Los movimientos sociales en Bolivia han encontrado un factor de unidad: el gas. Sin dejar de lado las reivindicaciones sectoriales, se inicia un ciclo de protesta nacional.
Tres de la tarde. Bajo el sol incandescente del fin del invierno, las gradas laterales de la Plaza San Francisco se llenan de gente alrededor de don Alberto. Con unas fotocopias en la mano que llevan el título "Chile paralizaría Bolivia en 16 minutos", don Alberto habla del gas. Lustrabotas, desocupados, transeúntes, vendedores, oficinistas, viejos, mujeres y jóvenes, escuchan mientras eligen -entre varios títulos- las fotocopias que cuestan 1 boliviano.
Minutos después, alguien pide la palabra y el debate comienza. La tarde es larga y cada quien eleva la voz cuando cree necesario, pero sobre todo lo hacen para repetir incansablemente que "no podemos permitir que se venda el último recurso que nos queda".
No es la primera vez que el debate público se hace en la plaza más concurrida de la ciudad, a pocos metros de la Plaza Murillo, donde debaten los parlamentarios y decide el gobierno. ¿Será que las otras voces tienen eco en sus oídos?
Las diferencias que unen
De repente, el gas está en la boca de todos. Los sindicatos, ampliados, congresos, comunidades, bloqueos y reuniones espontáneas como las de San Francisco, hacen suya la consigna de oponerse a la venta del recurso natural y con más énfasis cuando se trata la intervención de Chile y de las empresas transnacionales en el negocio del siglo.
La multiplicidad de voces se escucha en todas partes con ribetes de patriotismo, memoria histórica y dignidad. Ni la coca, el agua, la tierra o las elecciones habían podido cohesionar -desde hace muchos años- una posición casi única y generalizada.
Hace dos años, cuando las autoridades del Estado comenzaron a tocar el tema, nadie advertía tamaña importancia. ¿Falta de información? ¿Falta de transparencia? Lo cierto es que ha madurado una oposición popular a las pretensiones oficiales.
Hoy una multitud opina sobre el gas. Pero no es sólo un asunto intuitivo, un recuerdo de las escuelas y los cuarteles respecto al mar y los chilenos de antaño, la mano viene por la vía más organizada, y aunque todavía no se advierta un horizonte común -en términos de plantear la reapropiación, recuperación o modificación de las normas en torno al gas- lo que sí está claro es que los sectores comprometidos con lo que hoy suena como soberanía, están confluyendo hacia un mismo punto en el camino de la historia.
Eso significa que las diferencias, divisiones internas, demandas sectoriales y hasta colores partidarios rivales, ya no parecen representar el obstáculo del pasado que impedía la unidad de los movimientos sociales. Después de abril del 2000, cuando se desnudó la fragmentación de las reivindicaciones y al mismo tiempo su fuerza regional, en el sindicalismo y en las organizaciones está germinando algo que puede brotar con ramas que desborden el cálculo político.
La Coordinadora por el Gas
En ese proceso se identifican algunos factores nuevos: la formación de la Coordinadora por el Gas, la articulación barrial de El Alto, el desafío de la nueva Central Obrera Boliviana que ha establecido una política antineoliberal en el último congreso de los trabajadores del país y, en el año 2002, el ingreso de varios dirigentes sindicales al Parlamento a través del MAS y el MIP.
Siguiendo la experiencia de abril del 2000, hoy nace la Coordinadora Nacional por el Gas con un sentido similar a la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, pero con la diferencia de que está compuesta por organizaciones nacionales
incluida la nueva COB y el principal partido de oposición parlamentaria, el MAS.
El acta de fundación señala: "El 5 de septiembre, representantes de diferentes organizaciones nacionales como la COB, organizaciones sociales, cívicas, profesionales y políticas, hombres, mujeres, jóvenes, militares, campesinos, obreros, vecinos, desocupados, organizaciones como CODEPANAL, FOBOMADE y Movimiento Patria y Soberanía, se han reunido para expresar su deseo de unirse, organizarse y movilizarse en torno a la recuperación y la defensa de los recursos naturales" Suscriben el documento 150 firmas.
La alianza entre las organizaciones incluye otro documento que analiza diferentes aspectos como el desempleo, la crisis económica, el papel de las FFAA, la democracia, la reforma de pensiones, la penalización de la protesta (Ley de Seguridad Ciudadana) y, por supuesto, un exhaustivo análisis sobre el destino del gas desde la perspectiva jurídica, técnica, socio económica y geopolítica.
De ahí derivan las acciones convocadas por la nueva Coordinadora que empiezan con la marcha de este 19 de septiembre. Oscar Olivera, el dirigente fabril que comandó las acciones de la Guerra del Agua, anticipa que la nueva organización puede llegar a marcar un hito histórico en las luchas sociales porque "además de la unidad, lo interesante es la subordinación de los dirigentes a las decisiones de las mayorías. Hay que tomar en cuenta que no todas las personas que forman la Coordinadora están afiliadas a una organización sindical. Entonces, tiene que haber un espacio que agrupe todo el descontento que está expresando el pueblo boliviano".
De acuerdo al plan consensuado para la primera movilización de la Coordinadora, no se contempla ningún tipo de bloqueo, explica Olivera. "Es una marcha pacífica que va a empezar con un juramento de los participantes a recuperar y defender nuestros recursos naturales, aún a costa de nuestras vidas, y va a desembocar en un cabildo que defina los lineamientos de una consulta popular para que el pueblo decida qué hacer con el gas ante el anuncio oficial de establecer relaciones con Chile y definir el puerto en un máximo de 60 días después de que las transnacionales firmen el contrato" . Los organizadores prevén la asistencia de por lo menos 20 mil personas -sólo en Cochabamba- quienes van a ingresar desde seis puntos de la ciudad hasta la Plaza 14 de Septiembre.
