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Más y mejor Estado, para evitar el sálvese quien pueda

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Solos contra el coronavirus

Uno de los objetivos a lograr, una vez decretada la cuarentena total para contener la propagación del SARS-CoV-2, era aumentar las capacidades de atención del sistema sanitario boliviano. Si bien, la mayoría de la población boliviana, exceptuando a algunos grupos marginales, ha cumplido su parte quedándose en casa, lo evidente es que ni el gobierno nacional ni las gobernaciones ni los municipios han cumplido las tareas necesarias para el logro de dicho objetivo.

No, lo acabado de anotar no es una exageración. A 70 días de confinamiento y limitación de las actividades económicas, lo evidente es que no existen laboratorios con capacidad de diagnosticar la enfermedad en todas las capitales de departamento; ni siquiera se sabe cuántas pruebas PCR se realizan por día, pero se intuye que no son las suficientes; tampoco se sabe, para cuántos días alcanzan los reactivos de laboratorio, ni si se han encargado más y para cuándo llegarán; tampoco han llegado los 500 respiradores prometidos, ni han preparado los espacios y las camas de terapia intensiva donde serán instalados; tampoco se ha dispuesto el emplazamiento de hospitales de campaña, además, con excepción de un par de hoteles contratados para aislamiento, no se ha dispuesto de otros espacios de este tipo.

También se ha descuidado aumentar la capacidad de atención del personal sanitario. Es cierto que el gobierno nacional entregó algunos ítems, pero esto no quiere decir que haya aumentado el número de trabajadores en salud pública, solo quiere decir que médicos, enfermeras y otro personal que ya trabajaba como “consultor de línea” o incluso trabajaba ad honorem, ahora tienen la oportunidad de acceder a un trabajo estable con aportes para el seguro de salud y la jubilación. Respecto a aumentar la capacidad de atención, también se ha olvidado organizar a los médicos y enfermeras intensivistas para que capaciten a sus colegas de otras especialidades en los aspectos básicos de la atención y el cuidado de los enfermos de coronavirus, de tal manera de formar equipos de reserva que puedan apoyarles o sustituirles en los momentos de mayor brote de la Covid-19[1]. Tampoco se ha capacitado a más personal de laboratorios ni se ha armado brigadas de detección de la enfermedad.

Se puede argüir, como lo han hecho algunas autoridades, que en poco t

iempo y con escasos recursos es imposible reconstituir el siempre olvidado –en especial los últimos 14 años– sistema de salud; sin embargo, ante la emergencia, más que esa titánica labor solo era necesario mayor efectividad en la adquisición de equipos, insumos y medicamentos, en la contratación de personal sanitario, en la habilitación de espacios, en la detección de la enfermedad, en la prevención, etc.

Lo que está sucediendo en Beni y está a punto de suceder en Santa Cruz demuestra con –brutalidad dantesca– lo anotado líneas arriba. Pero más grave aún, demuestra que los bolivianos enfrentaran al coronavirus –como en el mundo idealizado de los ultraliberales– cada uno por su cuenta, sin el menor asomo de organización social o institución estatal, o con la llegada tardía e insuficiente de estas últimas. Es cierto que las acciones individuales –tomar las previsiones necesarias para no infectarse ni infectar a alguien– son esenciales para enfrentar al coronavirus; pero, si a pesar de la previsiones, los individuos se infectan y no son asintomáticos, enferman y la enfermedad se agrava, las acciones colectivas y la intervención de las instituciones estatales –para proveer medicamentos, habilitar espacios de at

