Agencias.- La Central Obrera Boliviana (COB) exige la dimisión del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada y reclamó la suspensión del proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos, entre tanto, el Gobierno organizó una comisión especial para levantar las piedras que interrumpen el camino del diálogo con los campesinos.

La COB tomó estas decisiones en una reunión celebrada el miércoles en la población minera de Huanuni, en la que participaron representantes de más de 30 organizaciones obreras, dijo el máximo dirigente de los obreros, Jaime Solares.

Solares declaró que la huelga de la COB está dirigida a lograr la salida del gobernante Sánchez de Lozada y de su Vicepresidente, el periodista Carlos Mesa, para convocar a nuevas elecciones presidenciales.

Desde 1985, cuando se impuso el modelo de libre mercado en Bolivia, "el pueblo y los trabajadores hemos podido probar que no se puede dialogar con las autoridades porque sólo prometen y no cumplen" con las demandas de los sindicatos, señaló.

Añadió que, desde entonces, contra las movilizaciones sociales, "el Gobierno se ha manchado las manos con sangre inocente porque ha ordenado represión y masacre en los campos de batalla" del país.

Según el líder de la COB, al que el Gobierno de La Paz no ha reconocido desde su elección el mes pasado, la dimisión del Presidente es la única forma de encontrar una solución a los planteamientos de los diferentes sectores de la sociedad boliviana.

Adelantó que si Sánchez de Lozada acepta el pedido, el poder deberá ser entregado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien deberá llamar a nuevos comicios en un plazo máximo de seis meses.

Solares no ocultó que la COB ha pedido que se sumen a la movilización las organizaciones afiladas al Estado Mayor del Pueblo, una central con clara influencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), el principal partido político de la oposición.

Diálogo

Por su parte, el presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada organizó un gabinete especial para levantar las piedras que interrumpen el camino del diálogo con los campesinos de Warisata, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la COB.

Para el Gobierno, la base de las negociaciones será una apertura "sin condiciones", que permita discutir, en paz, todos los problemas que planteen los actores sociales en crisis. La ministra de Participación Popular, Mirtha Quevedo (MNR) y el titular de Asuntos Campesinos, Guido Áñez (MIR) están a cargo del operativo.

Esta nueva posibilidad de coordinación hacía el diálogo fue presentada por el ministro de la Presidencia, José Guillermo Justiniano y apunta principalmente a librar la zanja de luto y violencia que se vivió el fin de semana en Warisata.

Censuran la determinación

La determinación de la COB fue censurada por varios representantes de los partidos políticos de la coalición que respalda a Sánchez de Lozada, que dijeron que sólo tiene intenciones políticas y no sociales.

El diputado Óscar Sandóval Morón, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, declaró a los periodistas que la decisión "es la culminación política" de las acciones iniciadas por los campesinos.

Por su parte, la legisladora campesina del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria Elsa Guevara desestimó que la convocatoria sea obedecida por los trabajadores debido a que la dirección de la COB "está dividida y no tiene una representación legítima" de los intereses de los obreros.

Mientras tanto, el Gobierno no ha logrado convencer al líder de los campesinos, Felipe Quispe, para que suspenda el bloqueo de las carreteras con la oferta de ordenar el retiro del Ejército y de la Policía de las vías simultáneamente.

Denuncian

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) denunció una ola de violencia que se "materializa en bolivianos que son muertos, heridos y detenidos", por lo que solicitó la inmediata investigación y sanción para los responsables.

En un comunicado oficial, la organización de defensa, indica que estos hechos se evidencian también en los allanamientos, torturas y vejámenes contra ciudadanos, porque solicitaron dar cumplimiento a las normas de derechos internacionales de derechos humanos.

Exigen también al Gobierno cumplir sus compromisos y promover instancias de solución concertada de los conflictos y de los problemas económicos, sociales y políticos del país a fin de evitar mayor luto y dolor.

"Alzados en armas"

Los campesinos en Bolivia rompen el silencio y se levantan en armas. Felipe Quispe, el "Mallku", principal dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) dijo ayer que los aymaras están alzados en armas en defensa de la tierra, territorio y el gas natural.

"Los aymaras originariamente hemos sido dueños del territorio. Tenemos que reclamar que llegue a nuestras manos, por eso vamos a plantear la autodeterminación de la nación aymara en las zonas donde estamos alzados en armas. No vamos a dialogar todavía. Vamos a mantener nuestra posición revolucionaria, una posición radical", dijo el dirigente.

Solidaridad

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a organizaciones de derechos humanos, expresaron en un comunicado público su solidaridad con los campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, docentes, "movilizados en defensa de la vida y la soberanía, de sus recursos naturales y humanos".

El pronunciamiento también alude los esfuerzos del pueblo boliviano contra el ALCA, la privatización de empresas públicas y las políticas que responden a las recetas del FMI.

Además de Pérez Esquivel, firmaron el documento el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MoPaSSol), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros.