Los desafíos ambientales de Bolivia en 2022: fiscalizar las quemas y minería, frenar las invasiones y defender de la ilegalidad las áreas protegidas (Mongabay, 11.1.22)

Salvar a los bosques en Bolivia está entre las prioridades del 2022. Esto incluye el desarrollar un plan concreto para controlar las quemas y evitar que los incendios forestales sigan sumando territorio quemado a las casi 14 millones de hectáreas perdidas en los últimos tres años.

La agenda ambiental también tiene en su lista de desafíos del año poner la mirada en tres zonas que este año fueron azotadas por diversos factores: la Chiquitania, la Amazonía y el parque nacional Madidi, que fueron víctimas de avasallamientos o invasiones, incendios forestales, explotación minera, la expansión agrícola y las sequías. ¿Qué hará el gobierno de Luis Arce este año para evitar que estos ecosistemas no sigan siendo afectados?

Algo que también preocupa a científicos y organizaciones indígenas y ambientales es el avance de la minería legal e ilegal en ríos, así como la construcción de grandes hidroeléctricas. Sobre este último punto, se teme el impacto que puedan generar cuatro proyectos en diferentes zonas del país, entre ellos los polémicos Chepete-El Bala, que todavía no tienen un claro estudio de impacto ambiental.

A los delitos ambientales, proyectos extractivos y de energía, y la deforestación, sobre todo impulsada por los incendios, hay que sumar la gestión sobre el cambio climático, considerando que sus efectos empiezan a ser considerables como se ve en el derretimiento de los glaciares y las sequías que cada vez son más fuertes.

¿Cuáles son los desafíos ambientales de Bolivia para el 2022?

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1.Fiscalizar las quemas y frenar el avance de la frontera agrícola

Los incendios forestales se convierten en Bolivia en un dolor de cabeza cada año. El factor principal es que quienes buscan la implementación de un nuevo modelo de desarrollo económico productivo pusieron sus miradas en los bosques bolivianos. Unos quieren preservarlos, pero otros quieren quemarlos para sus fines económicos. Esto al final deriva en noticias diarias a partir de cada septiembre de que el fuego arrasó miles de hectáreas de bosque, incluyendo áreas protegidas.

En septiembre de 2019 se intensificaron los incendios forestales. Fue una época difícil para Bolivia y de esa tragedia ambiental poco se aprendió. Aquella vez el fuego arrasó con 5,3 millones hectáreas de suelos, lo que desató una conmoción social e, incluso, fue un factor decisivo para que Evo Morales baje en las encuestas cuando intentaba llegar a un polémico cuarto mandato consecutivo. Este 2021, la tragedia de los bosques bolivianos estuvo a punto de igualar y hasta superar lo sucedido hace dos años.

Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), 3,4 millones de hectáreas se quemaron entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2021, durante esta gestión en Bolivia. ¿Se aprendió algo de estos últimos años y cuál debería ser el reto para bajar el índice de quemas? El investigador Juan Carlos Catari, que es vicepresidente del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, cree que las estrategias para mitigar incendios forestales fallan porque no hay una actualización de planes y por los pocos recursos económicos públicos que se asignan para estos casos. Pero, además, porque no existe —dijo— una legislación drástica para el sector de la agroindustria.

“Estamos como en 2019, con los mismos problemas y con los mismos fondos. No hay recursos y por eso tenemos que recurrir a organizaciones y a la cooperación internacional para mitigar los incendios cada año. Entonces, cada año se ve el mismo triste final de la novela”, dijo Catari a Mongabay Latam.

Por eso, el biólogo menciona como una tarea pendiente para el 2022, la aprobación de una normativa más severa para fiscalizar y sancionar las malas prácticas ambientales del sector agrícola pecuario en el país. A su vez, indica Catari, impedir que este sector extienda la frontera agrícola, ampliación que termina provocando incendios que arrasan los bosques y que facilitan el ingreso ilegal de colonos. “Tenemos que ver una normativa ambiental que regule a estos sectores que están ligados a los incendios y a los avasallamientos [invasiones]”, propuso.

