Fracasó el nuevo intento de diálogo propiciado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
La Paz/AGENCIAS
La radicalización de las medidas de protesta y bloqueo de caminos que mantiene virtualmente sitiada la Sede de Gobierno, las movilizaciones que a lo largo de la semana se desencadenaron en el interior del país, y la ausencia de diálogo entre las partes en conflicto, colocan al Gobierno en la disyuntiva de recurrir al Estado de Sitio, para frenar la convulsión social en el país.
La situación se torna cada vez más tensa, ante el anuncio de la masificación de los bloqueos de caminos y la generalización de las movilizaciones en las ciudades capitales del país, por parte de organizaciones campesinas y sectores laborales.
Las protestas sociales, que comenzaron hace tres semanas con bloqueos de carreteras que circundan La Paz, exigen el abandono de un proyecto de exportación de gas a Chile y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
La huelga general e indefinida, decretada el 29 de septiembre en apoyo a las movilizaciones campesinas, se debilitó progresivamente en desmedro del poder de convocatoria de la dividida Central Obrera Boliviana (COB), matriz sindical del país.
Pero los bloqueos y la huelga fueron secundados por masivas marchas urbanas, especialmente en La Paz, y las principales capitales del país, que también desembocaron en enfrentamientos con el Ejército y la Policía.
Cinco indígenas y dos soldados murieron el 20 de septiembre durante choques armados entre campesinos y efectivos militares y policiales, en la localidad andina de Warisata.
Enfrentamientos registrados el jueves en Ventilla, a diez kilómetros de la ciudad de La Paz, dejaron un saldo de tres muertos, 16 heridos y cerca de veinte detenidos, que enardeció los ánimos de los pobladores de la urbe de El Alto, que determinaron mantener el paro cívico indefinido y movilizado, que se cumple con contundencia, y rechazaron el diálogo con el Gobierno.
¡Basta de violencia!
¡Basta! de violencia, muerte, dolor y llanto, pidió la diócesis de El Alto, después de los últimos hechos de derramamiento de sangre y al mismo tiempo pide con vehemencia al Gobierno y a los dirigentes que depongan actitudes intransigentes, además que exige el esclarecimiento de las muertes y heridos.
Sin embargo, el diálogo parece cada vez más lejano, debido a las posiciones intransigentes tanto del Gobierno como de los campesinos, que pese a mostrar predisposición para sentarse a negociar, no ceden en sus condicionamientos de que se desmilitarice las carreteras, se disponga la libertad de los detenidos. El Gobierno en cambio exige se levanten las medidas de presión (bloqueos) para replegar a las fuerzas militares y policiales y comenzar el diálogo.
La APDHB fracasó en su segundo intento de acercar a las partes. Sólo la delegación de Gobierno acudió a la invitación para las 17:00 horas de ayer. Hoy se intentará nuevamente, el reinicio del diálogo.
Recrudecimiento
La situación se complica aún más, cuando ayer las organizaciones cívicas y laborales de El Alto, determinaron mantener el paro cívico indefinido, formar un cerco en la zona Sur de la ciudad, y radicalizar sus medidas de presión.
A ello se suma, la determinación de los productores de coca del trópico cochabambino, y la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (sector de Román Loayza) de iniciar de iniciar a partir del lunes el bloqueo general de caminos y movilizaciones tanto en la ciudad como en el campo.
Ayer circularon en La Paz, insistentes versiones sobre la amenaza de parte de los campesinos de cortar la energía eléctrica y agua potable a la Sede de Gobierno. Autoridades de Gobierno, desmintieron las versiones, señalando que se garantiza la provisión de esos servicios, y que se trata de una guerra psicológica de sectores radicales.
Entre tanto, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, rechazó los pedidos para que renuncie al mandato que debe ejercer hasta el 2007 y atribuye las protestas a pequeños grupos radicalizados de oposición.
¡Basta! de violencia, dolor y llanto invoca Mons. Jesús Juárez
¡Basta! de violencia, muerte, dolor y llanto, clama la diócesis de El Alto, después de los hechos de derramamiento de sangre ocurridos el jueves, al mismo tiempo pide con vehemencia al Gobierno y a los dirigentes que depongan actitudes intransigentes, además que exige el esclarecimiento de las muertes y heridos.
"Es injustificable e inaceptable que se derrame sangre y se enlute a las familias alteñas y bolivianas", puntualiza el Obispo de El Alto, Mons. Jesús Juárez, al lamentar y condenar los enfrentamientos ocurridos en Ventilla, que dejaron dos muertos, heridos y detenidos.
También reiteró el pedido que se "identifiquen a los culpables".
Los sacerdotes y las religiosas de la diócesis en coincidencia con el pastor episcopal rechazan los actos violentos y "el desprecio por la dignidad de la vida humana".
Frustración y violencia
"Como un paso necesario a una auténtica pacificación en esta diócesis, los religiosos y su Obispo hacen un llamado a las autoridades competentes a esclarecer los hechos de muerte acaecidos en Warisata y en estas últimas horas en El Alto, producto de la violencia, la frustración, falta de trabajo, el hambre que sufre la mayoría de la gente y la falta de políticas adecuadas y transparentes del Gobierno".
