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Monitoreando nuestros territorios para cuidar la vida – Boletín CONTIOCAP #4: La actividad extractiva minera en la emergencia del COVID 19

Monitoreando nuestros territorios para cuidar la vida – Boletín CONTIOCAP #4: La actividad extractiva minera en la emergencia del COVID 19

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Minería aurífera en ríos del Norte de La Paz y Beni

La actividad extractiva minera en la emergencia del COVID 19

Nº 4. Bolivia, 28 junio 2020

Una grave amenaza silenciosa se cierne sobre los ríos, los ecosistemas, los territorios y los pueblos de la cuenca del río Beni, además de otros lugares de la Amazonia boliviana.

En este cuarto número de MONITOREANDO NUESTROS TERRITORIOS, echamos una mirada a lo que está ocurriendo, en el contexto de la crisis sanitaria del COVID 19, en la cuenca alta del río Beni. Para ello, contamos con testimonios de varios actores locales de la zona, y hemos realizado también una significativa revisión de información bibliográfica, hemerográfica y audiovisual.

La región aurífera de la cuenca alta del río Beni

 

Minería de oro en Bolivia y pueblos indígenas

Una de las regiones más golpeadas por la minería aurífera legal e ilegal, antes y durante la pandemia del Covid19, son los municipios de Teoponte, Guanay, Tipuani, Mapiri, Apolo y San Buenaventura en La Paz y Rurrenabaque en Beni. Como puede observarse en el mapa 1, esta región aurífera desarrolla su actividad en la cuenca alta del río Beni, descargando toda la letalidad de los insumos químicos, particularmente el mercurio, en el río Beni,

Fuente: Elaboración CEDIB sobre datos de Ministerio de Minería y Metalurgia Bolivia.

que desciende hacia el norte, hasta unirse con el río Mamoré y dar lugar al Madeira, unos 1170 Km aproximadamente desde su nacimiento.

Si bien en esta región del norte paceño, la actividad minera data de muchos años, es en el último lustro, tras la aprobación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia en mayo de 2014, que los niveles de producción aurífera y crecimiento de cooperativas alcanza cifras históricas, a la par del crecimiento de la informalidad y la ilegalidad en los contratos y las alianzas con actores extranjeros.

Dragones y planchones

Creciente minería aurífera aluvial bajo la forma de asociación entre cooperativas y extranjeros

En una entrevista prolongada, el 8 de junio de 2020, Alex Villca, Secretario de Comunicación y portavoz de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, al mismo tiempo que Vocero de la CONTIOCAP, nos relata en sobre la actividad minera que pudo observar de manera directa en la cuenca alta del río Beni, a partir de un viaje de inspección realizado en el mes de marzo pasado[1], desde Rurrenabaque, atravesando el Parque Nacional Madidi, hasta llegar a la población de Mayaya (Ver mapa 2).

“Durante el recorrido de peritaje conjunto, pudimos contabilizar desde la embocadura del Río Kaka sobre el Río Beni, hasta la población de Mayaya ubicada en el Municipio de Teoponte, alrededor de 20 dragones chinos y planchones colombianos, un similar número de cribas, una veintena de bombas carancheras, numerosos tractores orugas, retroexcavadoras, volquetas y embarcaciones de diferentes tamaños que facilitan el trabajo y la extracción del preciado mineral llamado oro, quienes no paralizaron sus operaciones pese a las medidas de cuarentena y emergencia sanitaria establecidas”.

Si bien en la historia de esta región aurífera el uso de dragas no es una novedad[2], la presencia masiva de dragones y planchones, operados por ciudadanos chinos y colombianos, asociados con cooperativas mineras locales en calidad de “inversionistas” u “operadores”, es un fenómeno reciente, que coincide con la vigencia de la Ley 535 de Minería, promulgada por el gobierno del MAS el 28 de mayo de 2014.

Es necesario apuntar que la ley de Minería consolida el creciente poder del sector cooperativo minero. Este se debe, en gran medida, al ciclo de altos precios y demanda de minerales, particularmente el oro (entre 2008 y 2014) y también al peso que adquiere el sector cooperativista en el gobierno del MAS.

Pese a la declinación del ciclo de altos precios de materias primas hacia 2013 y 2014, el repunte de la actividad minera aurífera en Bolivia en este año se debe a la altamente ventajosa ley 535 de Minería y metalurgia que logran imponer los cooperativistas mineros, particularmente los auríferos.

Varios reportes de prensa dan cuenta de un nuevo ciclo febril en Bolivia en torno a la aprobación de esta ley, elaborada a la medida de los intereses de los operadores mineros, particularmente los cooperativistas auríferos.

