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Monitoreando nuestros territorios para cuidar la vida – Boletín CONTIOCAP #3: El caso Sipotindi X1

Monitoreando nuestros territorios para cuidar la vida – Boletín CONTIOCAP #3: El caso Sipotindi X1

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Continuidad de actividades extractivas sin medidas de protección en emergencia del COVID 19 y con grave omisión de información

Nº 3. Bolivia, 31 mayo 2020

Un pozo exploratorio que “en plena emergencia sanitaria del coronavirus avanza a ritmo acelerado”

El lunes 20 de agosto de 2018, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguraba los trabajos de perforación del pozo exploratorio Sipotindi X-1 en el territorio de la Capitanía Zona Macharetí, dentro del área demandada como TCO por este pueblo guaraní. Este proyecto forma parte del “Acuerdo Marco de Desarrollo”, suscrito en julio de 2018 entre el Gobierno Central y autoridades de Chuquisaca, que se realizó tras el prolongado conflicto por el campo Incahuasi, y prometía una inversión de 2.514 millones de dólares para actividades hidrocarburíferas en nueve áreas en el departamento de Chuquisaca.

El 6 de marzo de 2020, la presidenta Añez y el entonces presidente de YPFB, Herland Soliz, destacaban los avances en la perforación del pozo Sipotindi X1. Soliz señaló en esa ocasión que la perforación alcanzó ya una profundidad de 6.300 metros y, pese a que restan 300 metros para alcanzar la profundidad objetivo, “se detectó la presencia de gas natural en la formación geológica Huamampampa, misma que es productora de hidrocarburos en megacampos como Incahuasi, San Alberto, San Antonio y Margarita”. Otros expertos fueron más cautos en sus apreciaciones de estos anuncios, señalando que son sólo indicios de presencia de gas y se trataría solamente de un pequeño pozo que está lejos de resolver los problemas de la baja de reservas hidrocarburíferas.

El 20 de abril, en plena Cuarentena por el COVID 19, Herland Soliz vuelve a destacar el avance del proyecto Sipotindi aun en plena emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus. “Ya estamos haciendo los registros eléctricos, significa que ya vamos a tener los resultados claros y posteriormente se hace la prueba de producción”[1]. Sin embargo, este optimismo contrastará totalmente con la destitución de Soliz, el 7 de mayo, tras denuncias de irregularidades en la compra de una póliza de seguros y la compra de diésel con sobreprecio, entre otras denuncias.

Las comunidades asumen cuidados extremos, las empresas no

En contraste con las palabras del ex presidente ejecutivo de YPFB, quien el 20 de abril destacaba los avances del proyecto Sipotindi X1, las comunidades indígenas y las poblaciones del entorno asumían responsablemente las medidas de protección y prevención.

Un comunario de Isipotindi, Leandro Candapey, que por motivos de salud se encuentra temporalmente en Boyuibe, en una entrevista el 29 de mayo, asevera que por determinación de las autoridades indígenas de la Capitanía Zona Macharetí, las comunidades indígenas asumieron medidas estrictas de confinamiento. Lo mismo ratifica Christian Alexander Yachimba, secretario de Salud de la Capitanía Zona Macharetí, quien destaca la rigurosidad con la que las comunidades decidieron someterse a la cuarentena, tanto así que solo se puede tener contacto con ellas a través de las personas encargadas de vigilar los puntos de control. “Incluso para entregar los alimentos que les hacen falta, la Alcaldía y otras instituciones solo llegan hasta los puntos de control”.

En una video-conferencia transmitida por radio Tembipe de Macharetí, el pasado jueves 28 de mayo, la señora Alcira Cabrera, Mburibicha de la Capitanía Zona Macharetí, ratifica la decisión que tomaron las comunidades, siguiendo las determinaciones de la APG nacional, de asumir un confinamiento estricto. “Todas las comunidades estamos así, con bioseguridad, ese es un punto que favorece a las comunidades. Incluso no dejar entrar a las comunidades, solamente todos los tentaras (los guaraní) estamos en las comunidades. Pero un poco preocupadas porque la crisis ya se está sintiendo”[2].

Estos máximos esfuerzos que hacen las comunidades, las organizaciones y autoridades locales en la pandemia del COVID 19, contrastan notablemente con las prácticas relajadas de las empresas operadoras de actividades extractivas.

