Vivanco critica ataques a ONG (Los Tiempos, 25.8.15)
Por Michel Zelada Cabrera – Los Tiempos – 25/08/2015
“Algunos gobiernos recurren a disparatadas teorías conspirativas para evitar rendir cuentas y distraer la atención pública sobre temas que les incomodan”, dijo José Miguel Vivanco director para América de Human Rights Watch (HRW) sobre las amenazas de expulsión que hizo el Gobierno a varias ONG. Vivanco habló con Los Tiempos de la ley de ONG, del necesario debate y otros temas.
Sobre el rol de las ONG, la legislación, derechos humanos y la defensa de los derechos fundamentales como la libertad de asociación o de expresión, habló José Miguel Vivanco en esta entrevista con Los Tiempos.
Parece que el Gobierno, al instaurar esas normas, rompe el límite y pasa a establecer políticas represivas en contra de organizaciones que cuestionan su gestión.
Sin ninguna duda, todos los gobiernos tienen derecho a regular las actividades profesionales que se ejercen en su territorio. Sin embargo, en una democracia las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importantísimo para promover debates abiertos y francos sobre diversos temas de interés público.
En este sentido, es indispensable que cualquier regulación sobre la actividad de las organizaciones de la sociedad civil esté dirigida a facilitar y no entorpecer su función. También debe ser redactada de manera precisa y no ambigua para evitar que se limite la capacidad de estas organizaciones de actuar independientemente.
¿Qué opina de las advertencias del Gobierno de expulsar a las ONG que cuestionan su gestión?
Uno de los principales aportes de las ONG es justamente darle visibilidad a los temas que les preocupan y, en muchos casos, ello supone el cuestionamiento de políticas públicas del Gobierno. Esto permite promover un debate público que es sano, y en el cual el Gobierno debería participar explicando por qué defiende las políticas públicas que se cuestionan. Atacar al mensajero, en vez de discutir sobre el mensaje, no sólo es antidemocrático, sino que muchas veces constituye una táctica para silenciar voces críticas y así impedir el debate sobre temas de interés público.
Uno de los argumentos del Gobierno para arremeter contra las ONG es que éstas serían una especie de “emisarias” de poderes extranjeros, ¿qué opina de eso?
Lamentablemente algunos gobiernos de nuestra región suelen recurrir a disparatadas teorías conspirativas para evitar rendir cuentas y distraer la atención pública sobre temas que les incomodan. Lo cierto es que cuando se trata de la protección de derechos fundamentales, como la libertad de asociación o de expresión, estamos frente a valores universales que no tienen fronteras y todos, tanto en Bolivia como en el exterior, tenemos el deber y el derecho a defenderlos.
¿Cuáles son las principales observaciones que tiene a la Ley 351, de marzo de 2013, que regula a las Organizaciones No Gubernamentales?
El problema principal de la ley y de su decreto reglamentario es que otorgan al Gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, el decreto permite que cualquier dependencia gubernamental solicite que se revoque la personalidad jurídica de una organización si cualquiera de sus representantes es sancionado penalmente por realizar actividades que “atenten en contra (de) la seguridad o el orden público”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional también podría solicitar que se revoque la personalidad jurídica en casos de “necesidad o interés público”.
La amplitud de estos términos abre la puerta al abuso y la arbitrariedad por parte de autoridades disconformes y con eso se pone en jaque el trabajo independiente de estas organizaciones.
CONTRA LAS DESCALIFICACIONES
¿Qué les diría al Gobierno y a las ONG para viabilizar un diálogo?
El Gobierno debe promover el mayor debate posible en temas de interés público y debería entender que las ONG juegan un papel vital para poner en la agenda pública temas incómodos o controversiales. Para que ese debate sea fructífero y útil debe basarse, desde ambos lados, en hechos y datos concretos y no en insultos, amenazas o descalificaciones.
¿Le parece correcto diferenciar ONG nacionales y extranjeras?
Si bien las organizaciones nacionales e internacionales podemos tener intereses comunes, como la crítica desde el ángulo de derechos humanos, es evidente que funcionamos diferente y podemos en algunos casos jugar papeles diferentes. No es un problema regular a ninguno de los dos grupos. El problema es hacerlo a través de medidas que dificulten el trabajo independiente de cualquier organización social, al margen del tipo de trabajo que haga o de que sea boliviana o extranjera.
José Miguel Vivanco
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, es un experto en América Latina. Antes de unirse a Human Rights Watch, trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA). En 1990 fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos. Vivanco también ha sido profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. El experto chileno publica artículos en periódicos de América Latina.
