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Añez deroga el decreto incendiario, con otro decreto incendiario

Añez deroga el decreto incendiario, con otro decreto incendiario

Bolivia continúa sufriendo una cantidad considerable de incendios, principalmente en el oriente, además de registrarse, varios de ellos, en áreas protegidas y territorios indígenas. Si bien la magnitud de los mismos aún no alcanza a los de la tragedia de 2019, cobran importancia por el contexto respecto a la pandemia, la continuidad de las políticas favorables al agronegocio y los impactos que generó este suceso el año pasado. Los datos actuales de focos de calor no son despreciables y los reportes son bastante preocupantes. Hasta estos días, se han registrado varias hectáreas quemadas por los incendios y un crecimiento del número de focos de calor.

FOCOS DE CALOR EN BOLIVIA

MES

2020 2019
enero 5027 3794
febrero 2338 2439
marzo 4900 1659
abril 3871 2440
mayo 4998 4746
junio 5744 9502
julio 17990 16659
agosto 39721 120270
septiembre* 29848 63532
TOTAL 114437 225041
* contabilizados hasta el 15 de septiembre

Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2020). Instituto Nacional de Investigación Espacial – INPE: Banco de datos de focos de calor enero a septiembre de 2020. Basado en información del satélite VIIRS NPP – 375. Brasil

En este contexto, Añez cumplió con el anuncio de derogar el decreto supremo N° 3973 de julio de 2019, el decreto incendiario de Evo. El mencionado decreto modifica el art. 5 del decreto supremo N° 26075 de febrero del 2001, promulgado en el gobierno de Banzer, el cual realmente ordena el desmonte de SANTA CRUZ en propiedades privadas.

El anuncio fue realizado en San Ignacio de Velasco, en plena Chiquitanía y uno de los lugares que fueron y son afectados por los incendios. Para este efecto se promulgaron 2 decretos supremos, fechados el 16 de septiembre, los cuales son el 4333 y 4334.

El Decreto Supremo N° 4333 reza como articulo único: “Se abroga el Decreto Supremo N° 3973, de 9 de julio de 2019, que modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001”. Además de incluir una disposición transitoria que determina la realización de auditorias ambientales en torno a la responsabilidad provocada en la aplicación de la norma abrogada.

El Decreto Supremo N° 4334 señala, como único artículo, que:

Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, con el siguiente texto:

ARTÍCULO 5.- El desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan, estará sujeto a los instrumentos de gestión y ejecución, aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, de acuerdo a reglamentación específica.

En pocas palabras, la derogación del famoso decreto de marras, no es otra cosa que una medida que carece de sentido, cuando entra en escena el novel Decreto Supremo N° 4334, dado que, desde octubre de 2019, se encuentra vigente el Plan de Uso de Suelo del Beni, mediante Ley departamental 092 y ésta se pone en práctica a partir de la aprobación del manual de elaboración del Plan de Ordenamiento Predial, mediante Resolución Administrativa de la ABT Nº 129 del 10 de julio de 2020.

Santa Cruz cuenta con un Plan de Uso de Suelo, desde hace varios años, y el Decreto Supremo N° 26075 le otorgó todo el bagaje normativo que permitió la destrucción de la que somos testigos ahora.

Los decretos de Añez no tienen otro fin más que el show y demuestra que no existe la voluntad política que logre contener y evitar la actual situación de los incendios, puesto que seguiría vigente el mencionado decreto 26075 de 2001, mucho más flexibilizado, pues se delegaría la responsabilidad de definir donde se realizan desmontes a los cuestionados PLUS de Santa Cruz y Beni, este último gestado desde la época del MAS. El nuevo marco, promulgado por Añez, repite el objetivo del decreto derogado, vuelve a incluir a Beni en el esquema y permite extender el modelo depredador de la agroindustria cruceña, permitiendo el desmonte intensivo transformando/afectando radicalmente la estructura y funciones del suelo en este departamento[1].

La medida realizada no tiene ni tendrá ningún impacto real, frente a los incendios y la tragedia que vive y ha vivido el país, puesto que continúa vigente y activa toda una estructura política, logística y administrativa, además del paquetazo normativo, del que succiona el agronegocio que todavía continuará actuando sin reparo e impunidad.

 

[1] https://www.laregion.bo/bolivia-controversia-por-leyes-que-promueven-expansion-de-tierras-agricolas/

 

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