  • En septiembre de 2016, tras una investigación en campo, Eduardo Franco Bertón publica el reportaje “Fiebre del oro en Bolivia: tres historias que narran un problema”[3] con testimonios de personas del lugar que dan cuenta de este auge minero que aumenta la intensidad de conflictos.
  • De igual forma, en junio de 2018, la periodista Jimena Mercado, tras un trabajo de campo en el Norte de La Paz y la cuenca alta del río Beni, publica el reportaje: “Nueva fiebre del oro: la explotación ilegal entre dragones chinos y cooperativas”[4], realizando sólidas denuncias de la explotación ilegal de oro.
  • A raíz de las denuncias documentadas en el reportaje de ANF, el 26 de junio de 2018 la AJAM hace una inspección en el lugar y en coordinación con la Armada y el Ejército aprehende a 14 ciudadanos chinos, siete colombianos y un boliviano, por los delitos de explotación ilegal minera[5]. El ministro de minería de ese entonces, César Navarro, confirma la ilegalidad de esas operaciones mineras, por ser asociaciones indebidas entre los titulares de los contratos mineros y empresarios o inversionistas extranjeros[6].
  • Sin embargo, a los pocos días, el 29 de junio, una juez otorga medidas sustitutivas para estos aprehendidos en flagrancia; dicta detención domiciliaria, además de arraigo y la obligación de pagar una fianza de Bs 15.000 cada uno; asimismo, les prohíbe acercarse al lugar donde explotaban oro[7].
  • En octubre de 2018, la AJAM intentó realizar un nuevo operativo contra la explotación de oro a través de estas asociaciones ilegales entre cooperativas y empresarios extranjeros, pero la operación no tuvo éxito porque, según denunció el coordinador de Minería Ilegal de la AJAM, Jaime Cuentas, “la gente del lugar, entre cooperativistas, algunos comunarios e incluso funcionarios de los municipios,impidieron que los ciudadanos chinos y colombianos sean llevados ante la autoridad competente”, pese a haberse verificado la ilegalidad de sus operaciones mineras[8].
  • Durante todo el 2019, la situación de la explotación ilegal aurífera, con asociaciones ilegales entre cooperativas y empresarios extranjeros en el Norte de La Paz continúa invariable y aun en incremento, sin que las autoridades hagan algo para frenarla. A un año de la denuncia efectuada por ANF y que provocó un amago de acción legal por parte de la AJAM sin mayores consecuencias, el 9 de junio de 2019, el periódico El Día vuelve a publicar un amplio reportaje, recogiendo testimonios de líderes y población local, dando cuenta del incremento de la actividad ilegal y altamente contaminante[9].
  • El 2 de septiembre de 2019 se produce un cabildo en la localidad de Mayaya, un distrito municipal de Teoponte. En el cabildo se determina un paro cívico con corte de rutas, para exigir la expulsión de los empresarios extranjeros, y pedir el pago de regalías mineras por toda explotación aurífera que se haga en la zona[10].
  • Recientemente, las denuncias han vuelto a proliferar destacando la masiva presencia de dragones chinos y planchones colombianos. Ver, por ejemplo, estos testimonios en el programa Jaque Mate de TVU La Paz, el 10 de junio 2020: https://www.facebook.com/AlexVillcaLimaco/videos/1489479361224120/

Estos reportes de prensa son corroborados por testimonios actuales de pobladores locales. Galín Tola, dirigente de las Juntas Vecinales de Teoponte, en una entrevista a este medio (15 de junio 2020) afirma que la presencia de operadores colombianos y chinos se intensificó en la zona desde 2017. Otro poblador de Teoponte, Waldo Valer, afirma que este boom de minería ilegal con uso de dragones chinos y los planchones colombianos va en crecimiento sin que las autoridades hagan algo para frenarlo.  Este hecho viene generando gran preocupación en algunos sectores de la población local, que presionan a las autoridades locales para que estas asuman medidas. De la misma manera, el Presidente del Concejo Municipal de Teoponte, el sr. Saturnino Lazo, en una entrevista concedida a este medio el pasado 9 de junio, da cuenta que desde el Concejo Municipal ya en 2018 solicitaron formalmente información al Ministerio de Minería, sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento. Igualmente, en enero de 2019 dirigieron notas a la Cancillería. Esta les respondió que los ciudadanos chinos y colombianos ingresaron en calidad de turistas.

Durante la Cuarentena…

Indagando sobre la evolución que viene teniendo este tipo de actividad extractiva en la cuenca alta del río Beni durante la crisis sanitaria del COVID 19, los testimonios de actores locales dan cuenta que en algunos casos la inmovilización del transporte, particularmente transporte de combustibles, ha provocado cierta paralización o ralentización de las actividades de estas dragas. Pero en otros casos, la actividad minera con dragas y con sistema mecanizado y artesanal continuó. Waldo Valer comenta que durante la cuarentena rígida “estaban varados en la carretera camino a Guanay las cisternas y grandes camiones (“lowboys”) cargados con maquinaria pesada; es decir en algunos lugares como el río Challana pararon, pero en otros lugares como Tipuani y Mapiri continuaron”. Pero cuando la cuarentena se flexibilizó, se incrementó notablemente el tráfico de maquinaria y combustible por la carretera. “Estos días [Se refiere al periodo de Cuarentena flexible] se observa diariamente entre unos 15 a 17 camiones y cisternas; los camiones cargando palas, retroexcavadoras y otra maquinaria”, afirma Valer[11].