Solos contra el coronavirus Uno de los objetivos a lograr, una vez decretada la cuarentena total para contener la propagación del SARS-CoV-2, era aumentar las capacidades de atención del sistema sanitario boliviano. Si bien, la mayoría de la población boliviana, exceptuando a algunos grupos marginales, ha cumplido su parte quedándose en casa, lo evidente es que ni el gobierno nacional ni las gobernaciones ni los municipios han cumplido las tareas necesarias para el logro de dicho objetivo. No, lo acabado de anotar no es una exageración. A 70 días de confinamiento y limitación de las actividades económicas, lo evidente es que no existen laboratorios con capacidad de diagnosticar la enfermedad en todas las capitales de departamento; ni siquiera se sabe cuántas pruebas PCR se realizan por día, pero se intuye que no son las suficientes; tampoco se sabe, para cuántos días alcanzan los reactivos de laboratorio, ni si se han encargado más y para cuándo llegarán; tampoco han llegado los 500 respiradores prometidos, ni han preparado los espacios y las camas de terapia intensiva donde serán instalados; tampoco se ha dispuesto el emplazamiento de hospitales de campaña, además, con excepción de un par de hoteles contratados para aislamiento, no se ha dispuesto de otros espacios de este tipo. También se ha descuidado aumentar la capacidad de atención del personal sanitario. Es cierto que el gobierno nacional entregó algunos ítems, pero esto no quiere decir que haya aumentado el número de trabajadores en salud pública, solo quiere decir que médicos, enfermeras y otro personal que ya trabajaba como “consultor de línea” o incluso trabajaba ad honorem, ahora tienen la oportunidad de acceder a un trabajo estable con aportes para el seguro de salud y la jubilación. Respecto a aumentar la capacidad de atención, también se ha olvidado organizar a los médicos y enfermeras intensivistas para que capaciten a sus colegas de otras especialidades en los aspectos básicos de la atención y el cuidado de los enfermos de coronavirus, de tal manera de formar equipos de reserva que puedan apoyarles o sustituirles en los momentos de mayor brote de la Covid-19 . Tampoco se ha capacitado a más personal de laboratorios ni se ha armado brigadas de detección de la enfermedad. Se puede argüir, como lo han hecho algunas autoridades, que en poco tiempo y con escasos recursos es imposible reconstituir el siempre olvidado –en especial los últimos 14 años– sistema de salud; sin embargo, ante la emergencia, más que esa titánica labor solo era necesario mayor efectividad en la adquisición de equipos, insumos y medicamentos, en la contratación de personal sanitario, en la habilitación de espacios, en la detección de la enfermedad, en la prevención, etc. Lo que está sucediendo en Beni y está a punto de suceder en Santa Cruz demuestra con –brutalidad dantesca– lo anotado líneas arriba. Pero más grave aún, demuestra que los bolivianos enfrentaran al coronavirus –como en el mundo idealizado de los ultraliberales– cada uno por su cuenta, sin el menor asomo de organización social o institución estatal, o con la llegada tardía e insuficiente de estas últimas. Es cierto que las acciones individuales –tomar las previsiones necesarias para no infectarse ni infectar a alguien– son esenciales para enfrentar al coronavirus; pero, si a pesar de la previsiones, los individuos se infectan y no son asintomáticos, enferman y la enfermedad se agrava, las acciones colectivas y la intervención de las instituciones estatales –para proveer medicamentos, habilitar espacios de atención, disponer de unidades de terapia intensiva, entre otros– también son esenciales para curarse de la Covid-19. Acciones e instituciones que hoy en Bolivia, con excepción del personal de los hospitales que están en primera línea, brillan por su ausencia o incompetencia. Abandonados en la cuarentena La incompetencia del Estado boliviano también se ha hecho manifiesta en las medidas económicas asumidas para implementar la cuarentena; medidas que fueron pensadas como si el coronavirus fuese fácil de contener y como si la crisis económica que generaba fuera a ser leve . De ahí la creación improvisada de un bono tras otro, para aun así, no garantizar que los mismos lleguen a todos los que lo necesitan; de ahí que se haya definido bonos con montos insuficientes para que una persona –obligada a suspender sus actividades de sustento– subsista durante 25 días (duración inicial de la cuarentena) o más. De ahí también que las exenciones impositivas, el respaldo financiero a la Banca, la línea de créditos para cubrir sueldos, la agilización para la siembra de semillas transgénicas, lo único que logren sea beneficiar a algunos empresarios más que a la mayoría de la población. A estas imprevisiones del gobierno central debe sumarse la completa anomia de las gobernaciones departamentales (con excepción de la de Santa Cruz) y el letargo de los gobiernos municipales (con excepción del municipio de Oruro), instituciones que si no han quedado al margen solo han servido para disputar sus espacios de poder antes que para contribuir a la contención del virus. Esta improvisación de las medidas económicas y su corto alcance, explican el fracaso de la cuarentena. Es que quienes diseñaron y definieron dichas medidas olvidaron que la economía es más que las empresas, más aún en Bolivia, donde el 83% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaja en el sector informal y/o por cuenta propia. Así, dejaron de lado, que gran parte de esta población no tiene ahorros y menos capital, por lo que genera ingresos diarios variables, otros que generan ingresos semanales o mensuales, pero que dependen de los encargos o contratos que buscan/persiguen a diario; han olvidado también, que la parte de esta población que tiene ahorros y capital, igual depende del funcionamiento diario de su actividad económica para no sucumbir a la competencia o “comerse el capital”; en definitiva, no previeron que beneficiar a algunos empresarios y otorgar bonos, por lo demás miserables, no iba a lograr que la población que “vive al día” se quede en casa. Todo ello, ante la mirada pasiva y negligente de la mayoría de las autoridades regionales. Ante el fracaso de la cuarentena total, claramente señalado porque a 70 días de decretada la medida, la enfermedad del coronavirus –en vez de haberse contenido– está en plena expansión, fácil es culpar a la población que –en vez de quedarse en casa– ha salido a las calles a mantener su actividad económica o, si ésta ha sido anulada, a buscarse cualquier sustento. Este argumento fácil y conveniente, ya muchas veces expuesto por algunas autoridades, trata de deslindar las responsabilidades del Estado boliviano: quien ha ordenado cesar las actividades económicas no esenciales pero no ha garantizado los medios de vida necesarios para quienes se han perjudicado con dicha orden, en general personas que “viven al día”; quien ha ordenado el distanciamiento social pero no ha provisto ni los