La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), entidad que reúne a 19 organizaciones de defensa ambiental, entregó hace un año un listado de las diez prioridades para atender y solucionar problemas relacionados a los incendios, la minería, el tráfico de animales, el acceso y calidad del agua, el cambio climático y las áreas protegidas, entre otros temas. La prioridad número uno es la de los incendios y poco se avanzó. Ahora, el panorama es similar y el reto se mantiene.

“El chaqueo [las quemas] se practica cada año y ninguna medida drástica ha sido tomada para regular y controlar esta actividad. Más bien, en 2019 se han dado incentivos para la quema a través del Decreto Supremo 3973”, explicó la ingeniera ambiental Danitza Guzmán, que es parte del equipo de Lidema.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, auguró que en 2022 la cifra de hectáreas afectadas por incendios será más baja que en los últimos tres años. Para ese objetivo, la autoridad dijo a Mongabay Latam que se empezará a trabajar con empresarios; interculturales, que son los grupos provenientes de otras regiones que llegan a la Chiquitania y otras zonas; comunidades indígenas y gobiernos subnacionales para tener un plan más riguroso. Además, el viceministro señaló que la mayoría de los focos de calor este año fueron provocados. “Todo ese trabajo de identificación del origen de los incendios está con las autoridades competentes y esperamos que la justicia les caiga con todo el rigor de la ley para que así en el futuro no se animen a realizar este tremendo daño a la flora y a la fauna”, dijo.

Para los expertos de Lidema hay que considerar, además, dentro del plan para controlar los fuegos en el territorio boliviano: el monitoreo permanente y la preparación de equipos de atención inmediata que eviten la propagación de los incendios.

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2.Las invasiones, el reto más complejo

Los avasallamientos o invasiones son la principal consecuencia de los conflictos asociados a la titulación de los territorios. Uno de los casos más recientes es el denominado Las Londras, que alude a una reserva municipal del departamento de Santa Cruz, y que es el ejemplo más claro de la disputa por la tierra para expandir la agroindustria. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) estableció que el diez por ciento de este espacio le pertenece a empresarios ganaderos y agroindustriales, y que el 90 por ciento restante es tierra fiscal no disponible, es decir, sigue siendo un territorio para conservación como se estableció en los cincuenta.

Por ese 90 por ciento existe una pelea entre colonos y empresarios. El primer sector incluso tomó de rehenes a periodistas y policías en defensa de lo que ellos reclaman como su territorio. Hay incluso un detenido en este caso. Pero lo llamativo es que los invasores pelean por esos suelos fiscales para luego alquilarlos a los empresarios. “Las Londras puede ser el claro ejemplo de que en Bolivia la pelea es por tierra para fines comerciales y no para el desarrollo sostenible”, cuestionó Catari.

Uno de los desafíos del Gobierno de Luis Arce es lograr que la tierra sea usada de manera sostenible, que se preserven los bosques y que permita una producción eficiente. El reto parece todavía lejano ya que se requiere la actualización de normativas para evitar los avasallamientos. En resumen, las leyes existen pero, para los expertos, deberían ser más severas para castigar a quienes invaden áreas protegidas y tierras fiscales.

“Necesitamos cerrar la regularización de derechos y así daremos la seguridad jurídica para impulsar el desarrollo rural sustentable”, afirmó el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez. Sin embargo, varios especialistas ven esa solución lejana debido a que existe cierta politización en esta temática.

“En medio de las disputas por las tierras de la frontera existen cientos de comunidades que no son exactamente tales, sino grupos de personas que lograron obtener autorizaciones provisionales del INRA para asentamientos y formación de comunidades, o simplemente se trata de asentamientos sin autorizaciones; en muchos casos considerados como avasalladores, traficantes de tierras o ‘tomatierras’”, dijo Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, entidad que promueve el desarrollo rural sostenible.

Datos del INRA actualizados hasta mayo de 2021 muestran que la superficie saneada y titulada en el país alcanza el 87 %, mientras que el restante 13 % está pendiente. De ese 13 % existen 5 747 690 hectáreas en proceso de titulación, 1 145 923 de hectáreas como superficie por medir y 6 994 661 están paralizadas o en conflicto. El Gobierno boliviano se puso la meta de titular toda la tierra para el 2024.