Saturnino Loza, presidente del Concejo Municipal de Teoponte afirma que durante la cuarentena establecieron cortes en las trancas de acceso y controles sanitarios. Los cortes de tráfico se hacían desde las 5 am hasta las 6 pm. Estas medidas hicieron que se las actividades de las dragas se frenen un poco. Galín Tola confirma este hecho: “En la cuarentena han parado un mes más o menos, pero en las noches trabajaban igual. Hace dos semanas (a inicios de junio) retomaron el trabajo, día y noche”.

Pero más allá de la cuarentena y la emergencia sanitaria del COVID 19, lo que queda claro es que esta forma de agresiva explotación minera en los ríos sigue imponiéndose y creciendo, pese a los reclamos de la población y la pasividad de las autoridades.

Asociaciones ilegales cooperativistas y extranjeros: historia de violencia e impunidad

Este empecinamiento de los cooperativistas mineros por legalizar sus prácticas de asociación con capitales privados, nacionales o extranjeros –que es expresión de la insostenibilidad económica, social y ambiental de la minería cooperativista- tiene en su haber una historia manchada de abuso, violencia y sangre.

  • El 17 de marzo de 2014, el presidente Evo Morales envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de nueva ley minera, que había sido elaborado exclusivamente entre mineros, sin participación de todos los sectores sociales. Al momento de entregar el proyecto, Morales enfatizó: “No debe cambiarse nada, tiene que aprobarse tal como se está enviando a la Asamblea”[12].
  • Ante la presión de la ciudadanía, el parlamento tuvo que debatir y modificar el texto original, a pesar incluso de la movilización de los cooperativistas entre finales de marzo e inicios de abril de ese año. Las denuncias de flagrante violación de la Constitución en varias disposiciones del proyecto de ley minera no pudieron sostener el deseo de los cooperativistas de una aprobación sin modificaciones. El principal punto de disputa era, precisamente, la facultad que el proyecto de ley otorgaba a las cooperativas mineras para asociarse con capitales privados, nacionales o extranjeros.
  • El 7 de abril, tras semanas de violentos enfrentamientos entre cooperativistas y fuerzas del orden, con saldos fatales (al menos 100 heridos y 2 muertos), el presidente Morales daba por zanjado el tema, no aceptando esa disposición -inocultablemente anti constitucional- y destituyendo al ministro Mario Virreira. Asimismo, instruyó al nuevo ministro César Navarro “impulsar un proceso judicial por traición a la patria a los responsables de autorizar la firma o permitir la vigencia de 42 contratos entre cooperativas mineras y empresas nacionales o extranjeras”[13]
  • Sin embargo, pese a esta modificación del proyecto de ley, el texto aprobado mantuvo amplios privilegios para los mineros, particularmente los cooperativistas. Estos aceptaron a regañadientes, pero a la vez con sentido pragmático –sin importar siquiera los muertos y heridos- continuaron su alianza con el gobierno del MAS, a sabiendas que más pronto que tarde lograrían su cometido de asociarse con capitales privados, manteniendo sus privilegios como supuestas “cooperativas”, lo cual les exime de obligaciones fiscales, sociales, laborales y ambientales.
  • En agosto de 2016, un nuevo intento para lograr la plena legalización de esta asociación con privados derivó en un nuevo conflicto violento. Esta vez con 4 muertos (luego falleció un herido más, con lo que fueron 5) de entre los trabajadores cooperativistas y el asesinato del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes.
  • Tras esos luctuosos acontecimientos, y en medio de fracturas entre sectores del cooperativismo minero, el gobierno impuso la ley 845 (octubre 2016), una norma que aparentaba retomar un enfoque soberano sobre la minería y establecía severos controles y limitaciones a los dirigentes de las cooperativas. Sin embargo, los hechos han mostrado que esta normativa, lejos de reorientar la política minera, se empleó para presionar al sector cooperativista, aliado político del gobierno del MAS. A decir de una experta en tema minero: “La ley 845 ha sido una medida de venganza y un instrumento de chantaje del que el gobierno se dotó para usarlo a futuro como mecanismo de presión y/o compra de conciencias y lealtades de las nuevas dirigencias que emergieron tras la persecución y encarcelamiento de casi la totalidad de la dirigencia anterior de FENCOMIN. Y por supuesto también es carta de negociación con las cooperativas auríferas de FERRECO y FECOMAN que representan ya el 56% de las cooperativas mineras del país”[14]
  • La prueba de lo anterior es siguen operando de manera impune prácticas y contratos que responden al modelo asociativo entre cooperativistas y empresas privadas nacionales o extranjeras, bajo la absoluta permisividad de las autoridades, tanto las del anterior gobierno del MAS como las actuales en el gobierno de Añez. Tras 5 años de la amenaza que hizo Evo Morales de “impulsar procesos judiciales por traición a la patria” a esos cooperativistas que operan mediante ese tipo de contratos, nunca hubo siquiera un solo proceso, hasta su salida del gobierno por renuncia en noviembre de 2019. Y mucho menos el actual gobierno ha mostrado alguna iniciativa para poner freno a ese tipo de operaciones y/o contratos mineros que ocurren en flagrante ilegalidad. Los dragones y los planchones de la minería aurífera del Norte de La Paz y Beni son solo un ejemplo, pues hay muchos otros más.
  • Y mientras siguen estas operaciones y contratos mineros ilegales, la violencia, los abusos y la impunidad inherente a ellos es una amenaza para la población circundante y para los territorios. Muchos eventos de violencia están asociados a esta actividad minera que transita por los linderos de la informalidad y la ilegalidad en los operadores, junto a la permisividad cómplice de las autoridades.