medios ni los protocolos necesarios para tal fin. En conclusión, la mayor parte de ese 83% de PEA que no tiene ingresos seguros y permanentes, aunque haya recibido alguno de los bonos, en los 70 días que va la cuarentena, han tenido que generar su sustento en condiciones más difíciles: esquivando las restricciones de movilización impuestas por el Estado, innovando sus procedimientos y/o productos para aprovechar de manera más eficiente las pocas horas de funcionamiento de la economía, y corriendo el serio riesgo de contraer la Covid-19. Es decir, han enfrentado la cuarentena, no solo abandonados por el Estado, sino en contra del mismo, incluso en contra de las actitudes amenazantes de los ministros de defensa y gobierno. Solos contra la crisis económica Otro de los objetivos a alcanzar durante la cuarentena total, aparte de contener a la Covid-19 hasta preparar al sistema sanitario, puesto que una cuarentena no puede ser prolongada, era reestructurar el funcionamiento del Estado y reorganizar el funcionamiento de las actividades económicas, de tal manera que la Población Económicamente Activa (PEA) –o parte de ella– pueda retomar sus actividades de forma que no atente las tareas de contención de la Covid-19 ni provoque brotes descontrolados de la misma; y de tal manera, que la crisis económica no asole las fuentes de sustento de la mayoría de la PEA, y en caso de que lo haga, construir el mecanismo social que evite que los afectados ingresen en la miseria. Es triste constatarlo, pero la realización de este objetivo ni siquiera está en el espectro mental de quienes hoy detentan los poderes políticos en Bolivia. Lo cierto es que la principal medida para enfrentar la crisis económica ya está en la mesa de discusión de muchos Estados, menos del boliviano. De hecho, ante el aumento del desempleo y las restricciones a las actividades económicas, casi todos coinciden en la necesidad de crear un ingreso mensual a ser otorgado por el Estado a toda la población vulnerable; la discusión recae en si dicho ingreso debe ser temporal o definitivo, en la delimitación de quienes deben recibirlo, sí debe ser condicionada o no, en la forma de financiarlo, etc. No, no es que no se estén discutiendo otras medidas económicas, pero la prioridad es proteger a quienes queden desempleados y, en países como el boliviano, a quienes sufran más las restricciones del distanciamiento social y la reducción del movimiento económico. También se discute, en particular en Latinoamérica, sobre la urgencia de brindar más prioridad a los sistemas de salud y, de ser necesario reformarlo para que más que un gasto sea considerado como un motor de la economía; la discusión está en si se lo hace con base en el modelo de la seguridad social, o de los seguros de salud privados, o aumentando el presupuesto público en este rubro, o combinando las distintas opciones. También se analiza una serie de mecanismos crediticos e impositivos para apoyar a las empresas, evitar que despidan personal y evitar que cierren. En todos los casos, las medidas económicas que están en análisis y se debate en el mundo, implicarían una participación activa y creciente del Estado y de sus instituciones. El problema en Bolivia, como casi en toda Latinoamérica, es la crónica debilidad económica e institucional del Estado y, como se ha visto líneas arriba, su completa inutilidad para enfrentar la pandemia y resolver los problemas que esta plantea. Mucho se ha argumentado que esa debilidad e incompetencia –tan patentes ahora–, se deben al despilfarro de los ingresos estatales y al abandono del sistema de salud por parte del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), sin quitar razón a estas afirmaciones, lo cierto es que el problema viene de mucho más atrás. Viene de la época en que se decidió reducir al Estado a su mínima expresión, allá a mediados de los años ochenta del siglo pasado; aunque lo que –en realidad– se hizo fue implantar un Estado que fomente la reproducción de las elites empresariales y facilite su acumulación de riqueza. Por ello, la fuente principal de ingresos del Estado, los impuestos, es cargada a la población en general y no al empresariado; por ello, el impuesto a las utilidades de las empresas no es efectivo y les es devuelto pasada una gestión; por ello, no existe en Bolivia el impuesto a los ingresos ni a la riqueza. Más grave aún, el Estado es tan funcional a las elites empresariales en Bolivia, que también las beneficia con la devolución de impuestos, la transferencia de los ingresos por recursos naturales, la provisión de infraestructura caminera y energía baratas. Cuando el MAS llegó al poder, esta estructuración y esta finalidad del Estado no cambiaron; por el contrario, en plena bonanza económica, los montos que fluyeron a favor de las elites empresariales aumentaron. Es cierto que el gobierno del MAS fundó, sin ton ni son, muchas empresas estatales, a cual más ineficiente e innecesaria; también es cierto que dispuso la otorgación de bonos condicionados, de montos miserables por cierto; empero, ello no significa que el Estado boliviano se haya fortalecido o que su presencia haya aumentado en el ámbito económico; en tanto los ingresos estatales provengan en su totalidad de la población común y las elites estén libres de pagar impuestos, en tanto los gastos e inversión estatales favorezcan más a éstas últimas que al conjunto de la sociedad, el Estado boliviano continuará siendo inequitativo y funcional a los grupos de poder económico, por muchas empresas que cree y muchos bonos que otorgue. Hoy, cuando la pandemia ha desnudado al Estado boliviano y podemos ver su raquítica realidad, el gobierno nacional no pretende cambiar esta situación. Ninguna de las medidas que ha asumido para implementar la cuarentena, ni ninguna de las que ha anunciado indican que quiera cambiar dicha situación. Lo extremo irónico es que cuánto más ingresos se necesita para enfrentar a la Covid-19, más exenciones tributarias aprueba el Estado; cuánto más ayuda necesitan los sectores más vulnerables de la población, menos atención se les presta y más restricciones y represión se les presenta. En este contexto, puede decirse que la mayoría de los bolivianos enfrentaran la crisis económica de la misma manera en que enfrentaran al coronavirus: solos, por su cuenta y a riesgo propio. Más y mejor Estado Aunque muchos fanáticos liberales no lo acepten, lo cierto es que en Bolivia, la mayoría de la población pobre genera su sustento y desarrolla su actividad económica al margen del Estado; es más, si tomamos en cuenta el rol de la burocracia estatal, puede decirse que una gran parte de esa población realiza su trabajo en contra del Estado. Esto no quiere decir que haya que renegar del Estado boliviano, sino que hay que ajustarlo y perfeccionarlo, de ello depende la conformación de una sociedad más justa y equitativa; es más, en épocas de crisis sanitarias con la consiguiente crisis económica, de ello depende evitar el caos del sálvese quien pueda.

