COB, CSUTCB, cocaleros, maestros, Sin Tierra y muchos otros más le ha dado al Presidente al menos 90 días para trabajar y al país para recuperar sus pérdidas. Pero, el propio Gobierno, y principalmente la ciudadanía, está percibiendo que esta no es más que una luna de miel, la misma que por esencia suele ser tan intensa como corta.

La comunidad internacional que ha recibido con entusiasmo pero no con euforia la sucesión constitucional, ya le ha hecho conocer al Mandatario su preocupación por la situación del país. A los pedidos de seguridad jurídica para los inversores extranjeros, se han sumado algunos casi apocalípticos anuncios, como aquel del embajador norteamericano que sostiene que "no puede haber (desde el exterior) mucho interés de inversión en Bolivia", que la erradicación de coca es una política de Estado en su país y que el ALCA "podría ayudar a Bolivia en el futuro".

A todo ello se añaden preocupantes señales de incumplimiento de algunas obligaciones con los organismos de financiamiento internacional que habrían disparado, entre otras cosas, el déficit fiscal.

En este escenario surge, pues, el cuestionamiento sobre cuáles serán los rumbos que adopte o dé prioridad el Jefe de Estado. Un análisis somero de las demandas que se le han planteado demuestra la incompatibilidad de muchas de ellas, cuando no su flagrante contradicción. ¿Qué otra cosa puede significar, por ejemplo, que en el occidente del país se exija declinar definitiva e incondicionalmente a la venta del gas natural y, simultáneamente, Tarija se movilice demandando su venta inmediata?

Este no es el único caso. Mientras el Movimiento Sin Tierra allana propiedades atribuidas a la familia del ex presidente Sánchez de Lozada y amenaza con la misma actitud con los de miembros de ese gobierno, en el Chapare los pequeños productores y en Santa Cruz los agricultores reclaman que el Ejecutivo haga cumplir la ley y se respete la propiedad privada.

Todos estos sectores y otros (como el magisterio, la COB, la Central de El Alto, la Confederación de Empresarios Privados, comités cívicos regionales y muchos más) enseñan sendos pliegos atribuyéndose la representación del sentimiento popular. Pero, ¿será posible responder a una de estas demandas sin afectar drásticamente a otras? ¿Será posible a estas alturas aspirar a un cambio de modelo en Bolivia?

El Presidente ha dado muestras de una amplitud y tolerancia que seguramente no tenían las anteriores autoridades, pero ha afirmado también que el Estado no puede dar respuesta eficiente y efectiva a todas las demandas legítimas del pueblo. Difícil encrucijada, sobre todo si se tiene en cuenta que sobre él pesan plazos perentorios y grandes amenazas.