Pérdida de soberanía

Respecto al rol de las autoridades locales y de otros niveles, los diversos testimonios de los actores de la región que abordamos dan cuenta de profundas carencias de información, así como una mezcla de pasividad, permisividad e impotencia.

Ante nuestra pregunta sobre las acciones de las autoridades, El presidente del Concejo Municipal de Teoponte señala que no tiene datos claros sobre el número de dragones y planchones que operan en su territorio. Y cuando pidieron información a las autoridades del gobierno central con competencia en el tema, solo recibieron una vaga respuesta de la Cancillería, señalando que los extranjeros que realizan actividades mineras en los municipios del Norte de La Paz ingresaron legalmente al país en calidad de turistas. Pero, peor aún, nadie en Cancillería ni en la oficina de Migración cuestiona la ilegalidad de su actividad laboral.

El Director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del municipio de Teoponte, el señor Zenón Lifonso Suntura, mencionó en una entrevista el pasado 10 de junio, que no tiene conocimiento del número de cuadrículas mineras concesionadas en los ríos del municipio. Señala que el gobierno central no informa a las autoridades municipales donde se realizan estas operaciones; “hay una línea directa entre autoridades del Ministerio de Minería con los cooperativistas. Las cooperativas mineras, amparadas en sus privilegios legales hacen estos contratos y aquí no tenemos esa información. Hay competencias que no podemos rebasar, pero nos preocupa que la AJAM otorgue esas autorizaciones”[15]

Alex Villca, en la entrevista mencionada, confirma estos hechos: “Las autoridades locales e indígenas, denotan cierta preocupación y dicen que hicieron llegar sus denuncias ante las autoridades competentes como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Minería y Metalurgia, la AJAM, del anterior y el actual gobierno transitorio, que sin embargo nunca lograron su cometido”.

En estas operaciones mineras existe un triángulo de poder incontestable que opera por encima de las leyes y por encima de las autoridades locales legalmente constituidas. Ese triángulo lo conforman: las organizaciones de cooperativistas mineros; los operadores extranjeros y las autoridades del gobierno central, que actúan vulnerando normas y derechos. En la mencionada entrevista a Alex Villca él, recapitulando el viaje que hizo en marzo pasado, hace un apunte más incisivo aún pues percibe un sometimiento a ese triángulo de poder: “Durante las charlas con las autoridades locales y los activistas ambientales indígenas del Municipio de Teoponte y el Distrito de Mayaya, pudimos notar un sometimiento hacia las autoridades gubernamentales del nivel central y a su vez una obediencia a las organizaciones matrices de los cooperativistas mineros como FERRECO, FECOMAN y FEDECOMIN, que en suma representan a unos 1275 cooperativistas mineros”[16]

A la carencia de información se suman las raquíticas recaudaciones oficiales. Loza, presidente del Concejo Municipal de Teoponte, afirma que estas actividades mineras “aportan muy poco al municipio”. Refiere cifras globales, pero las mismas dan una idea aproximada de su afirmación: la recaudación minera en la gestión pasada fue poco más de 686.400 Bs, mientras que el total de recaudación por Co Participación tributaria alcanza a 9 millones de Bs. Es decir, la recaudación minera no llega ni al 8% de lo que son los recursos por coparticipación. Asimismo, argumenta que muchos operadores mineros comercializan mineral en Guanay, donde se captura mayor regalía minera. Sin embargo, otros testimonios coinciden en afirmar que la mayor parte del oro extraído sale del país sin control alguno. Uno de nuestros entrevistados llega a mencionar que los operadores extranjeros funden el metal en el propio lugar y lo sacan directamente afuera del país, al margen de todo control legal para la captura de la renta extractiva.

Otros informantes aseveran que en la región es un secreto a voces el tráfico de metal como pago por diferentes servicios y favores para-legales o ilegales. Por ejemplo, un informante local menciona que por la autorización de paso en las trancas de cada maquinaria grande, los municipios (o funcionarios de municipios) cobrarían 1000 dólares. De similar forma  menciona que a algunas comunidades y autoridades comunales, se les paga por su aceptación cómplice en especie.