ención, disponer de unidades de terapia intensiva, entre otros– también son esenciales para curarse de la Covid-19. Acciones e instituciones que hoy en Bolivia, con excepción del personal de los hospitales que están en primera línea, brillan por su ausencia o incompetencia.

Abandonados en la cuarentena

La incompetencia del Estado boliviano también se ha hecho manifiesta en las medidas económicas asumidas para implementar la cuarentena; medidas que fueron pensadas como si el coronavirus fuese fácil de contener y como si la crisis económica que generaba fuera a ser leve[2].

De ahí la creación improvisada de un bono tras otro, para aun así, no garantizar que los mismos lleguen a todos los que lo necesitan; de ahí que se haya definido bonos con montos insuficientes para que una persona –obligada a suspender sus actividades de sustento– subsista durante 25 días (duración inicial de la cuarentena) o más. De ahí también que las exenciones impositivas, el respaldo financiero a la Banca, la línea de créditos para cubrir sueldos, la agilización para la siembra de semillas transgénicas, lo único que logren sea beneficiar a algunos empresarios más que a la mayoría de la población. A estas imprevisiones del gobierno central debe sumarse la completa anomia de las gobernaciones departamentales (con excepción de la de Santa Cruz) y el letargo de los gobiernos municipales (con excepción del municipio de Oruro), instituciones que si no han quedado al margen solo han servido para disputar sus espacios de poder antes que para contribuir a la contención del virus.