Explosión de casos de COVID 19 en el Pozo Sipotindi X1

Estas 2 actitudes diametralmente opuestas frente a la emergencia sanitaria por el COVID 19 -la actitud de las empresas que siguen actividades extractivas sin pausa y al parecer sin medidas de prevención adecuadas, y la actitud de las comunidades, que se protegen responsablemente- vienen a juntarse en una sola historia cuando comienzan los rumores de la existencia de casos de contagio por COVID 19 entre los trabajadores, información que fue deliberadamente ocultada por los responsables de las empresas: la empresa china contratista Sinopec e YPFB, empresa responsable del proyecto exploratorio.

El 21 de mayo, Yenny Noguera, Defensora del medioambiente en la zona del Chaco y representante de CONTIOCAP, alertó a este medio sobre noticias que ella recibió de diferentes personas en la región que habría casos de contagio por COVID 19 en el pozo Sipotindi X1, pero estaría siendo ocultados por las empresas.

Sin embargo, la confirmación de estos casos, que recién se hizo pública la mañana del 22 de mayo, se debió a la presión que ejercieron las instituciones y autoridades locales, además de autoridades del SEDES de Chuquisaca, pues las noticias que se filtraron desde los trabajadores, sobre casos de COVID 19 en el campamento, ya llevaban por lo menos 2 semanas. Y las empresas implicadas, ocultaban la información. Aquí un recuento de los hechos:

  • 4 de mayo hubo un relevo de turno de trabajadores. Christian Yachimba, secretario de Salud de la Capitanía Zona Macharetí y miembro del COEM Macharetí, en una entrevista otorgada a este medio, confirmó que el 4 de mayo hubo un relevo del grupo de trabajadores de la empresa, arribando al pozo un grupo de trabajadores procedente en su mayor parte de Santa Cruz. La población y organizaciones en Macharetí, incluidos trabajadores de la empresa que son de la zona, alertaron de posibles contagios porque no se estarían tomando con rigurosidad las medidas de bioseguridad.
  • El 20 de mayo, tras acceder a un informe extraoficial con información filtrada a través de un trabajador, autoridades del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca denunciaron que 5 trabajadores del pozo Sipotindi X1 con probable contagio de COVID 19 habrían sido llevados a un laboratorio privado en Santa Cruz, para un examen, sin que la empresa responsable YPFB haya reportado ni al SEDES de Chuquisaca ni al SEDES de Santa Cruz[3].
  • Ese mismo 21 de mayo, una comisión del COEM de Macharetí, encabezada por personal del Centro de Salud local y un contingente policial, se dirigió al pozo y verificaron que en el lugar no había las medidas de bioseguridad adecuadas. En el informe de esta inspección, el Dr. Eusebio Mamani relata estas alarmantes deficiencias en las medidas de seguridad, como ser: la falta de uso de barbijos, acceso fácil a la empresa, sin medidas de seguridad.
  • La mañana del viernes 22 de mayo de 2020, el periódico Correo del Sur, publica la confirmación oficial que hace la empresa estatal petrolera de tres casos positivos de Covid-19 en el pozo Sipotindi X-1, en el municipio chuquisaqueño de Macharetí[4].
  • El 26 de mayo, según información de Christian Yachimba, miembro del COE Municipal, tras el anuncio oficial de los 3 casos confirmados, se añadió la confirmación de un cuarto caso.
  • El 27 de mayo, los miembros del COE Municipal se enteraron de la existencia de 7 casos más. Fue el Dr. Jhonny Camacho, responsable de Epidemiología del SEDES de Chuquisaca quien dio esa información al COEM de Macharetí.
  • El 28 de mayo, en una conferencia de prensa[5], el COEM de Macharetí confirmó la existencia de 6 casos más, con los que se sumó un total de 17, todos trabajadores del pozo Sipotindi X1. Se confirma que el contagio es importado, porque los trabajadores que dieron positivo proceden en su mayor parte de Santa Cruz, otros de Camiri y Boyuibe. Confirman que la empresa evacuará a otros 56 trabajadores más, que dieron resultado positivo para COVID 19 a la ciudad de Santa Cruz. Hay 6 personas más que dieron inicialmente resultado negativo, que son de la zona de Macharetí, pero por precaución serán también trasladados a Santa Cruz. Anuncia también que el COEM pedirá a las autoridades competentes que inicien procesos penales correspondientes. Pidió, asimismo, que se evacúe al resto de personal que queda y que se paralicen las obras.
  • En la misma conferencia de prensa, el médico del centro de Salud de Macharetí confirma que no se sabe de casos, ni siquiera sospechosos, en las comunidades de alrededor ni en la población de Macharetí, Sin embargo, se realizará el seguimiento epidemiológico a todos los movimientos que hubo de vehículos desde el Pozo Sipotindi en las últimas semanas.

