POSICIONES Tres instituciones culpan al Gobierno por la falta de acercamiento y hablan de una masacre. El Presidente les pide equilibrio. Dos ministros anuncian una concertación sin esas entidades, pero no muestra los resultados.

Los intentos de diálogo fracasaron durante toda la jornada de ayer porque las partes en conflicto no cedieron en sus posiciones, pese a la extrema violencia desatada en la ciudad de El Alto.

La Asamblea de Derechos Humanos, la Iglesia Católica y la Confederación de la Prensa de Bolivia comenzaron las gestiones la noche del sábado, para lo que se contactaron con el Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve).

Alrededor de las 13.00 de ayer, las tres entidades enviaron una carta al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para pedirle diálogo y exigirle el repliegue militar y policial. "Diversos medios de comunicación han confirmado el uso de armas de grueso calibre, incluidas ametralladoras pesadas en contra del pueblo boliviano. Ya no podemos hablar de enfrentamientos, sino de una verdadera masacre (...). Exigimos el inmediato repliegue de las tropas militares, policiales para terminar con este empeño fratricida", sostiene la carta.

Según las instituciones facilitadoras, las organizaciones sociales habrían expresado su voluntad para dialogar, pero el Gobierno se resistió a desmilitarizar El Alto, continuó con la represión y no respondió al llamado para la concertación, lo que habría endurecido la posición de los dirigentes.

A las 18.00 horas de ayer, representantes de Derechos Humanos, la Iglesia y los periodistas dieron una conferencia de prensa para culpar al Ejecutivo por el fracaso del diálogo.

En ese contacto con los medios, las tres entidades entregaron un comunicado público que señala que "frente a los hechos de violencia con saldo de personas acribilladas se debe desmilitarizar inmediatamente la zona del conflicto".

Quince minutos después de esa conferencia, los ministros de Salud y Participación Popular, Javier Torres Goitia y Mirtha Quevedo, respectivamente, además del viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, y el vocero presidencial, Mauricio Antezana, convocaron a los medios para hablar del fracaso del diálogo convocado por los facilitadores y para informar que el Presidente estaba encaminando un proceso de diálogo con dirigentes intermedios, aunque no quisieron especificar los nombres de los citados sindicalistas, el lugar ni la hora exacta de la supuesta reunión.

"Por razones de seguridad de esos dirigentes no podemos dar nombres", dijo Quevedo.

En esa conferencia, el Vocero justificó el uso de armas en el conflicto. "Cualquier Gobierno, en circunstancias como ésta, tiene la misión de garantizar la provisión de servicios básicos, y en este caso, debemos garantizar esa provisión", explicó.

Luego de ese contacto con los medios, llegó a esta redacción, vía fax, una cata del presidente a Derechos Humanos en la que pidió "el equilibrio y la ponderación imparcial de los hechos".

Varios medios de comunicación, entre ellos las radioemisoras Panamericana, Fides y la red de televisión ATB, intentaron acercar a las partes en conflicto durante toda la jornada, pero también fracasaron.

En la red ATB se conectaron el Ministro de Salud, el vicepresidente de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, el jefe del MAS, Evo Morales, y el dirigente alteño Roberto de la Cruz, quien llamó "caballerito asesino" al ministro y rechazó cualquier posibilidad de diálogo. Dijo que el Presidente sólo tiene dos opciones: modificar la Ley de Hidrocarburos para que el gas vuelva al Estado o renunciar a su cargo.

Morales también exigió la renuncia del Primer Mandatario y habló de sucesión constitucional. Con esas declaraciones, el conductor del programa de ATB cerró la emisión sin haber logrado el acercamiento.

El Ejecutivo insistió durante toda la jornada que está dispuesto a dialogar siempre que los sectores no pongan condiciones. Empero, el dirigente Roberto de la Cruz y Evo Morales exigieron la derogatoria del Decreto Supremo 24806 y la abrogatoria de la Ley de Hidrocarburos.

Otro de los puntos que llevaron al fracaso todos los intentos de acercamiento se refiere al pedido de desmilitarización y desbloqueo de El Alto. Los sindicalistas exigen la retirada de las tropas, lo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar si es que no se produce el desbloqueo de esa ciudad y el repliegue de uniformados simultáneamente.

NFR se lava las manos y habla de irse

ALIADOS En el MIR nadie responde. Manfred Reyes Villa decidirá hoy.

La cúpula nacional de NFR se reunirá hoy en La Paz para adoptar una posición respecto al conflicto. El jefe de bancada de ese partido en Diputados, Johnny Antezana, dijo que NFR le advirtió al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hace 15 días que debía modificar su política.

Esa posición fue endurecida en una reunión departamental que NFR sostuvo ayer en Cochabamba. "Quizá ni lleguemos a fin de año", dijo Antezana, en referencia a la advertencia que hizo su partido de dejar el Poder Ejecutivo si es que hasta diciembre Sánchez de Lozada no adopta la posición que NFR quiere.

El diputado aseguró que Manfred Reyes Villa en persona le presentó al Mandatario la posición de NFR, que consiste en lo siguiente: poner en marcha las acciones del Reencuentro para subir los impuestos a las petroleras (más allá del 18 por ciento) y modificar la Ley de Hidrocarburos; convocar a un referéndum para definir el futuro del gas; rechazar el estado de sitio y la represión del Gobierno. Según Antezana, NFR no acompaña la acción militar de El Alto.

Además, ayer la oficialista NFR retomó su demanda de la constituyente y se sumó al pedido de los cruceños de buscar las autonomías regionales a través de la descentralización administrativa, según Antezana. El otro aliado grande del Gobierno es el MIR; sin embargo, sus voceros ayer apagaron sus teléfonos o no respondieron las llamadas.