Esta improvisación de las medidas económicas y su corto alcance, explican el fracaso de la cuarentena. Es que quienes diseñaron y definieron dichas medidas olvidaron que la economía es más que las empresas, más aún en Bolivia, donde el 83% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaja en el sector informal y/o por cuenta propia. Así, dejaron de lado, que gran parte de esta población no tiene ahorros y menos capital, por lo que genera ingresos diarios variables, otros que generan ingresos semanales o mensuales, pero que dependen de los encargos o contratos que buscan/persiguen a diario; han olvidado también, que la parte de esta población que tiene ahorros y capital, igual depende del funcionamiento diario de su actividad económica para no sucumbir a la competencia o “comerse el capital”; en definitiva, no previeron que beneficiar a algunos empresarios y otorgar bonos, por lo demás miserables, no iba a lograr que la población que “vive al día” se quede en casa. Todo ello, ante la mirada pasiva y negligente de la mayoría de las autoridades regionales.

Ante el fracaso de la cuarentena total, claramente señalado porque a 70 días de decretada la medida, la enfermedad del coronavirus –en vez de haberse contenido– está en plena expansión, fácil es culpar a la población que –en vez de quedarse en casa– ha salido a las calles a mantener su actividad económica o, si ésta ha sido anulada, a buscarse cualquier sustento. Este argumento fácil y conveniente, ya muchas veces expuesto por algunas autoridades, trata de deslindar las responsabilidades del Estado boliviano: quien ha ordenado cesar las actividades económicas no esenciales pero no ha garantizado los medios de vida necesarios para quienes se han perjudicado con dicha orden, en general personas que “viven al día”; quien ha ordenado el distanciamiento social pero no ha provisto ni los medios ni los protocolos necesarios para tal fin.

En conclusión, la mayor parte de ese 83% de PEA que no tiene ingresos seguros y permanentes, aunque haya recibido alguno de los bonos, en los 70 días que va la cuarentena, han tenido que generar su sustento en condiciones más difíciles: esquivando las restricciones de movilización impuestas por el Estado, innovando sus procedimientos y/o productos para aprovechar de manera más eficiente las pocas horas de funcionamiento de la economía, y corriendo el serio riesgo de contraer la Covid-19. Es decir, han enfrentado la cuarentena, no solo abandonados por el Estado, sino en contra del mismo, incluso en contra de las actitudes amenazantes de los ministros de defensa y gobierno.

Solos contra la crisis económica

Otro de los objetivos a alcanzar durante la cuarentena total, aparte de contener a la Covid-19 hasta preparar al sistema sanitario, puesto que una cuarentena no puede ser prolongada, era reestructurar el funcionamiento del Estado y reorganizar el funcionamiento de las actividades económicas, de tal manera que la Población Económicamente Activa (PEA) –o parte de ella– pueda retomar sus actividades de forma que no atente las tareas de contención de la Covid-19 ni provoque brotes descontrolados de la misma; y de tal manera, que la crisis económica no asole las fuentes de sustento de la mayoría de la PEA, y en caso de que lo haga, construir el mecanismo social que evite que los afectados ingresen en la miseria. Es triste constatarlo, pero la realización de este objetivo ni siquiera está en el espectro mental de quienes hoy detentan los poderes políticos en Bolivia.

Lo cierto es que la principal medida para enfrentar la crisis económica ya está en la mesa de discusión de muchos Estados, menos del boliviano. De hecho, ante el aumento del desempleo y las restricciones a las actividades económicas, casi todos coinciden en la necesidad de crear un ingreso mensual a ser otorgado por el Estado a toda la población vulnerable; la discusión recae en si dicho ingreso debe ser temporal o definitivo, en la delimitación de quienes deben recibirlo, sí debe ser condicionada o no, en la forma de financiarlo, etc. No, no es que no se estén discutiendo otras medidas económicas, pero la prioridad es proteger a quienes queden desempleados y, en países como el boliviano, a quienes sufran más las restricciones del distanciamiento social y la reducción del movimiento económico.