La gravedad de los hechos en el Pozo Sipotindi X1 es remarcada por el alcalde Eduviges Chambaye, quien enfatiza que “las empresas que operan en este pozo han sido muy irresponsables al no informar a las autoridades de salud sobre los primeros 3 casos, y por eso estamos exigiendo que las autoridades pertinentes inicien procesos penales que corresponden”.

Es decir, con la información que se dispone hasta la fecha, la gravedad de los hechos del pozo Sipotindi X1 radica en 4 hechos:

  1. La irresponsabilidad del proceder de las empresas YPFB y la empresa subcontratista china Sinopec International Petroleum Service S.A., al haber ocultado a las autoridades de salud y autoridades locales, información sobre los casos sospechosos y luego confirmados de COVID 19.
  2. El manejo al parecer laxo de las medidas de prevención y bioseguridad por las empresas implicadas.
  3. El alto índice de crecimiento de casos de COVID 19 (en 6 días se pasa de 3 casos confirmados a 17).
  4. La proximidad de comunidades indígenas (Isipotindi, Ñancaroinza, Timpoycito y otras), además de la población de Macharetí, que no cuentan con una infraestructura de salud adecuadas para atender un brote epidemiológico fuerte.

Inicio proceso penal a funcionario de bajo rango de YPFB: el responsable local en el pozo Sipotindi X1

En la conferencia de prensa del 28 de mayo, autoridades locales y el Servicio Departamental de Salud anunciaron que formalizarán una denuncia penal contra las empresas que explotan el pozo Sipotindi X1 por atentado a la salud pública, luego de confirmarse 17 casos positivos en esa región.

Citado por Correo del Sur, el Alcade Chambaye enfatiza este hecho: “Hemos concluido la reunión con las autoridades del Sedes, que se han comprometido a colaborar con la parte legal para procesar a las empresas que trabajan con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el pozo Sipotindi X1, donde se confirmaron 17 casos positivos de coronavirus”.

Al medio día de ese mismo día, el Fiscal adscrito a Macharetí Jorge Gómez Laruta confirma la apertura de proceso penal contra el funcionario responsable local de YPFB en el pozo Sipotindi X1, el señor Reynaldo Ajhuacho Morales por el delito de atentado a la salud, al no haber informado oportunamente de los casos de contagio con COVID 19 y por no contar con medidas de bioseguridad. En una entrevista al diario Correo del Sur menciona también a la médico responsable de salud en el pozo, la dra. Katerine Guarachi Toledo, pero no especifica si incluirá a ella en el proceso penal.

¿Información oficial sobre casos COVID 19 en Sipotindi X1?

Por otra parte, a nuestra pregunta por si hubo alguna visita de altos funcionarios o autoridades de las empresas implicadas, nuestro entrevistado, Christian Yachimba asevera: “hasta el momento no se ha visto a nadie de YPFB, tampoco de la empresa china. En el pozo solo hay un señor que dicen es el responsable”. Llama la atención que, pese a que el caso Sipotindi X1 reviste alta gravedad, hasta el momento ningún alto ejecutivo de YPFB, mucho menos de la empresa china Sinopec haya salido, hasta ahora, a pronunciarse. Mucho menos se ha visto a ningún alto directivo de estas empresas, ni del Ministerio de Hidrocarburos, que hagan una visita a Macharetí para dar una explicación de hechos de tan alta gravedad.