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3. El cuestionado paquete de normas que aún no ha sido derogado

Bolivia tenía una buena imagen por impulsar los derechos de la Madre Tierra en casi todas las gestiones de Evo Morales. Luego, el discurso se cayó y ahora se requiere mejorar el marco normativo a favor del medio ambiente. Hay un paquete de siete leyes y decretos que promulgó Morales y que no fueron derogados durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Las normas siguen vigentes en la actual administración de Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales.

Estas normas observadas son: la ley que incentiva la producción de alimentos y restitución de bosques; la norma que autoriza la deforestación hasta en 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias destinadas a actividades agrícolas y pecuarias; la que permite el uso y manejo racional de las quemas; la que le abre las puertas al uso de la soya transgénica para la producción de biodiésel y la que aprueba el Plan de Uso del Suelo del Beni.

En cuanto a los decretos están el que autoriza el cambio de uso de suelo en los departamentos de Santa Cruz y Beni con fines agropecuarios y con la posibilidad de efectuar quemas controladas y dos que Áñez promulgó: el que autoriza el ingreso de semillas transgénicas de cinco cultivos y otro que permite el uso de plantines de eucalipto para reforestación.

“El gobierno de Evo Morales aprobó un paquete de normas incendiarias que autorizan las quemas. El trato fue con los ganaderos y soyeros. El gobierno de transición (de Jeanine Áñez) siguió el mismo camino y ahora en la gestión de Luis Arce no se ven intenciones para mejorar esta situación”, afirma Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

Por ello, una de las principales demandas de expertos y organizaciones indígenas y ambientales es que en el 2022 se derogue el paquete de normas y decretos cuestionados.

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4. Áreas protegidas, el desafío más difícil

El manejo y cuidado de las áreas protegidas en Bolivia es uno de los retos para el 2022, tomando en cuenta que son afectadas por la minería ilegal, el narcotráfico y los avasallamientos, como lo explica Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

“Existen solicitudes de cooperativas mineras para que se rezonifiquen ciertas áreas protegidas y también hay extremos que llegan a pedir que se elimine las áreas protegidas, no solo por parte de mineros, sino también de otros sectores”, detalló Campanini. El experto pone como ejemplo la situación del parque Madidi, en el norte de La Paz, donde los ríos están contaminados con mercurio por la explotación “sin ningún control” del oro.

Erradicar las plantaciones ilegales de coca es otro de los problemas que también figura en la lista de tareas pendientes para el gobierno, indica Campanini. En seis de las 22 áreas protegidas del país se hallaron cultivos ilegales de la hoja de coca, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, que se encuentra en el departamento de Santa Cruz, es la zona protegida más afectada por estos cultivos. En este parque, donde está la reserva de Choré, se reportó este año un crecimiento del 118 %.

El biólogo Huáscar Azurduy, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), resaltó que cualquier producto que se vaya a sembrar en una reserva natural trae consigo la deforestación. El experto dijo que uno de los riesgos es que estas zonas se queden sin agua por las plantaciones de la hoja de coca. “No juguemos con el futuro del agua de la región. Eso implica asumir decisiones ahora”, advirtió el experto.

Y esas decisiones, señalan los distintos entrevistados, pasan por poner en marcha reformas drásticas en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Este año la entidad pública fue duramente cuestionada y señalada por atender intereses políticos que promovieron el retiro de personal especializado en áreas estratégicas donde los delitos campean. Ruth Alipaz Cuqui, dirigente de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), pidió al Gobierno que como un desafío incluya a personas capacitadas para manejar las áreas protegidas.

“Sacaron a muchos directores y los llevaron a otras áreas protegidas donde no hay mucho conflicto. En el caso del parque Madidi, se sacó a su director y ahora vemos que existen planes para que la minería ingrese al parque. Entonces, ¿Bolivia tiene áreas protegidas o áreas mineras?”, cuestionó Alipaz.