También se discute, en particular en Latinoamérica, sobre la urgencia de brindar más prioridad a los sistemas de salud y, de ser necesario reformarlo para que más que un gasto sea considerado como un motor de la economía; la discusión está en si se lo hace con base en el modelo de la seguridad social, o de los seguros de salud privados, o aumentando el presupuesto público en este rubro, o combinando las distintas opciones. También se analiza una serie de mecanismos crediticos e impositivos para apoyar a las empresas, evitar que despidan personal y evitar que cierren.

En todos los casos, las medidas económicas que están en análisis y se debate en el mundo, implicarían una participación activa y creciente del Estado y de sus instituciones. El problema en Bolivia, como casi en toda Latinoamérica, es la crónica debilidad económica e institucional del Estado y, como se ha visto líneas arriba, su completa inutilidad para enfrentar la pandemia y resolver los problemas que esta plantea.

Mucho se ha argumentado que esa debilidad e incompetencia –tan patentes ahora–, se deben al despilfarro de los ingresos estatales y al abandono del sistema de salud por parte del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), sin quitar razón a estas afirmaciones, lo cierto es que el problema viene de mucho más atrás. Viene de la época en que se decidió reducir al Estado a su mínima expresión, allá a mediados de los años ochenta del siglo pasado; aunque lo que –en realidad– se hizo fue implantar un Estado que fomente la reproducción de las elites empresariales y facilite su acumulación de riqueza. Por ello, la fuente principal de ingresos del Estado, los impuestos, es cargada a la población en general y no al empresariado; por ello, el impuesto a las utilidades de las empresas no es efectivo y les es devuelto pasada una gestión; por ello, no existe en Bolivia el impuesto a los ingresos ni a la riqueza.  Más grave aún, el Estado es tan funcional a las elites empresariales en Bolivia, que también las beneficia con la devolución de impuestos, la transferencia de los ingresos por recursos naturales, la provisión de infraestructura caminera y energía baratas.

Cuando el MAS llegó al poder, esta estructuración y esta finalidad del Estado no cambiaron; por el contrario, en plena bonanza económica, los montos que fluyeron a favor de las elites empresariales aumentaron. Es cierto que el gobierno del MAS fundó, sin ton ni son, muchas empresas estatales, a cual más ineficiente e innecesaria; también es cierto que dispuso la otorgación de bonos condicionados, de montos miserables por cierto; empero, ello no significa que el Estado boliviano se haya fortalecido o que su presencia haya aumentado en el ámbito económico; en tanto los ingresos estatales provengan en su totalidad de la población común y las elites estén libres de pagar impuestos, en tanto los gastos e inversión estatales favorezcan más a éstas últimas que al conjunto de la sociedad, el Estado boliviano continuará siendo inequitativo y funcional a los grupos de poder económico, por muchas empresas que cree y muchos bonos que otorgue.

Hoy, cuando la pandemia ha desnudado al Estado boliviano y podemos ver su raquítica realidad, el gobierno nacional no pretende cambiar esta situación. Ninguna de las medidas que ha asumido para implementar la cuarentena, ni ninguna de las que ha anunciado indican que quiera cambiar dicha situación. Lo extremo irónico es que cuánto más ingresos se necesita para enfrentar a la Covid-19, más exenciones tributarias aprueba el Estado; cuánto más ayuda necesitan los sectores más vulnerables de la población, menos atención se les presta y más restricciones y represión se les presenta.

En este contexto, puede decirse que la mayoría de los bolivianos enfrentaran la crisis económica de la misma manera en que enfrentaran al coronavirus: solos, por su cuenta y a riesgo propio.

Más y mejor Estado

Aunque muchos fanáticos liberales no lo acepten, lo cierto es que en Bolivia, la mayoría de la población pobre genera su sustento y desarrolla su actividad económica al margen del Estado; es más, si tomamos en cuenta el rol de la burocracia estatal, puede decirse que una gran parte de esa población realiza su trabajo en contra del Estado.

Esto no quiere decir que haya que renegar del Estado boliviano, sino que hay que ajustarlo y perfeccionarlo, de ello depende la conformación de una sociedad más justa y equitativa; es más, en épocas de crisis sanitarias con la consiguiente crisis económica, de ello depende evitar el caos del sálvese quien pueda.

[1] El momento en que se escriben estas líneas solo el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba informa que junto con el Colegio Médico de la región impartirán un curso virtual de “intubación y ventilación mecánica” a partir del 01 de junio. No hay nada parecido en el resto del país y menos organizado desde el Ministerio de Salud.

[2] Un análisis más detallado de estas medidas puede encontrarse en “La cuarentena es necesaria, las respuestas gubernamentales son insuficientes”