En el rastreo a información oficial sobre el caso de contagio por COVID 19 en Sipotindi X1, en los diferentes portales web de YPFB no se encuentran disponibles notas de prensa oficiales sobre el caso Sipotindi X1. Y la agencia informativa estatal ABI solo da cuenta que la empresa estatal petrolera fue parte de la decisión, junto con el SEDES de Chuquisaca, de evacuar a 56 trabajadores del pozo a la ciudad de Santa Cruz, “donde está su base, para permanecer en cuarentena en espera de los resultados de las muestras tomadas”[6]. Asimismo, en una nota de prensa del 22 de mayo, ABI da cuenta que YPFB informó el viernes (22 de mayo) que “profundizaron las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de coronavirus en el pozo Sipotindi (SIP-X1), en el municipio chuquisaqueño de Macharetí, y se dispuso el envío de un laboratorio privado debidamente avalado por las instituciones correspondientes, a fin de someter a la totalidad del personal a las pruebas PCR, luego de que se confirmaran tres casos positivos en el personal del área”. La misma nota señala que la estatal petrolera “diseñó y puso en marcha, a partir 13 de marzo, el Plan de Contingencias COVID-19 y Plan de Bioseguridad COVID-19, a efectos de prevenir y controlar los contagios, tanto al interior de sus actividades como también hacia las áreas de influencia directas e indirectas”[7].

Todo indica que en el caso Sipotindi X1, las empresas involucradas (YPFB y Sinopec) no se tomaron muy en serio estos planes.

¿Extractivismo o la vida?

El caso Sipotindi X1 es revelador de la lógica interna del extractivismo, como parte central de la política pública instalada en el Estado hace ya años. En este modelo productivo, en el que participan actores tanto públicos como privados, la vulneración a derechos es una práctica corriente. Sipotindi X1 en contexto de emergencia de COVID 19 viene a ratificarlo.

El extractivismo no solo destruye territorios para un beneficio económico efímero y en gran parte concentrado en pocas personas y empresas. Además de ello, muestra su rostro más inhumano, al anteponer la extracción de recurso natural a la protección de la vida:

  • Se acelera la actividad extractiva sin asumir medidas preventivas por la pandemia.
  • Se oculta información sobre casos de contagio.
  • No se ponen en práctica protocolos básicos bioseguridad propios de una situación de emergencia sanitaria.
  • Con ello, ponen en riesgo la vida de los trabajadores, la vida de comunidades indígenas y poblaciones del entorno, en una región remota, con escaso acceso a instalación hospitalaria.
  • Altas autoridades y funcionarios responsables de las empresas operadoras en la actividad extractiva no dan la cara ante hechos tan graves que involucran comisión de delitos penales y graves vulneraciones a derechos de la población local, entre ella, comunidades indígenas que, contrariamente, asumieron con alta responsabilidad todas las medidas de bioseguridad exigidas por las autoridades.

Extractivismo, Derechos Humanos, pueblos indígenas

Nº 19 “Exigir y vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, adopten procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y rindan cuentas ante posibles abusos e impactos negativos sobre los derechos humanos, particularmente por los efectos que los contextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suelen generar sobre los DESCA de las poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad y, en general, sobre las personas que trabajan, las personas con condiciones médicas sensibles y las comunidades locales”.

Pueblos indígenas

Nº 56. “Respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia como pueblo”.

Nº 57. “Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales”.

Este boletín informativo, es un esfuerzo conjunto de la Coordinadora Nacional por la Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP y el Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB.

Está permitida la reproducción, respetando la integridad de los textos y citando la fuente.

Mayor información: Cel./WhatsApp 70301549; 71622567.

 

[1] https://www.periodicobolivia.com.bo/ypfb-alista-pruebas-de-produccion-de-hidrocarburos-en-pozos-sipotindi-y-yarara/

[2] https://www.facebook.com/pg/CapitaniaMachareti/posts/?ref=page_internal

[3] https://correodelsur.com/local/20200521_informe-extraoficial-afirma-que-trabajadores-del-pozo-sipotindi-dieron-positivo-a-coronavirus.html

[4] https://correodelsur.com/local/20200522_ypfb-ratifica-informe-sobre-los-tres-casos-positivos-de-covid-19-en-sipotindi.html

[5] https://www.facebook.com/CapitaniaMachareti/videos/255562425785224/

[6] https://www1.abi.bo/abi_/?i=448661

[7] https://www1.abi.bo/abi_/?i=450219

 

Monitoreando nuestros territorios para cuidar la vida – Boletín CONTIOCAP #1

Monitoreando nuestros territorios para cuidar la vida – Boletín CONTIOCAP #2: Extractivismo en el Aguaragüe en medio de la emergencia del COVID19