La medida será puesta en práctica desde el lunes. Seguidores del "Mallku" y de Román Loayza anuncian apoyo a medidas adoptadas .

Sacha Llorenti, Carmen Beatriz Ruíz y Mons. Jesús Juárez, convocaron al Gobierno y campesinos a dialogar.

Huanuni/Jatha

Más de 30 organizaciones sindicales, incluidos los campesinos apoyaron ayer en ampliado nacional de emergencia, realizado en Huanuni, la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de declarar a partir del lunes próximo la huelga general indefinida con bloqueo de caminos.

"Los trabajadores en el Ampliado con representantes de muchas direcciones sindicales han escuchado la posición de la COB, que propuso a partir del lunes declarar la huelga general indefinida con el bloqueo nacional de caminos", informó el secretario ejecutivo de la organización matriz de los trabajadores, Jaime Solares.

El Ampliado se inició al promediar las 16:00 horas con una amplia lectura de correspondencia recibida en apoyo a la COB y las solicitudes de sanciones a los ministros de Defensa y de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín y Yerko Kukoc respectivamente, a quienes responsabilizan por los sucesos de Warisata en la que seis personas perdieron la vida y otras 17 resultaron heridas, en enfrentamientos con fuerzas militares y policiales.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición informativa, la reunión continuaba a la espera de lograr el consenso para asumir las medidas de presión anticipadas.

Entre las más de 30 organizaciones, se encuentran los seguidores de Felipe Quispe, el "Mallku" y los del dirigente del MAS, Román Loayza, quienes manifestaron su decisión de ponerse a total disposición de las determinaciones que asuma la COB.

Asimismo, fue notoria la presencia del mayor de la Policía, David Vargas y del teniente coronel del Ejército, Gilberto Ugarte, en calidad de oyentes.

La COB determinó adelantar la realización del ampliado nacional, que estaba previsto para el 1º de octubre, debido a los sucesos ocurridos en Warisata, donde fallecieron al menos seis personas producto de los enfrentamientos entre uniformados y campesinos.

La convocatoria con el rótulo de "urgente" fue enviada a los nueve departamentos con un solo tema en agenda: "la masacre de Warisata".

La entidad matriz de los trabajadores advirtió en las últimas horas de un posible estado de sitio que podría ser determinado por el Poder Ejecutivo, debido a que no se ha logrado pacificar el país.

Solares dijo que el pueblo boliviano debe estar en estado de alerta ante cualquier intento del Gobierno de conculcar las libertades democráticas.

La Iglesia, Defensor y APDHB piden diálogo sin condiciones

La Paz/Jatha

La Iglesia Católica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el Defensor del Pueblo convocaron el miércoles a un diálogo sin condiciones, entre los sectores sociales en conflicto y el Gobierno a fin de evitar más luto y perjuicio para el país.

Durante una conferencia de prensa conjunta realizada por el obispo de la ciudad de El Alto, Mons. Jesús Juárez; el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti y la defensora del Pueblo en funciones, Carmen Beatriz Ruíz instaron a los sectores en conflicto a poner de su parte para hallar soluciones pacíficas.

Juárez dijo que se encuentra profundamente preocupado por la situación de que viven las provincias que pertenecen a la Arquidiócesis, bajo su responsabilidad.

"Como Obispo de El Alto, quiero el progreso, el desarrollo, la justicia social, la paz, el bienestar para mis hermanos campesinos", dijo al citar que las provincias Camacho, Omasuyos, Manco Capac, Los Andes y Larecaja se mantienen en conflicto.

Por ello, explicó que se tomó contacto con el piquete de huelga de campesinos que se encuentra en instalaciones de radio San Gabriel a quienes se les hizo conocer la situación desesperante que viven algunas personas que quedaron atrapadas por los bloqueos en las localidades de Sorata, Achacachi y Luquisani.

Sin embargo, aclaró que en tanto no haya un clima de diálogo sincero con entendimiento y la disposición de no más confrontaciones no se podrá hallar soluciones.

Facilitadores no mediadores

Ante la consulta si las tres instituciones actuarán como mediadores del conflicto, Mons. Juárez fue enfático al responder que "lo que se nos ha pedido es facilitar; no mediar porque si medias, debes llevar propuestas concretas que quiere decir que deben ser viabilizadas y ninguno de nosotros tenemos las posibilidades del Gobierno para llevar adelante una solución feliz a estas demandas".