En cada departamento las organizaciones locales se han responsabilizado de preparar la marcha. Así se confirmó en Santa Cruz, Oruro, Tarija, Potosí, La Paz y El Alto, y Beni. Roger Choque, secretario de Relaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) -liderada por Román Loayza- indicó que en la sede de gobierno la marcha ingresará a la Plaza de San Francisco partiendo de la carretera a Oruro (provincias Aroma, Gualberto Villarroel, Loayza, Inquisivi y posiblemente Ingavi y Pacajes); Villa Fátima (Nor y Sud Yungas, y colonizadores) y El Alto.
La concentración alteña en ebullición
La ciudad alteña se ha convertido en uno de los centros más fuertes de protesta social. La red barrial, que se ha articulado a través de la concentración de una gran población migrante del campo y del interior, constituye una urbe compleja y con serios problemas no resueltos desde los servicios básicos hasta la distribución del espacio.
En esa complejidad han surgido organizaciones sociales que se relacionan de diversas maneras y de acuerdo a las necesidades. La prueba más reciente de la fortaleza de esa red barrial se ha probado con el paro cívico que ha logrado anular los formularios municipales "maya, paya y quimsa".
David Choquehuanca, sociólogo y aymara de Omasuyos, describe El Alto como el lugar donde "se está reavivando el espíritu de lucha, la kamasa de nuestros antepasados" Desde un análisis que recupera la cosmovisión andina, recuerda que "la ciudad alteña es una ciudad aymara donde Túpaj Katari tenía su cuartel general". Y según su explicación, la contundencia de la última movilización expresa que los expulsados del minifundio "se están movilizando. No estamos desesperados, pero tenemos que volver a ser Kapac, Kamiri, es decir, vivir bien"
Choquehuanca no es el único en pensar que El Alto representa la extensión del mundo aymara en esa dimensión. El propio dirigente y diputado Felipe Quispe -quien se encuentra en huelga de hambre junto a 800 personas en el auditorio de Radio San Gabriel- coincide con esa visión.
La alianza de Quispe y Calle
Sin embargo, aunque coincida, Quispe prefiere reencauzar su liderazgo mediante movilizaciones protagonizadas casi exclusivamente por las comunidades aymaras que lo siguen. No se adscribe a la Coordinadora del Gas, pero mantiene f rechazo a la venta del gas y fuertes vínculos con El Alto.
Después del bloqueo que no prosperó en junio, junto a Rulfo Calle, ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Tupaj Katari, organizó una movilización iniciada el 8 de septiembre. Para asegurar el impacto de la marcha, la huelga de hambre y el bloqueo de caminos en La Paz, ambos dirigentes no sólo hablaron con los ejecutivos provinciales, centrales agrarias y subcentrales, sino que firmaron un convenio con los transportistas, juntas vecinales, residentes provinciales, gremiales y estudiantes de la UPEA.
El resultado de esa alianza, en el campo, se materializa con la instauración del Estado Mayor del Jacha Omasuyos en Rojo Rojone, el bloqueo total del sector de Achacachi con paro cívico y suspensión de actividades, bloqueo de Huarina, Copacabana, Warisata, Batallas, Sorata, Yolosa e incluso Río Abajo. Algunas provincias del Altiplano paceño dicen -a través de sus dirigentes- no estar en la corriente de Quispe y Calle, pero aún distantes sostienen un discurso similar al que acompañó el liderazgo del Mallku.
El otro lado de la protesta
Roger Choque, dirigente de la Provincia Aroma, apunta que el "encuentro' al que van a asistir este 19 de septiembre es vital para el movimiento nacional, pero también para el comunal. En ese espacio "las provincias Gualberto Villarroel, Inquisivi y todo ese sector, van a plantear el autogobierno. Ellos quieren elegir en los cabildos y ampliados a sus representantes y autoridades a través de sus usos y costumbres. El slogan es: manejémonos nosotros mismos y fuera el Estado de las provincias" Según el dirigente, "este es un tema candente".
Este es el otro lado de lo que expresa la marcha del 19. Una acumulación de sentimientos contrariados debido a políticas erráticas, mal aplicadas o simplemente no corregidas. Y la ansia de participación y de "ser escuchados" que reclaman los movimientos sociales, responde también a la experiencia de los parlamentarios del sector indígena y popular que poco o nada pudieron hacer dentro del sistema político.
Esa frustración se traduce en el retorno a las calles.
Y hay quienes explican este momento desde la perspectiva de que el tiempo de la espera se ha agotado. Dicen ellos: "nuestros hermanos del MAS y el MIP han practicado nuestros principios en el Parlamento. No nos interesa fortalecer esta democracia de sometimiento de minorías a la mayoría, porque nuestra política es el consenso. Tenemos un camino para llegar al consenso que se ha cumplido. ¿Cómo es ese camino? Primero se hace la tanta, reunión para conversar todos tranquilos. Si no se puede resolver el problema, pasamos a la chajwa donde empezamos a hablar más fuerte si alguien no entiende. Si no se puede resolver, pasamos al tinku cuando entra el contacto físico con el chicote. Si no se resuelve siempre, pasamos al auka, la guerra. Para llegar al auka nos tomamos el tiempo necesario. Todas esas etapas han pasado en el Parlamento. Ellos han entrado para llegar al consenso, pero no nos han escuchado, nadie nos ha hecho caso".
Así puestas las cosas, si esta primera pulseta no resuelve el conflicto básico de oír a los movimientos sociales, quien no va a poder hacer nada más que instruir la represión, será el Presidente. La decisión está ahora en sus manos.