“Algunas comunidades hacen un trato con los operadores mineros; éstos les dan un pago a cambio de que les permitan operar sin reclamo alguno. Hay mucha pobreza, y la gente acepta este acuerdo”[17].

Asimsimo, Loza, primera utoridad del Concejo Municipal de Teoponte explica que “la misma gente exige que haya minería; a pesar de que saben que contamina, al final muchos apoyan y se pasan a ser mineros, porque es un trabajo que les rinde más dinero”[18].

Respecto a la distribución de ganancia entre cooperativas y operadores extranjeros, si bien no existe documentación dadas las características de ilegalidad e informalidad de los contratos, la mayoría de los entrevistados coincide en afirmar que actualmente las proporciones son escandalosamente favorables a los extranjeros: éstos se llevan una proporción en torno al 80% de las ganancias y dejan a las cooperativas el 20%.

Los dragones y planchones en los ríos del Norte paceño y el Beni son, pues, la muestra más clara de carácter atentatorio a la soberanía nacional sobre nuestros territorios, nuestros recursos y patrimonio natural, así también a la vigencia de las instituciones de un estado de derecho. El modelo asociativo cooperativista minero con capitales privados, principalmente extranjeros, condensa en sí mismo un modelo productivo que corroe, además de la integridad de los ecosistemas, el tejido social, las normas, las instituciones democráticas y la posibilidad y capacidades de tener control soberano sobre nuestros territorios y nuestra vida social.

Daños ambientales y sociales: grandes y no cuantificados

Un primer elemento que destaca en toda la información recibida de los entrevistados es la no cuantificación de daños ambientales y sociales. De similar forma a la carencia casi absoluta de información sobre la actividad minera asociativa entre cooperativas y operadores extranjeros, respecto a los impactos y daños ambientales, la carencia de información es casi absoluta. Solo se cuenta con la información general que se puede obtener por observación en determinados lugares, sin estudios rigurosos, o la información por vía de testimonios que se pueda recabar de las escasas posibilidades de acceso al interior de las operaciones mineras.

No existen datos ciertos sobre la cantidad de mercurio u otros insumos químicos que se utiliza en el procesamiento de material extraído y que se vierte al curso de los ríos en los municipios del Norte de La Paz. Es obvio que la ilegalidad de estas operaciones mineras tiene directa relación con la falta de información y carencia absoluta de control de emisiones de mercurio en los ríos.

Solo por los datos de un informe general publicado en 2014 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua[19] podemos aproximarnos a la cruda realidad de la contaminación por mercurio en esta región y sus impactos, aguas abajo en los ríos de la Amazonía boliviana.

Minería de oro en Bolivia y pueblos indígenas

  • La emisión o liberación de mercurio en fuentes primarias y secundarias ha sido estimada entre 43,6 y 228,5 toneladas de mercurio por año. El promedio (133,1 TonHg/año) corresponde al 6,8% de emisiones del promedio mundial en el año 2005.
  • De esas emisiones, el 70% es en actividad minera (47% minería aurífera).
  • Por erosión y transporte de mercurio se liberan entre 7,7 a 20,3 TonHg/año.
  • La Amazonía es particularmente sensible a la contaminación por mercurio por las altas concentraciones de este metal en estado natural en los ríos, y porque los sistemas acuáticos facilitan la transformación del mercurio en metil-mercurio, que es el compuesto neurotóxico capaz de concentrarse en el organismo y en las cadenas alimentarias.
  • Estudios en muestras de cabello de poblaciones ribereñas en la cuenca amazónica determinan que las mayores concentraciones de mercurio en personas se registraron en la Amazonía central sobrepasando los parámetros de la normativa internacional.
  • Por tanto, los efectos de la contaminación por mercurio no solo impactan en poblaciones cercanas a la actividad minera, sino llegan a cientos de kilómetros aguas abajo de los ríos contaminados.

La información que aportan las diferentes personas que fueron entrevistadas y reportes de prensa sobre los impactos ambientales se refieren a:

  • Deforestación
  • Contaminación por mercurio a los ríos
  • Contaminación con hidrocarburos y desechos de combustibles y maquinaria
  • Degradación de suelos en las riberas de los ríos
  • Alteraciones en el curso de los ríos
  • Destrucción paisajística de los ríos y sus playas
  • Pérdida de vida silvestre, envenenamiento de peces por mercurio
  • Explotación laboral
  • Impactos en zonas urbanas

En el caso concreto que se describió al inicio de este boletín, el trayecto por el río Kaka, desde su embocadura sobre el Río Beni hasta la población de Mayaya, los impactos que se relatan como muy graves en los territorios son la destrucción de las playas y terrenos cercanos a las riberas. “Se están acabando los terrenos y las playas; avanzan sin control a los terrenos de las comunidades sin ningún control, sin ficha ambiental, nada”[20]. Y las actividades de remediación sobre estos impactos resultan pura formalidad con el uso de eufemismos irrisorios como “reposición de suelo”, que consiste, en los hechos, en echar tierra de manera rápida encima los pedregales y terrenos removidos. En algunos casos añaden reforestación.

