Ministro de Gobierno no descarta estado de sitio. Gral. Sanabria asegura que policías no usaron municiones letales.
Efectivos militares reprimieron ayer violentamente a mineros de Huanuni.
LA PAZ/AGENCIAS
La jornada de convulsión social que se vivió el jueves en la ciudad de El Alto y en Ventilla derivó en la muerte de dos mineros y más de 20 heridos. El Gobierno no descarta la declaratoria de un estado de sitio.
Al promediar las 11:05 en la localidad de Ventilla, ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de El Alto, el cooperativista minero, José Luis Atahuichi, falleció presumiblemente en momentos en que intentaba lanzar un cartucho de dinamita que reventó en sus manos provocando la mutilación de sus miembros y luego la muerte. Según versiones de los mineros fue una granada de guerra la que explotó.
Momentos después, Ramiro Vargas Astillo, de 22 años, fue herido de bala en la cabeza y llevado de emergencia al hospital Sagrado Corazón de Jesús. En el camino falleció. Ambas muertes fueron certificadas por forenses.
Aunque los manifestantes, que se trasladaron desde Caracollo rumbo a la Sede de Gobierno, aseguraron que se produjo más decesos de mineros, esta versión aún no fue confirmada.
Entre tanto, más de 20 heridos fueron llevados al hospital Corazón de Jesús de la zona del Kenko y al Hospital Obrero de La Paz, donde denunciaron que fueron disparados sin contemplación por efectivos policiales y militares.
Versión policial
Sin embargo, el comandante general de la Policía, Jairo Sanabria, aseguró que los efectivos de la institución del orden sólo utilizaron equipos antidisturbios y no municiones letales.
El jefe policial admitió que helicópteros sobrevolaron la ciudad pero dijo que el trabajo de los mismos fue meramente de supervisión y de ningún modo hubo francotiradores que dispararon contra los manifestantes.
Pedrea
Grupos de manifestantes apedrearon camiones, autobuses y otros motorizados alineados sobre la carretera, que bajo escolta militar pretendían llegar a La Paz, lo que motivó los enfrentamientos.
Ventilla, un poblado del altiplano andino a 15 kilómetros de La Paz. Explosiones de tacos de dinamita, lanzados por los mineros, y profusión de disparos de gases lacrimógenos y otros proyectiles remecieron a la zona después de que los marchistas, apoyados por campesinos, erigieron un bloqueo sobre la carretera que une a La Paz con el vecino departamento minero de Oruro.
Las protestas sociales, comenzaron hace tres semanas con bloqueos de carreteras que circundan La Paz, exigen el abandono de un proyecto de exportación de gas a Chile y la renuncia del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia del país.
Estado de sitio
Ante la creciente convulsión social que se vive en La Paz y El Alto; el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc no descartó un estado de sitio, como medida constitucional que le faculta la Carta Magna al Ejecutivo.
"No hemos tomado una determinación al respecto, no está en ningún momento descartada esta posibilidad", dijo al referirse a la medida de excepción.
Sin embargo, insistió en que el conflicto está centrado en La Paz, donde los mineros llegaron a convulsionar la situación pues nada tienen que ver con las demandas regionales de El Alto.
"Llegaron a atemorizar a la gente con dinamita y ha generar convulsión social. El diálogo bajo este tipo de presiones no va", advirtió de manera contundente.
Kukoc aseguró que los manifestantes que son aproximadamente 500 se encontraban en estado de ebriedad y altamente agresivos que se dieron a la tarea de asustar a los conductores, pasajeros y transeúntes.
Fejuve determinó rechazar el diálogo
La Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto (Fejuve) en asamblea de dirigentes determinó el jueves no aceptar la invitación del Gobierno para iniciar el diálogo y por el contrario calificaron a su principal dirigente Mauricio Cori como traidor, por lo cual pidieron su renuncia.
"Los presidentes han rechazado el documento que ha enviado el Gobierno para el diálogo y las bases están rechazando", dijo una de las dirigentes al agregar que la oposición se debió fundamentalmente al atropello protagonizado por militares y policías contra los mineros de Huanuni y pobladores alteños.
Cori había responsabilizado en horas de la mañana del jueves a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Central Obrera Regional de El Alto, Jaime Solares y Roberto de la Cruz, respectivamente, como responsables de los hechos de sangre suscitados en la zona de Ventilla, donde fallecieron dos personas y muchos resultaron heridos.