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5. Mayor transparencia en los proyectos hidroeléctricos

“Bolivia: corazón energético de Sudamérica” es el eslogan de un Gobierno boliviano que busca convertirse en el principal exportador de energía eléctrica a la región. Para lograr ese objetivo existen cuatro proyectos hidroeléctricos de gran impacto, que en conjunto se espera que produzcan alrededor de 10 000 MW de energía, casi en su totalidad para exportación. Estos proyectos son: Cachuela Esperanza, en la desembocadura del río Beni; Chepete y El Bala, que está en las puertas del área protegida Madidi; Rositas, que involucra siete represas sobre el Río Grande en Santa Cruz; y la Binacional, que está sobre el río amazónico Madera, en el departamento de Pando, frontera con Brasil.

Todos estos proyectos tienen fichas ambientales, pero a la fecha no existe información sobre la conclusión de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA). Ningún proyecto realizó la consulta previa, no cuentan con licencia ambiental y solo el proyecto Rositas tiene comprometido un financiamiento chino. El Chepete y El Bala, así como Cachuela Esperanza no tienen estudios a diseño final ni financiamiento, y en el caso de la hidroeléctrica Binacional sigue pendiente la ejecución de un estudio de inventario del río Madera y sus afluentes a cargo de la empresa Worley Parsons Engenharia Ltda.

“El área total inundada por los embalses de estas mega hidroeléctricas sería de 1910 kilómetros cuadrados. La deforestación y la descomposición de la biomasa inundada provocaría importantes gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, el impacto de las obras como caminos de acceso, movimiento de tierra, campamentos, casas de máquinas y las represas afectarían a siete áreas protegidas biodiversas como el Parque Iñao, Área Natural Río Grande-Valles Cruceños, Área Parabanó, Parque Madidi, Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, Área Protegida Lago San José y Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua”, detalló a este medio Pablo Solon, director de la Fundación Solon.

El activista dijo que en términos de biodiversidad estarían en riesgo 2707 especies de fauna, tomando en cuenta los inventarios de fauna de las áreas protegidas. De la misma manera, 11 013 especies de flora estarían en peligro. Solon cree que como desafío se debería eliminar la idea de construir estas mega hidroeléctricas y reemplazarlas por proyectos sustentables para el medio ambiente, como la energía eólica.

“Pretender avanzar en la construcción de megahidroeléctricas para exportar electricidad a los países vecinos es a todas luces una pesadilla por sus impactos ambientales, sociales, sus elevados costos y el endeudamiento que provocarían sin contar con un mercado asegurado. Es fundamental transparentar toda la información sobre estos mega proyectos para promover un debate nacional al respecto”, remarcó Solon.

Jhannise Vaca Daza, activista ambientalista y parte de la Fundación Ríos de Pie, también coincide en que la mejor decisión que puede tomar el Gobierno boliviano es paralizar los proyectos hidroeléctricos.

“Los reportes de impacto ambiental de estos proyectos no son transparentes y muchas veces no son accesibles. Esto se debe al financiamiento de los mismos que viene de créditos del gobierno de China. Para recibir créditos de China, el Estado boliviano acepta que la ejecución de los proyectos deberá ser hecha por empresas chinas. Estas empresas usan sus propios recursos, tecnología y personal traído desde China. Esto deja a la sociedad civil boliviana sin ningún tipo de material disponible para fiscalizar ni controlar el desarrollo o impacto de estos megaproyectos”, afirma Vaca Daza.

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6. El oro que todavía no brilla

Y en esos mismos ríos también viaja otro de los retos que Bolivia debe trazarse para 2022: la actividad minera. El proyecto que más preocupa es el de explotación aurífera en el río Madre de Dios. Este plan requerirá una inversión de 500 millones de dólares y estará a cargo de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Por ahora, el proyecto está en papeles, pero ya tiene el espaldarazo del presidente Arce.

En el norte de La Paz también están los ríos que llevan la contaminación a los grandes afluentes de la Amazonía. El río Kaká es uno de ellos. En este curso sigue operando la minería con dragas —también llamadas dragones— que son de empresarios chinos y colombianos. Las cooperativas mineras, que son dueñas de las cuadrículas, negocian con chinos, colombianos y vietnamitas para alquilar su territorio y recibir parte del oro extraído.