La diócesis de El Alto pide atención a las demandas del pueblo, al mismo tiempo de solicitar a "los partidos políticos y organizaciones sindicales y cívicas apelar a un diálogo humilde y transparente", señala el comunicado del Obispado.
También piden respetar la vida humana y a los medios de comunicación social trabajen en la construcción de la paz, con "información valiente, objetiva y veraz de los hechos que se suscitan". De igual manera convocan a "no perder la esperanza y a apostar por el diálogo
para superar todas las situaciones de muerte, violencia y desconcierto".
Tercer día de paro cívico en El Alto
El paro en El Alto de La Paz se cumple por tercer día de manera contundente.
La ciudad de El Alto cumplió ayer su tercer día de paro cívico de manera contundente. Los dueños de los diversos negocios cerraron sus puertas para evitar saqueos y agresiones de delincuentes que se ocultan entre los marchistas.
Los vecinos determinaron aislar sus viviendas y negocios con alambre de púa para evitar los saqueos.
Las fuerzas militares y policiales en mayor número se apostaron en las principales avenidas alteñas para evitar que se protagonicen hechos violentos y además para tener expedito el camino hacia el aeropuerto internacional.
Desde tempranas horas del viernes dirigentes cívicos y sindicales bloquearon algunas carreteras de El Alto, lo que provocó que las personas prefieran desplazarse a pie o en bicicletas.
La Federación de Juntas Vecinales de esa ciudad determinó la noche del jueves continuar el paro cívico indefinido y rechazar el diálogo con el Gobierno debido a los hechos de sangre que se suscitaron en Ventilla, donde fallecieron dos personas.
Juntas vecinales, estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), gremiales, mineros y otros sectores afiliados a la Central Obrera Regional (COR) protagonizaron una marcha de protesta.
Sectores como el de los panificadores y carniceros anunciaron plegarse a las medidas de protesta desde este lunes.
Sin embargo, producto de la radicalización de las medidas determinadas por Fejuve en las carreteras también se produjo un enfrentamiento entre gremiales y vecinos como en la zona Ballivián al Norte de la ciudad de El Alto, donde algunos dirigentes exigían a los vecinos salir a bloquear las carreteras y las calles de la ciudad de El Alto.
De la misma manera, algunos gremialistas exigían a sus compañeros salir a bloquear, armar fogatas y participar de las marchas.
Los estudiantes de la UPEA marcharon a la Sede de Gobierno para protestar pidiendo respeto a la Ley 2115. En su trayecto apedrearon la autopista y originaron un incendio en el bosquecillo de la zona de Pura Pura.
Por otra parte, en la zona de Senkata los carros cisternas que transportan diesel y gasolina para las estaciones de servicio no pudieron salir debido a las zanjas de más de un metro que se abrieron en el lugar para evitar el abastecimiento normal de carburantes.
Velan restos de Ramiro Vargas
La zona de Rosas Pampa hasta Ventilla se encuentra totalmente bloqueada y en el lugar se está velando los restos del albañil de 22 años fallecido por impacto de bala en la cabeza, Ramiro Vargas Astilla, que dejó en la orfandad a dos niñas.
Los vecinos del lugar junto a familiares de la víctima pedían justicia, la indemnización a la viuda y trabajo para mantener a las niñas.
De igual forma, los mineros de Huanuni velaron a José Luis Atahuichi quien murió el jueves producto de una explosión.
Familiares y mineros dieron un plazo al Gobierno hasta las 15:00 horas para que se pronuncie sobre la indemnización a la viuda, pero al no obtener resultados determinaron sacar el cuerpo al centro de la Av. 6 de Marzo para velarlo.
Agua y luz
Por otra parte, campesinos se hicieron presentes en la localidad de Milluni ubicado en la zona Noroeste de la ciudad de La Paz cerca del nevado de Chacaltaya, donde instalaron varias fogatas y rodearon las represas que distribuyen agua potable a Aguas del Illimani.
También existen torres de energía eléctrica de Electropaz.
Los campesinos habían amenazado con tomar estas represas exigiendo al Gobierno que estas transnacionales deben pagar regalías que favorezcan a los pobladores de la región.
Veinte días de conflicto deja ocho muertos y 42 heridos
Estudiantes de la UPEA, volvieron a marchar hacia la Sede de Gobierno.
Ocho muertos y 42 heridos es el saldo de los 20 días de conflictos sociales, violencia y bloqueos de caminos en el departamento de La Paz, de acuerdo con el reporte oficial proporcionado por el Gobierno.
El despliegue de policías y militares sobre las carreteras y en las calles para sofocar los conflictos urbanos y rurales y despejar las carreteras no dio buen resultado, pues sólo causó más luto e
incrementó el malestar social, afirmó el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti.
"Con la salida de militares a las calles y caminos la muerte en Bolivia se está volviendo algo cotidiano y estamos encaminados a nuestra propia destrucción y si ni siquiera la muerte es capaz de convocar al diálogo y la concertación entre el Gobierno y los sectores en conflicto, entonces qué nos va convocar (...) Es tiempo de decisiones patrióticas para trasformar el país de lo contrario la violencia se va apoderar de Bolivia", remarcó.