Otro aspecto que destaca Alex Villca es el desconocimiento que la población local tiene sobre los alcances de los impactos de la minería aurífera para su salud: “los habitantes indígenas y no indígenas que habitan en las regiones donde por años se viene practicando la actividad minera, desconocen dichos estudios y los daños que genera el envenenamiento por mercurio y otros metales pesados que se vierten a los ríos”[21].

A nivel social y económico, los impactos igualmente son de gravedad y no han sido estudiados ni cuantificados. Los informantes locales refieren muchos y recurrentes conflictos. En Teoponte particularmente, están en la memoria de la población varios conflictos que involucraron violentos enfrentamientos, con saldos de personas heridas. Uno de los conflictos más prolongados se dio entre 2012 y 2013 por los impactos en terreros periurbanos por la actividad de cooperativas, particularmente la cooperativa Relámpago[22].

Asimismo, la actividad minera aurífera impacta fuertemente en la estructura y las actividades económicas de la región, pues cuando se desatan ciclos de alta actividad, debido principalmente a repuntes de los precios internacionales y/o la alta demanda, las actividades tradicionales pierden mucho. En la zona, las actividades económicas amigables con el medio ambiente (producción de chocolate, café, agricultura de producción de alimentos básicos, pesca familiar, ecoturismo, etc.) sufren en embate porque grandes sectores de población se vuelcan a la actividad minera o las poblaciones aparecen invadidas por personas foráneas. Lo grave de este impacto es que esas actividades económicas, como enfatiza Alex Villca, son “las actividades tradicionales de subsistencia, como la producción de plátano, maní y otros productos agrícolas que han sido interrumpidas por la actividad minera. La pesca tradicional prácticamente está desapareciendo de la zona. El turismo de naturaleza, de aventura y el ecoturismo, son actividades complementarias que estaban agonizando antes que llegara la pandemia, especialmente aquella que se practicaba sobre el Río Kaka” [23].

La apropiación del territorio por estos operadores mineros cooperativistas-empresarios extranjeros se expresa en hechos como el tendido de cables de alta tensión en el río, de orilla a orilla, no solo dificultando la navegación habitual de la gente en sus pequeñas embarcaciones, sino poniendo en riesgo la vida. “Existe una denuncia de los habitantes locales, que el colocado de alambres de alta tensión y resistencia sobre el Río Kaka, (…) los cuales ya ocasionaron un par de accidentes producto de la instalación de los dragones chinos y planchones colombianos sobre el río”[24].

El fácil acceso a dinero concentrado en pocas personas genera o incrementa actividades vinculadas a la delincuencia (trata y tráfico de personas; prostitución, tenencia y tráfico ilegal de armas; narcotráfico…). Asimismo, proliferan actividades de servicios suntuarios y espectáculos que desestabilizan relaciones y vínculos sociales: casinos; centros de venta de bebidas alcohólicas y otras que generan incremento en la violencia familiar y social.

Estos breves ciclos de “boom” económico, destruyen territorios, desestructuran actividades económicas y relaciones sociales. Galín Tola expresa con una frase contundente, narrando el saldo que dejaron las actividades mineras en los terrenos de sus padres en Teoponte:

“De repente empezó a bajar el oro y se perdió. O sea, sacaron todo el oro que pudieron y se retiraron, dejando todo destrozado. Nos han dejado terrenos todo removidos, con pedregales por todo lado. Mis padres han tenido que trabajar mucho para recuperarlos. El pueblo se llenó de crímenes y violaciones. Así sucede, luego se van a otro lugar a seguir saqueando. Eso ha pasado, ahora están en el río Kaka”[25].

Asimismo, las áreas protegidas de la región (Pilón Lajas, Madidi, Apolobamba) sufren la presión de la penetración de esta actividad minera, con todos los impactos destructivos en ellas. Al amparo de una legislación sectorial cada vez más permisiva para la penetración de actividades extractivas en áreas protegidas, la creciente actividad minera aurífera en ríos opera como un taladro de penetración. Al respecto, Alex Villca apunta una denuncia muy actual: “De acuerdo a información confidencial obtenida de personeros del Parque Nacional Madidi, existe a la fecha unas 80 solicitudes de cuadrículas mineras al interior de dicha área protegida, de las cuales 11 presentaron documentación con miras a desarrollar actividades mineras en dicha área protegida, las demás supuestamente aún no han iniciado trámites, aun a sabiendas que se trata de la reserva natural más biodiversa del mundo”[26].