En ese contexto aclaró que las tres instituciones esperarán que ambos sectores manifiesten su disposición al diálogo pues "no podemos plantearnos un papel de mediación si no hay disposición de partes.

Todos deben responder con la responsabilidad que les corresponde tanto el Gobierno a través de los distintos ministros, como los sindicatos y dirigentes campesinos".

La Defensora mostró una carta enviada por el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, en la que se le solicita su participación para facilitar la solución al conflicto específico que atraviesan algunos pobladores atrapados en Sorata, Achacachi y Luquisani.

Los representantes de las tres instituciones coincidieron en señalar que en ningún momento pretendieron reemplazar a las instituciones del Gobierno por lo que esperan que las partes en conflicto asuman su rol y demuestren una predisposición a un diálogo sincero.

Bloqueo

A su tiempo, Sacha Llorenti aseguró que las tres instituciones comprometidas en la solución del conflicto que formó un bloque hace más de tres años para coadyuvar en momentos difíciles, no bajarán las manos, pues en este momento "no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas".

Advirtió que día que pasa, la situación se agrava y son más las localidades y sectores que se suman a las medidas de presión por diversas demandas.

"Estamos convencidos de que ni los bloqueos ni la represión resolverán este problema sino el diálogo que ataque las causas estructurales de la crisis", manifestó.

A pesar de no ser una competencia de la APDHB; Llorenti dijo que esa institución está promoviendo la salida pacífica de las personas que quedaron atrapadas en Lucasani y pidió que el Gobierno a través del Poder Ejecutivo y el Legislativo atienda las demandas de los campesinos.

A raíz de los conflictos en el altiplano murieron el pasado sábado cinco civiles y un soldado en la localidad de Warisata. Los campesinos rechazan la venta del gas y exigen el cumplimiento de 73 puntos de su pliego, entre otras demandas.

MAS no quiere mediadores

La Paz/ANF

El Movimiento Al Socialismo (MAS) dijo "basta de mediadores" y pidió a los sectores en conflicto, gobierno y campesinos, sentarse en la mesa del diálogo con el objetivo de encontrar una salida pacífica y evitar una espiral de violencia.

"Ha llegado el momento en que las fuerzas que están enfrentadas en el país dialoguen directamente sin intermediarios", afirmó el subjefe de la Bancada del MAS. Antonio Peredo Leigue.

El MAS, en cambio, propuso trasladar los conflictos sociales a discusiones en el Parlamento Nacional, como sucedió con el conflicto de enero, cuando los senadores de la Comisión de Constitución fueron el vínculo para la pacificación del país.

El diputado masista manifestó que es hora de que los parlamentarios ejerzan su rol de representantes nacionales y se conviertan en mediadores entre las autoridades y la sociedad civil. "Los conflictos en las calles producen sangre, pero en el Parlamento tan sólo algunos golpes", afirmó

En su criterio, los gobernantes deben entender que las "reglas del juego ya no son las mismas de antes" y en el marco del nuevo juego democrático, el sistema político debe comenzar a cumplir sus promesas.

El legislador hizo estas declaraciones en respuesta a la posibilidad de pedirle a la Iglesia Católica, Derechos Humanos y Defensor del Pueblo mediar en los conflictos.

De la misma forma lamentó que el Gobierno y la coalición oficialista hayan hecho una utilización política del documento del Reencuentro Nacional.

De su lado, el jefe de bancada de la NFR, Jhonny Antezana, afirmó que si la Iglesia decide intervenir en los conflictos sociales y en la pacificación del país, debe ser sobre la base del documento del Reencuentro Nacional y el documento de la Asamblea de Derechos

Humanos, pero también hizo un llamado para la participación de los periodistas.

La diputada del MIR Elsa Guevara dijo que no debe haber mediadores, ya que se utiliza esa pared para pelear entre uno y otro bando. Sin embargo, dijo que si no hay posibilidades de llegar a un acuerdo, entonces se debe acudir a la Iglesia.

Fuerzas del orden detienen a 46 campesinos

El bloqueo de caminos en la zona del altiplano agobia, desde hace diez días, a la Sede de Gobierno y las Fuerzas Armadas y policías no logran garantizar el libre tránsito ni el abastecimiento de productos de primera necesidad y sólo atinaron a detener a campesinos vinculadas con la obstrucción de carreteras.

