La agenda política del país tiene marcado para el 19 de septiembre el inicio de las movilizaciones contra la venta del gas a Estados Unidos por Chile, organizado el mismo por la llamada Coordinadora de Defensa del Gas que es otra máscara del MAS y el Estado Mayor del Pueblo. Desde su fundamentalismo político, los dirigentes asistémicos sostienen que está será una "guerra del gas" con similares proporciones a la "guerra del agua" o la "matanza de la plaza Murillo" para evitar la disposición del recurso natural no renovable por los mapochos, aludiendo incluso a que hay un entendimiento entre las oligarquías boliviana y chilena para que sea este último país el beneficiario y no Norteamérica. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por su parte, sostuvo que recurrirá al imperio de la ley para sancionar cualquier acto de protesta, a la vez que anunció someter a un referéndum la venta del gas o su consumo interno.

El conflicto social que se anuncia tiene además otras aristas que se iniciaron en la ciudad de El Alto que procedió al bloqueo de la hoyada paceña en rechazo al reordenamiento municipal propuesto por el Alcalde alteño. Así mismo, los campesinos liderizados por Felipe Quispe Huanca y Román Loayza que se disputan la dirección de la Csutcb amenazaron con iniciar los bloqueos de caminos, sumándose a los colonizadores de Los Yungas que reclaman la apertura de carreteras. Por otra parte, distintos sectores aglutinados en la COB se pronunciaron en contra de la venta del gas por Chile. Por el contrario, Tarija está a la expectativa de la definición del puerto de salida del recurso natural en consideración a que es el departamento en el que se halla el gas y las regalías podrán dinamizar su economía regional. Los dirigentes cívicos se expresaron en sentido de rechazar a Evo Morales y el MAS en lo concerniente al gas, mientras el primer magistrado considera que detrás de su defensa sólo prima el interés de los cultivos excedentarios de coca en el Chapare.

Esta coyuntura en la que se está ante la eventual eclosión social se patentiza que la clase política tanto en el oficialismo como en la oposición no tiene una visión de nación, sino que priman los intereses inmediatos de unos y otros. En efecto, el Gobierno no percibe que la política es la capacidad de deliberar en el espacio público y de influir en las decisiones del Estado, sin la necesidad de recurrir a la coerción pura y simple. Las declaraciones de los funcionarios gubernamentales en sentido de "hacer prevalecer el imperio de la ley" recurriendo a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir el descontento social muestran que no tiene capacidad de formular iniciativas que conduzcan a la superación de la crisis económica, por lo que se está ante un creciente grado de deslegitimación entre la ciudadanía, apoyándose solamente en la legalidad constitucional.

La cohabitación del MNR con el MIR y la NFR en momento alguno es beneficiosa para la nación y, por el contrario, aquella no se expresa en una coalición gubernamental capaz de formular políticas estatales que hagan posible el lema "obras con empleos".

Peor aún, en el caso de Cochabamba mientras los empresarios privados se retiran del espacio regional para dirigirse al oriente con las consiguientes cuotas de desocupación y recesión económica, la Prefectura es objeto de la disputa entre los miristas y los republicanos que están más atentos en colocar a sus militantes en puestos estratégicos con miras a las elecciones municipales. Otro tanto ocurre con los asistémicos del MAS que detrás de la temida "guerra por el gas" ocultan su intención de copar la sociedad civil en procura de repetir el éxito electoral con las municipales del año venidero.

Sin embargo, la difícil coexistencia entre indigenistas, trotskystas, teólogos de la liberación, guevaristas, etc., hace inviable de por sí este proyecto por carecer de un programa político que los identifique sea como socialistas, liberales, anarquistas o indianistas. Precisamente su defensa del gas no rebasa los márgenes estructurales del nacionalismo revolucionario en momentos que el Estado Nación está siendo fuertemente cuestionado por el Estado Región.

El lugar específico en el que se debe discutir, aparte de los datos técnicos, sobre el tema de la explotación y la exportación del gas es el Congreso Nacional. El nuestro es un sistema presidencialista parlamentario, pero de parte de la él¡te política la facultad de decidir está excesivamente concentrada en la figura del primer mandatario, de tal manera que los senadores y diputados no tienen autonomía de decisión por lo que se someten al Presidente, lo mismo que los parlamentarios de-oposición no ejercitan su derecho a disentir en el hemiciclo, proponiendo alternativas de solución al tema de los recursos naturales. La explotación del gas en el país o su exportación sea por Perú o Chile tienen que definirse en el Parlamento proveyendo a la ciudadanía información clara y detallada sobre los beneficios o los perjuicios de su venta. No es en exclusiva en el Poder Ejecutivo o en la lucha callejera que se debe definir sobre el gas, sino en consulta con la población y ha llegado la hora que la clase política asuma la responsabilidad tanto en el Gobierno como en Congreso Nacional.