 

Los Pueblos Indígenas: entre los impactos, la complicidad y el desafío de defender sus territorios

Los impactos, los roles, las actitudes y prácticas que experimentan o asumen los pueblos indígenas son temas sumamente complejos y con varias aristas. En primer lugar, hay que decir que, al impactar este tipo de actividad económica tan violenta en los territorios y los ecosistemas de los pueblos indígenas, el impacto es también grande y directo en su estructura comunitaria, sus prácticas económicas, la estructura y las dinámicas propias de sus relaciones sociales y sus formas de vida.

Igualmente, los impactos son directos y duros para los pueblos indígenas que viven de una dieta basada en la pesca y en el acceso directo a alimentos del bosque, como los Esse Ejja y los Tacana. Alex Villa, en una entrevista escrita nos apunta lo siguiente:

“A raíz de algunas investigaciones, se llegó a saber de la alta concentración de mercurio en los cabellos de los indígenas Esse ejjas en el norte de La Paz, quienes basan su dieta principal en el consumo de peces que obtienen del Río Beni y sus afluentes. Ellos resultaron siendo los más afectados. Ya en 2001, el estudio “El Mercurio en la Amazonia Boliviana”, de la investigadora Laurence Maurice-Bourgoin, evidenció que los pobladores de las riberas del río Beni presentaban niveles mercurio muy por encima de los permisibles (de 1,1 ppm a 13,5 ppm cuando el límite recomendado por la OMS es 1 ppm”[27].

Sin embargo, la minería aurífera en sus diferentes modalidades de producción (artesanal, semi mecanizada y mecanizada) y bajo el protagonismo de cooperativas solas o en contrato con privados nacionales o extranjeros, más tarde que nunca llega a involucrar a actores indígenas en estas actividades.

En la zona de Teoponte[28] los testimonios afirman que hay comunidades indígenas enteras que son socias de cooperativas mineras, es decir que son al mismo tiempo cooperativas mineras, y en algunos casos hacen contratos con empresarios y operadores extranjeros[29]. El presidente del Concejo Municipal de Teoponte afirma: “En la zona existe TCO indígena que es parte de PILCOL, toda la parte del río Kaka, al frente, todo es territorio indígena. Ahora ellos están impulsando la actividad minera; ellos son cooperativistas y hacen negocio con las empresas extrajeras”[30].

Existe una evidente complicidad de algunos líderes indígenas que no solo callan, sino permiten y facilitan el acceso de esta actividad minera aurífera en los territorios indígenas. Alex Villca confirma estos hechos: “Los pueblos indígenas que habitan en la zona, guardan silencio y hermetismo, sus autoridades locales han sido cooptados y fragmentados, no tienen capacidad de reacción, por tanto, nadie exige el cumplimiento de las normativas, como la consulta previa”[31].

En este proceso de cooptación de líderes y organizaciones indígenas para el extractivismo, el gobierno del MAS fue un factor clave, particularmente a través de sus sólidos sectores aliados, los cooperativistas mineros y los llamados interculturales.  Aún no han sido desarrollado estudios que expliquen, con amplia evidencia empírica, los impactos devastadores de la cooptación que ejerció el Gobierno del MAS sobre las organizaciones indígenas por más de una década. Es el desafío que queda.

La CONTIOCAP, de la cual Villca es vocero, es precisamente la expresión del intento de recuperar el genuino ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, entre los cuales están principalmente la preservación de la integridad de sus territorios y la autodeterminación de ellos como pueblos.

 

Este boletín informativo, es un esfuerzo conjunto de la Coordinadora Nacional por la Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP y el Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB.

Está permitida la reproducción, respetando la integridad de los textos y citando la fuente.

Mayor información: Cel./WhatsApp 70301549; 71622567.

[1]Un viaje coordinado entre la Mancomunidad de Comunidades Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, el periódico cruceño El Beber y el portal de información ambiental Mongabay Latam. La comitiva de la Mancomunidad estuvo conformada por Alex Villca y Valentín Luna, Vocero y Presidente del Directorio de la Mancomunidad, respectivamente.

[2] Muchos estudios y testimonios permiten corroborar que la región aurífera en el Norte de La Paz, experimenta lo que suele suceder en todo el mundo con la explotación del oro: ciclos más o menos cortos de auge y luego periodos de baja en la explotación. Los ciclos “febriles” vienen de la mano de altos precios y/o alta demanda del metal precioso. Entre 1959 y 1985 trabajó la empresa norteamericana South American Placer Incorporated (SAPI) empleando una draga y una plantilla de 250 trabajadores solo en las operaciones mineras. En 1985, la  (Ver: https://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_08/nt150825/nuevoshorizontes.php?n=2&-provincia-larecaja-teoponte). Puede verse importantes testimonios de testigos locales en el documental “Viviendo sobre una mina de oro”, Territorios en Resistencia, 2016 https://www.facebook.com/AlexVillcaLimaco/videos/555929988623406/

[3] Reportaje para Mongabay y RAI 30 septiembre 2016: https://es.mongabay.com/2016/09/mineria-conflictos-biodiversidad-pueblos_indigenas-bolivia/)