Esta posición originó que los presidentes de las juntas vecinales descalificaran al presidente de Fejuve a quien lo acusaron de haber recibido dinero de parte del Gobierno para cambiar de posición.
Una comisión del oficialismo a la cabeza del viceministro de Gobierno, José Luis Harb, se dirigió a la ciudad de El Alto para iniciar la negociación con las organizaciones vecinales, pero no pudo llegar más que a la autopista debido al bloqueo que mantenían algunos sectores.
No sólo eso, sino que en determinado momento algunas personas empezaron a arrojar piedras, por lo que el diálogo una vez más no pudo llevarse a cabo.
Iglesia y APDHB exigen esclarecer los hechos
La Iglesia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), exigieron el esclarecimiento y la identificación de los responsables de los hechos registrados en Ventilla, tras la muerte de dos mineros de Huanuni y más de una decena de heridos como consecuencia de los enfrentamientos con efectivos militares y policiales.
El Obispo de El Alto, monseñor Jesús Juárez y el presidente de la APDHB, Waldo Albarracín, coincidieron en señalar que se debe esclarecer e identificar a los responsables de la violencia, además pidieron al Gobierno y al Ministerio Público investigar las muertes de los trabajadores del subsuelo.
De la misma manera, reiteró el llamado para que las partes en conflicto depongan actitudes y busquen condiciones de vida para pacificar el país. "Que el Señor bendiga a su pueblo con la justicia, la honestidad, la solidaridad y la paz y abra los corazones de todos al acercamiento y al diálogo".
Hubo una desmedida violencia en Ventilla
El segundo día de paro cívico determinado por la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto (Fejuve) culminó con un enfrentamiento entre la Policía, mineros de Huanuni y ciudadanos alteños que resultó con un saldo de dos muertos, varios heridos, detenidos y una división entre dirigentes vecinales.
"Fue una carnicería", dijo el secretario general de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz al agregar que sólo Dios podía ayudar a la gente a salir de "la masacre" que la población estaba sufriendo en la zona de Ventilla producto del enfrentamiento con militares y policías.
El dirigente relató que en el lugar hubo una lluvia de disparos de gases lacrimógenos, balas y balines contra la gente que se encontraba en el lugar. Los mineros y campesinos se encontraban en ese momento bloqueando la vía y hacían reventar cachorros de dinamita por lo que fueron reprimidos.
Esta versión fue corroborada por el padre Modesto Chino, quien fue testigo de la forma brutal en que actuaron las fuerzas del orden al reprimir a los mineros y pobladores alteños. "Nunca había visto algo tan duro de cerca en estas circunstancias... El trato ojalá fuera más humano, pero a empujones están llevando a detenidos... En este momento estoy viendo el abuso de los policías", relataba el sacerdote.
Por otra parte, el dirigente Miguel Zubieta de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia aseguró que militares y policías no permitían recoger a muertos ni heridos por lo que no se podía auxiliar a los afectados.
Las ambulancias que trasladaban heridos también fueron apedreadas y tuvieron que colocar un paño con sangre para que los bloqueadores dejen pasar los vehículos. De igual forma en la zona 16 de Julio, puestos de venta fueron asaltados por grupos de dirigentes que tenían incrustados a delincuentes.
Finalmente, el secretario ejecutivo de la COB condenó los enfrentamientos señalando que la lucha continuará en las calles. "El Gobierno ha asesinado en la mañana a un compañero minero, está muerto de bala y hay más de 10 heridos, por lo tanto los combates van a seguir en las calles, seguirá la protesta a nivel nacional. Por eso pido a la sociedad boliviana que no podemos estar más gobernados por un Gobierno criminal como es Sánchez de Lozada", manifestó.
Añadió que hasta el momento, ninguna persona ha podido percibir que el Gobierno quiere dialogar y no quiere dar un paso atrás abrogando la Ley de Hidrocarburos que sería el comienzo del diálogo.
CACEROLAS VACIAS RETUMBAN EN LA PAZ
Las cacerolas vacías, simbolizando la falta de alimentos y trabajo en que está sumida la población, retumbaron en el centro paceño el jueves exigiendo al Gobierno la industrialización del gas antes de pensar en venderlo al mercado estadounidense.
El ruido de las cacerolas fue la característica de la marcha denominada "el gran cacerolazo", que fue protagonizada por maestros, gremiales, fabriles y otros sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que paralizó una vez más el centro de la ciudad de La Paz.