Por su parte, el ministro de Salud, Javier Torres Goitia, considera que mientras el dirigente de la COB, Jaime Solares y Evo Morales, líder del MAS no depongan sus posiciones extremistas como pedir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, las fuerzas del orden no serán replegadas de los caminos y las calles.
El presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, mediante los ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín y de Gobierno Yerko Kukoc, ordenó la ejecución de planes de contingencia para mantener expeditos los caminos del altiplano y evitar que se produzcan hechos vandálicos en El Alto y la Sede de Gobierno pero, esta medida no logró sofocar el conflicto.
La intervención combinada en Sorata para evacuar a 900 turistas el 20 de septiembre, causó la muerte de un soldado y cinco civiles producto de impactos de bala de guerra, mientras que el despliegue de tropas en El Alto para restablecer el tránsito vehicular el jueves en el sector de Ventilla y la ex tranca de Senkata dejó dos muertos, el primero por la detonación de un artefacto explosivo y el segundo a causa de un disparo en la cabeza.
De acuerdo con el informe de la Policía y el Ministerio de Salud, en la población de Warisata 13 personas resultaron heridas con impactos de bala, producto del enfrentamiento armado entre militares y
policías contra campesinos, mientras en El Alto, de 25 personas heridas, cuatro fueron por disparos de armas de fuego, En los Yungas, el domingo pasado, cuatro personas fueron internadas en el Hospital de Coroico a causa de la lucha que libraron transportistas y productores de coca.
MUERTOS:
La nómina de los muertos es la siguiente: (Warisata) el estudiante normalista, Marcos Quispe Quispe, el albañil Juan Cosme Apaza y una niña de ocho años, Primitivo Curaca y Eugenia Condori, el soldado Sergio Vargas Castro, (El Alto) el minero José Luis Atahuichi y Ramiro Vargas Astilla.
Gobierno vuelve a descartar un posible Estado de Sitio
La Paz/Jatha
El Gobierno volvió a descartar el viernes la posible dictación de un Estado de Sitio para pacificar el país, luego de los enfrentamientos ocurridos el jueves en la localidad de Ventilla, que dejó como saldo dos muertos y más de 15 heridos.
El ministro de Agricultura, Guido Añez, manifestó que la provocación de sectores radicales está originando el derramamiento de sangre en el país, lo que dificulta el inicio del diálogo con los sectores en conflicto.
"Las marchas son cada vez más radicales y existe una provocación más que masificación y eso es lo que está dificultando el diálogo, porque mientras se disemina el conflicto no hay nadie que organice y ordene las reivindicaciones para de esa manera dialogar de una manera efectiva con los sectores en conflicto", dijo.
La autoridad manifestó que el Gobierno no esperará sentado a la solución de los conflictos e indicó que se han iniciado acercamientos con los mineros, colonizadores de los Yungas, campesinos y con la dirigencia de las organizaciones y bases de la ciudad de El Alto.
Mallku consulta a sus bases si aceptan reiniciar diálogo
La Paz/Jatha
Las bases campesinas serán quienes definan si aceptan reiniciar el diálogo con el Gobierno convocado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, afirmó el viernes el máximo líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe el "Mallku".
"El diálogo van a definir las bases, nosotros no vamos a manejar unilateralmente las cosas, esto tiene que ser considerado en forma comunitaria porque nosotros somos solamente portavoces, si hay posibilidad de hablar con el Gobierno con la garantía de derechos humanos creo que sería factible pero es mejor esperar las resoluciones de las federaciones según eso vamos a actuar", afirmó el dirigente campesino.
Asimismo, informó que en el transcurso del viernes las federaciones provinciales realizarán ampliados donde se definirá si se acepta el diálogo con el Gobierno, en qué condiciones y las medidas que se asumirán.
Liberan a 17 detenidos de enfrentamientos en El Alto
Las 17 personas detenidas en los enfrentamientos en Ventilla, fueron puestas en libertad provisional ayer, por determinación del juez cautelar, Luis André quien aplicó medidas sustitutivas para cada uno de estos ciudadanos acusados por el Ministerio Público de cometer delitos.
La autoridad judicial, en audiencia pública, y tras escuchar los argumentos tanto del Ministerio Público como de la defensa de los detenidos, dispuso que los detenidos se acojan al beneficio, toda vez que no existe riego de fuga, además cuentan con un domicilio establecido.
Sin embargo, aplicó medidas sustitutivas para cada uno de ellos, como la obligación de presentarse cada lunes a firmar el libro de asistencia ante el Ministerio Público a objeto de garantizar su presencia durante la investigación, además de un garante y la prohibición de comunicarse entre ellos para cometer hechos delictivos.
El fiscal adscrito al caso, Antonio Santamaría indicó que se continuará con la investigación, pues al momento los detenidos fueron imputados por los delitos asociación delictuosa, atentado contra la seguridad pública, contra los transportes, entre otros.