Gonzalo Sánchez de Lozada, en el pasado, diferenció al país entre "asustados" y "cabreados" al hacer referencia a la ingobernabilidad de la Megacoalición del Gral. Hugo Banzer Suárez. Por paradojas de la historia, el país se divide bajo su mandato constitucional en crecientes sectores "cabreados" que exigen su renuncia y el terco aferrarse al primer cargo público aduciendo que ha sido puesto en el Palacio Quemado por el plebiscito electoral y no renunciará al mismo hasta el último día previsto por la Carta Magna. Minimiza el bloqueo de caminos y las manifestaciones en particular en la sede de gobierno -que son una gama de reivindicaciones que encuentran su articulación en el tema de la negativa a la venta de gas a los Estados Unidos por Chile. Desoye incluso al Comité Cívico Pro Santa Cruz en sentido de "refundar" el país en clara alusión a la descentralización político-administrativa y olvida que fue aquel departamento que le dio la victoria electoral. Clama, por el contrario, a las Fuerzas Armadas y la Policía para que defiendan su gobierno constitucional, expresando nomás su incapacidad para gestionar la política.

Así mismo, su participación ha sido francamente descarada en la nominación del Defensor del Pueblo, instruyendo personalmente a los parlamentarios en el Palacio Quemado el nombre por quien deberían votar. Incluso, el ministro de Educación Hugo Carvajal renunció temporalmente al cargo público para habilitarse como Senador en ausencia del suplente y convalidar a Iván Zegada como Ombudsman. Las denuncias sobre el "cuoteo" del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional como de otras reparticiones estatales, de la misma manera, siguen y suman, lo que pone en entredicho uno de los postulados básicos del liberalismo: la independencia y el equilibrio entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Con Sánchez de Lozada se está ante un pernicioso hiperpresidencialismo que atenta contra el sistema político "híbrido presidencialista-parlamentario", siendo éste el factor clave para la estabilidad democrática hasta el momento. Estamos frente a la crisis de la política, vale decir, la deliberación en el espacio público acerca del bien común y se roza decididamente un ciclo autoritario.

Con Sánchez de Lozada, la "casta señorial" se reconstruye nuevamente en contra de la nación y en ése personalismo del caudillo no hay posibilidad de replantearse el modelo neoliberal, la capitalización y la Ley de Hidrocarburos que son marcadamente cuestionados por la sociedad civil. La crisis gubernamental, por otra parte, expresa el agotamiento de la democracia pactada entre las élites políticas, en particular del MNR, MIR y ADN, quienes a partir de 1985 impusieron la noción de no estar ante un enemigo, sino ante un adversario circunstancial. En virtud de ello, se impusieron las coaliciones gubernamentales, restringiendo la gobernabilidad a la "mayoría parlamentaria" en la que se aprobaron las leyes trascendentales para la República. Al tener la iniciativa los partidos políticos "sistémicos" en la correlación entre economía de mercado y democracia representativa, la oposición no encontró la capacidad para desarrollar la acción política, presentándose precisamente la insurgencia de los movimientos sociales que cuestionan la misma unidad nacional con posturas maximalistas y fundamentalistas.

La crisis de la política que actualmente atravesamos no se la puede atribuir en exclusiva al MAS de Evo Morales, al MIP de Felipe Quispe Huanca, COB, Csutcb, maestros, etc, sino a la incapacidad del primer mandatario para atender las demandas de la ciudadanía. Sobre el tema del gas el Gobierno no hace transparente las negociaciones internacionales y, por el contrario, se empeña en una política informativa destinada a sesgar a la opinión pública o, también, se cierra a cualquier referendum aduciendo que no está previsto en la Constitución Política del Estado. La convicción de la política del Presidente es instrumental no sólo respecto del MNR, sino también de sus aliados en la coalición gubernamental, por lo que NFR anunció que esperará hasta diciembre para apreciar el cambio en la política estatal o se retirará. Similar camino puede seguir el MIR dejando al gonismo en la soledad del poder. Sánchez de Lozada desdice el ideario del liberalismo clásico que planteó la posibilidad de la revocatoria del titular del poder si aquel no responde las expectativas de la población. El MNR está ante el dilema de seguir apoyando a un mandatario que niega la política o, por el contrario, ha llegado la hora de plantearse la sucesión constitucional para que a través de las reformas institucionales y la reforma intelectual y moral se propicie el reencuentro de la clase política con la ciudadanía para salvar a la democracia y al país.