Dionisio Garzón, exministro de Minería y Metalurgia, consideró que estas actividades deben tener un control más drástico, ya que esa producción va avanzando hacia los ríos de las áreas protegidas, en este caso las reservas del Madidi y Pilón Lajas. “Al existir la autorización del Gobierno para explotar en esas zonas, ya estás dando luz verde para que dañen las tierras fiscales. Como reto, se debería revisar esa legislación”, aseguró la exautoridad.

¿Por qué es tan difícil que se cumplan las normativas relacionadas a estudios de impacto ambiental? ¿Es tan complicado apoyar a las cooperativas mineras para que gestionen sus residuos correctamente? ¿Por qué el Estado no monitorea los niveles de contaminación en ríos y suelos? Son las preguntas que lanza Lidema sobre la actividad minera en Bolivia.

“Considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha estado sobre el cuatro por ciento algunos años y que la minería contribuye significativamente a las arcas del Estado, es injustificable que no se cuente con un sistema institucionalizado, confiable, sostenible y eficiente para asegurar operaciones mineras con el menor impacto ambiental y social posible”, precisó Andrea Salinas, coordinadora ejecutiva de Lidema.

Uno de los grupos más afectados por la minería son los pueblos indígenas asentados en las orillas de los ríos. Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), informó que hace una semana se reunieron comunidades indígenas del oriente, occidente y el chaco de Bolivia para frenar proyectos y actividades extractivistas en sus territorios, como la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, monocultivos y avasallamientos.

“Todo esto ya tiene daños irreversibles sobre los territorios, porque hay regiones que se están quedando sin agua y es sumamente preocupante esto, por esto es que es urgente encaminar esta defensa conjunta”, detalló Alipaz. La dirigente planteó como un reto la unidad de los pueblos indígenas de tierras bajas y altas de Bolivia para denunciar la vulneración de sus derechos, los daños a las áreas protegidas y la destrucción del patrimonio natural y cultural.

Toribia Lero es diputada indígena y no ve aspectos positivos este año a favor de los pueblos originarios. Ella cuestionó que existen sectores indígenas que fueron utilizados por el Gobierno de Luis Arce y que esa tendencia se viene arrastrando desde las gestiones de Evo Morales, a quien paradójicamente se lo conoce como un líder indígena.

“Los pueblos indígenas han estado sometidos, violentados durante todo este tiempo y lo último que se ha visto es que el gobierno usa y abusa de los pueblos indígenas, les miente. Los pueblos indígenas no conocen el plan de desarrollo económico social ni siquiera saben de su existencia, no conocen normativa, ¿por qué no podemos conocer? Entonces, dónde está ese pluralismo”, cuestionó Lero.

El reto que tienen los pueblos indígenas en 2022 es hacer respetar sus territorios, que según Lero fueron invadidos por planes extractivos y delitos como el narcotráfico.

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7.  Escazú a la espera

En el marco normativo existe otro gran desafío para este año: implementar el Acuerdo de Escazú. Bolivia fue el segundo país, de los 22 firmantes, en ratificar este acuerdo en su Órgano Legislativo y ahora se espera que tres de los principales beneficios de este se apliquen: primero, que todas las personas tengan acceso a la información ambiental; segundo, que las comunidades tengan acceso a la justicia ambiental y tercero que se desarrollen mecanismos de protección efectivos para los defensores ambientales.

Roni Ribera, quien es cacique indígena del pueblo chiquitano en el departamento de Santa Cruz, tiene poca esperanza de que este acuerdo se cumpla, pero espera que el aparato político le tape la boca. “Estaba pesimista con la implementación del Acuerdo de Escazú y ahora tengo el mismo sentimiento porque con este Gobierno no se puede lograr nada a favor del medio ambiente. Este Gobierno tiene un modelo extractivista y poco podrá hacer para implementar el Acuerdo de Escazú”, dijo el líder ambiental.

Imagen principal: La expansión de la frontera agrícola y ganadera entre los mayores problemas de Bolivia. Foto: Eduardo Franco Berton.