[4] Reportaje para ANF 17 junio 2018; en edición digital interactiva el 02 julio 2018 https://social.shorthand.com/noticiasfides/jyiI5AETKi/reportaje-nueva-fiebre-del-oro-la-explotacion-ilegal-entre-dragones-chinos-y-cooperativas

[5] https://www.opinion.com.bo/articulo/el-pais/ajam-verifica-explotaci-oacute-n-ilegal-oro-aprehende-14-chinos-7-colombianos-boliviano/20180629233800618114.html

[6] https://www.noticiasfides.com/economia/gobierno-confirma-explotacion-ilegal-de-oro-de-extranjeros-en-complicidad-con-cooperativas–389131

[7] Nota de prensa del Ministerio de Minería: http://www.mineria.gob.bo/documentos/noticias.php?pvnoticia=902&codigo=eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ

[8] https://eldeber.com.bo/13772_impiden-detencion-de-extranjeros-involucrados-en-explotacion-de-oro

[9] Reportaje del periódico cruceño El Día https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=386&pla=3&id_articulo=279389. Otros medios suman información recabada en las mismas localidades: https://www.youtube.com/watch?v=iOuZ_3O4ZE0

[10] https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/6/mayaya-exige-regalias-va-al-paro-por-la-explotacion-ilegal-de-oro-229976.html

[11] Comunicación personal, 10 de junio 2020.

[12] https://anteriorportal.erbol.com.bo/noticia/economia/17032014/operadores_entregan_proyecto_de_ley_minera_evo_morales

[13] Jiménez, Georgina: “A cuatro años de la Ley minera”, En Deliberar Nº 2, La Libre, CEDIB, mayo 2020, p. 25.

[14] Jiménez, Georgina, op. cit., p. 29

[15] Comunicación personal en entrevista a Zenón Lifonso Suntura, 10 de junio de 2020.

[16] Comunicación personal en entrevista a Alex Villca, 8 de junio de 2020.

[17] Informante local que pide mantener su nombre en reserva. Entrevista el 10 de junio de 2020.

[18] Comunicación personal en entrevista a Saturnino Loza, 10 de junio de 2020.

[19] Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Medio Ambiente y Agua Bolivia. “Línea base de usos, emisiones y contaminación 2014”. La Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2015.

[20] Comunicación personal de Waldo Valer, vecino de Teoponte y conocedor de toda la región por su actividad como guía. 10 de junio 2020.

[21] Alex Villca, comunicación personal, 08 junio 2020.

[22] Ver el documental: https://www.facebook.com/AlexVillcaLimaco/videos/555929988623406/

[23] Comunicación personal, 08 junio 2020.

[24] Entrevista a Alex Villca, 08 junio 2020.

[25] Comunicación personal, 15 de junio 2020.

[26] Entrevista a Alex Villca, 08 junio 2020.

[27] Entrevista a Alex Villca, 08 junio 2020.

[28] En el municipio de Teoponte están los indígenas Lecos de Larecaja, con una TCO titulada. Y, curiosamente, la entrega de títulos se hace, con toda la parafernalia que acostumbraba el gobierno del MAS, unas pocas semanas después de la promulgación de la ley 535 de Minería y metalurgia, en la localidad de Witoponte, Guanay. Vale la pena leer el detalle de nombres de los asistentes, según la nota de prensa oficial del INRA, el 7 de julio de 2014: “El evento se desarrolló en la comunidad de Witoponte, a diez minutos del Municipio de Guanay, y contó con la participación de la Representante del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Lucy Poma; del Representante de la Alcaldía de Guanay, Armando Ramírez; del Presidente de los Pueblos Indígenas Leco y Comunidades Originarias de Larecaja PILCOL, Gregorio Quety; del Presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz CPILAP, Jhonson Jiménez; del Asambleísta Departamental, Eusebio Wasna; del Director de Culturas de la Gobernación de La Paz, además de otros representantes de este sector del departamento paceño y un singular número de familias beneficiadas”. Nota disponible en internet en: http://www.inra.gob.bo/InraPb/paginaController;jsessionid=FBE976E6A47E14D634FA7C413B592010?cmd=noticia&id=8982. Gregorio Quety, es el actual presidente de CIDOB, y ex dirigente de CPILAP, hasta poco con fuertes vínculos clientelares con el gobierno del MAS, y hace pocas semanas, el 18 de mayo de 2020, firmante de un convenio con la CAO y CAINCO para respaldar el controvertido decreto supremo que abre el camino a nuevos eventos de semillas transgénicas, como puede leerse en prensa: https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/firma-de-convenio-entre-la-cidob-afin-al-mas-y-la-cao-genera-rechazo-en-sectores-indigenas-404837.

[29] Cuatro de los cinco entrevistados locales, de una u otra forma, afirman este hecho.

[30] Entrevista a Segundino Loza, 10 junio 2020.

[31] Entrevista a Alex Villca, 08 junio 2020.

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