El Gobierno ordenó a los efectivos de las FFAA y la Policía aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana que sanciona con ocho años de cárcel a las personas que bloqueen los caminos, por lo que detuvo a 46 campesinos en las zonas de Patacamaya, Copacabana, Warisata, Achica Arriba, Kalamarca y poblaciones cercanas de Achacachi.

El subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jorge Fernández, informó que la mayoría de los 46 campesinos detenidos en los últimos cinco días de bloqueos, fueron puestos en libertad por determinación del Ministerio Público y la justicia ordinaria.

La autoridad señaló que entre el martes en la noche y este miércoles se detuvieron a 18 personas, de las que sólo diez pasaron a disposición de la Fiscalía por daños a la propiedad privada y pública, bloqueo de caminos y hostigamiento y cobre ilegal de dinero a los transportistas y pasajeros.

Por otra parte, los campesinos detenidos: Silverio Calle, Santiago Thola y Silverio Acho, denunciaron que policías y militares los detuvieron mediante el uso exagerado de la fuerza y la violencia y sin constatar si eran responsables de los bloqueos, además les quitaron el dinero que poseían, alrededor de 35 bolivianos.

Indicaron también que están sin comer desde que fueron detenidos (martes en la noche), que durmieron en una celda sin frazadas y fueron golpeados por policías y militares.

"Esto realmente se ha convertido en un campo de hostigamiento policial (...) nuestro único delito que hemos cometido es estar caminando por la carretera para ir donde está nuestras ovejas y casas.

Ellos (policías y militares) ya nomás nos golpearon y transportaron si preguntar hasta La Paz, donde nos quitaron el dinero y no sabemos si seremos encarcelados y cómo vamos a regresar con nuestras familias", relató uno de los tres detenidos en la PTJ.

Dos dirigentes pasan a la cárcel

Por haber obstruido en las investigaciones, dos dirigentes campesinos fueron remitidos el miércoles al penal de San Pedro de manera preventiva, sindicados de bloquear las carreteras del altiplano y haber instigado a delinquir.

Otros nueve comunarios fueron arraigados pero recuperaron su libertad preventiva a cambio de medidas sustitutivas.

En una audiencia de medidas cautelares, el juez Alvaro Melgarejo determinó que los campesinos Ruperto Escalante y Jorge Ramos, al haber negado ser dirigentes obstruyeron las investigaciones y el Ministerio Público demostró ampliamente que son autores y partícipes de los bloqueos.

"Los procesados podrían influir negativamente en el resto de los sindicados y perjudicar las investigaciones en libertad", manifestó la autoridad judicial, al remitirse al artículo 235 del Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP).

El fiscal Marcos Nina imputó formalmente a los 11 sindicados de los delitos de instigación a delinquir, asociación delictiva, atentado contra los medios de transportes y propiedad privada, daño calificado, entre otros delitos, pero no pudo demostrar la participación de los nueve restantes por lo que solicitó medidas sustitutivas a cambio de su libertad preventiva.

Es así que Hugo Gonzalo Turco Salomé, Faustino Fernández Ramos, Toribio Laura Quispe, Nicasio Orellana Orellana, Uvaldina Mollo viuda de Colque, Rufina Laura de Flores, Paulino Apaza Quispe, Marco Antonio Calderón y Juan Amachi Mamani fueron arraigados para que no salgan del país en tanto se resuelva el juicio.

Los campesinos arraigados también deberán presentar un garante que

responda en caso de fuga y presentarse todos los viernes ante el Ministerio Público para firmar el cuaderno de control.

SE ABRE DIÁLOGO EN RÍO ABAJO

Campesinos de las regiones paceñas de Río Abajo, en la zona Sur, decidieron ayer iniciar el diálogo con el Gobierno para tratar sus demandas, sin embargo, luego de aproximadamente dos horas de conversaciones acordaron un cuarto intermedio hasta las 14:00 horas de este jueves para consultar con sus máximos dirigentes.

"El motivo para suspender la reunión con el viceministro (de Gobierno José Luis) Harb es porque la mayoría de nuestros compañeros no se ha podido poner de acuerdo con los intereses del sector que estaban bien planificadas. A nivel nacional no hemos podido coordinar con nuestros dirigentes", explicó el dirigente de la Central Agraria de Río Abajo, Juan Valentin Mamani.