La estrategia de los marchistas esta vez fue bloquear las calles más concurridas del centro paceño con grupos de personas que después de marchar se iban quedando en las esquinas para impedir que el tráfico vehicular se regularice.
Con vítores en contra del Gobierno, los trabajadores exigían la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y mostraban su rechazo a la venta del gas antes de ser industrializado.
"Esta es la integración de las familias bolivianas que tienen que hacer lo posible por llenar las cacerolas con salarios congelados, simboliza también la falta de trabajo en la que ha sumido a nuestros compañeros varones", manifestó la dirigente del magisterio paceño Vilma Plata.
Agregó que si el Gobierno no puede garantizar las fuentes de trabajo se le debe exigir que aplique la escala móvil de horas de trabajo.
"El Gobierno quiere vender el gas y no vamos a permitir que venda", decía una mujer gremialista que golpeaba su cacerola vacía al igual que sus compañeras.
De la marcha también participaron estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) quienes pese a haber suscrito un convenio con el Gobierno y comprometerse a suspender sus medidas de protesta, se hicieron presentes en la marcha convocada por la COB.
Fracasa intento de acercar al Gobierno y campesinos
El primer intento de diálogo entre el Gobierno y representantes de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) propiciado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) fracasó el jueves, luego que los dirigentes del agro decidieran no presentarse a la cita prevista.
Se informó que los dirigentes campesinos de las 20 provincias de La Paz no asistieron al encuentro convocado por la APDHB por la falta de vehículos para que puedan llegar a la ciudad de La Paz.
Sin embargo, las autoridades del Gobierno se hicieron presentes a la cabeza de los ministros de Salud, Javier Torres Goitia, Participación Popular, Mirtha Quevedo y Marco Antonio Oviedo, viceministro de Desarrollo Alternativo.
El titular de Salud, señaló en la oportunidad que el Gobierno solicitó a los miembros de la APDHB ayuden a pacificar el país en base al diálogo con la finalidad de trabajar los temas fundamentales con los diferentes sectores y los campesinos.
Enfatizó que en la oportunidad se ha establecido un mecanismo de trabajo, y sostendrán un diálogo permanente para ver la forma de solucionar la demanda de los campesinos y también el bloqueo en los Yungas.
Quevedo reiteró los condicionamientos del Gobierno en sentido que no dialogarán con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares y que el tema del gas y otros de interés nacional no formarán parte de la agenda.
"Hemos establecido en varias oportunidades que Jaime Solares no ha planteado ningún pliego petitorio al Gobierno, ha planteado que el Presidente de la República renuncie y no vamos a negociar, no vamos a dialogar, no tenemos por qué entrar a ver el planteamiento de la renuncia del Presidente", enfatizó.
Agregó que de manera constitucional el Jefe de Estado tiene cinco años de Gobierno y cuando cumpla el tiempo establecido dejará el mando presidencial como corresponde.
Por su parte, tanto el presidente de la APDHB, Waldo Albarracín, como el vicepresidente, Sacha Llorenti, abrigaron la esperanza de reunir a las partes en conflicto este viernes a primera hora.
"Hemos tomado contacto con la dirigencia campesina y nos han manifestado su plena disposición de dialogar. También hemos tomado contacto con autoridades de Gobierno y creemos que existe una buena posibilidad de iniciar de una vez por todas el diálogo", expresó Sacha Llorenti.
PANORAMA
* Santa Cruz
Los campesinos de Santa Cruz, planifican el cierre total de las carreteras de ese departamento a partir de la próxima semana, anunció hoy el ejecutivo de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTCSC), Diego Marquina.
* Conamaq
Tras los últimos hechos de violencia, indígenas y originarios afiliados al Consejo Nacional de Ayllus Markas de Quollasuyo (CONAMAQ), emprenderán una marcha de protesta desde Oruro rumbo a la Sede de Gobierno a partir del martes 14 de la próxima semana.
* Bloqueos
El bloqueo en la localidad de Santa Bárbara se mantiene inalterable y desde el próximo lunes se radicalizarán las medidas de presión, determinó el jueves el ampliado de las 10 federaciones de colonizadores realizado en Guanay.
* Tarija
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Tarija (FSUTCT), Luis Alfaro Arias, dijo hoy que si la Prefectura no responde satisfactoriamente al pliego de peticiones presentado en febrero, los trabajadores del agro bloquearán los caminos de este departamento.