Las negociaciones estuvieron a la cabeza del viceministro de Gobierno, José Luis Harb, quien junto al comandante de la Policía, Gral. Jairo Sanabria y personeros de la Prefectura de La Paz se apersonaron al lugar para entablar conversaciones.

Los campesinos aceptaron ir al diálogo durante un ampliado realizado el miércoles.

Por su parte, el Viceministro de Gobierno afirmó que lo que se busca es llegar a una solución sectorial y cumplir las demandas de la región toda vez que aún no se puede considerar soluciones a nivel nacional.

Los campesinos rechazan la pretendida venta de gas a Estados Unidos por un puerto chileno, el ingreso de Bolivia al ALCA, pero además exigen el cumplimiento de los acuerdos suscritos en varias oportunidades.

Productos

Los campesinos de Río Abajo iniciaron el bloqueo de productos agrícolas desde la pasada semana, lo cual ha ocasionado un desabastecimiento en los mercados de la Sede de Gobierno.

Río Abajo aprovisiona a la población de La Paz de leche, hortalizas, fruta y otros productos de la canasta familiar.

Los campesinos exigen la construcción de tres puentes: Huanuni, Chaquirini, Millocato, el mejoramiento de caminos, trabajos de prevención en la localidad de Aleluyani y otros.

Se espera que en el transcurso de las próximas reuniones se pueda firmar un documento que ponga fin al bloqueo de productos agrícolas.

Exigen la reapertura de la Normal de Warisata

Estudiantes del Instituto Normal Superior de Warisata se reúnen clandestinamente para exigir la reapertura de la institución educativa y repudiar la intervención militar a la que está siendo sometida.

"Todavía no vamos a decir a la prensa qué acciones vamos a tomar, pero son acciones contundentes porque se ha tomado a la fuerza (la Normal), se ha lastimado a la institución, una Normal histórica, un símbolo de la reivindicación indígena campesina para la educación, además se han entrado a la escuela de Warisata", dijo el estudiante del Centro de Estudiantes Campesinos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Lázaro Huampo.

A través de una Resolución Suprema, el Gobierno determinó el martes concluir la gestión académica 2003 del Instituto Normal Superior de Warisata, como medida de resguardo y seguridad de estudiantes, docentes y administrativos que asisten y prestan servicios en esta institución educativa.

Miembros de base del centro de estudiantes campesinos de la UMSA confirmaron que se reúnen constantemente con los alumnos de esta localidad (Warisata) luego de los enfrentamientos que derivaron en la muerte de varias personas.

Huampo explicó que las determinaciones que asumirá este grupo responde al atropello que sufre la Normal y a la humillación que están sometidos los campesinos que fueron obligados a desbloquear la carretera semidesnudos.

"Vamos a hacer un juicio de Responsabilidades a todas estas autoridades que han masacrado a nuestro pueblo. Es más quiero denunciar que se ha intervenido la Normal de Warisata, se han robado muchas cosas que tenía la Normal, entre ellas están equipos de radio difusión en FM que se han recibido cuando estaba como Universidad privada. Los estudiantes de Warisata van a movilizarse", manifestó el estudiante.

Asimismo, dijo que rechazan las acusaciones del Poder Ejecutivo que los responsabilizó de los sucesos del pasado fin de semana en esta localidad.

Por otra parte, un grupo de estudiantes de la UMSA inició una huelga de hambre para exigir la reapertura de la casa superior de estudios de Warisata.

Felipe Quispe no cede en sus condiciones

El jefe nacional del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y principal ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe el "Mallku", reiteró que no cederá en sus planteamientos para iniciar el diálogo.

"Ya estamos cansados de que nos mamen (engañen). Ya no nos vamos a bajar los pantalones y si no desmilitarizan los caminos y liberan a nuestros compañeros campesinos vamos a masificar los bloqueos de caminos y las movilizaciones", advirtió el diputado indígena.

Señaló que ahora se dialogará de jefe a jefe, de presidente a presidente y de nación a nación, porque ellos constituyen la nación aymara.

Quispe recordó que la CSUTCB continúa demandando un conjunto de 70 puntos suscritos con el Gobierno hace más de dos años y que hasta la fecha no ha dado solución a sus requerimientos.

El Mallku exige la liberación de 21 campesinos detenidos y que el diálogo se realice en la localidad de Warisata ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de La Paz.