Vicepresidente acusa a dos ONGs de ser financiadas por poderosos (Correo del Sur, 9.8.15)
El vicepresidente Álvaro García Linera denunció que las ONGs Tierra y CEDIB son financiadas por poderes extranjeros, para que «mientan» a los bolivianos y evitar que utilicen sus recursos naturales, en una nueva arremetida contra de estas organizaciones.
«Hay dos ONGs, una que se llama Tierra, y otra que se llama Fundación CEDIB. (…) Son dos ONGs financiadas por poderes externos, por países extranjeros, que se han dedicado a mentir, a dar datos falsos, a engañar, incluso hacen seminarios con los dirigentes y dan datos falsos», dijo.
En un acto de entrega de títulos ejecutoriales a comunarios del municipio de Cotoca (Santa Cruz), dijo que el objetivo de esas instituciones es «defender los intereses de las grandes empresas extranjeras» y evitar que los bolivianos utilicen sus recursos naturales para el desarrollo del país.
«Quieren que aquí en Bolivia no toquemos ni un solo árbol, nos convirtamos en guardabosques, esas ONGs no quieren que sembremos maíz, no quieren que sembremos caña, no quieren que sembremos soya, dicen ‘no hay que tocar la tierra, no hay que tocar los bosques, porque hay que defender la madre tierra’, eso nos dicen», denunció.
El Mandatario dijo que la Fundación Tierra es manejada por Miguel Urioste, un cooperador del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Mientras que la Fundación CEDIB, dijo, es dirigida por un grupo de «trotskistas, que se han vuelto verdes de un día para el otro», a quienes calificó de oportunistas políticos.
García Linera instó a los dirigentes agrarios a «tener cuidado» con esas fundaciones y ONGs, que sólo le mienten al país y pretenden favorecer a empresas transnacionales.
Asimismo, exhortó a los bolivianos a explotar su riqueza natural y sus tierras, con el cuidado correspondiente de la madre tierra.
«Los bolivianos vamos a cuidar los bosques, por supuesto que vamos a proteger, pero también tenemos derecho a producir alimento y proteger el bosque, producir alimento y proteger los ríos. Las dos cosas tenemos derecho a combinar», complementó.
El Vicepresidente destacó que en la actualidad 42 millones de hectáreas saneadas pertenecen a campesinos e interculturales y que sólo 6 millones de hectáreas están en manos empresarios, a diferencia de la última gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando los empresarios eran dueños de 39 millones de hectáreas y los campesinos tenían 13 millones de hectáreas.
«Nosotros decidimos el destino de nuestra tierra como bolivianos», finalizó.
ADVERTENCIA DE CIERRE
La sensación de que la propia existencia institucional está en riesgo también se extendió a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por nuevas normas que han sido demandadas ante el Tribunal Constitucional, pero también por amenazas directas.
La organización Human Rights Watch (HRW) hizo conocer el miércoles pasado al Constitucional una opinión jurídica a propósito de una demanda de la Defensoría del Pueblo que cuestiona una ley y un decreto de 2013 porque «otorgan al Gobierno amplias facultades para disolver organizaciones no gubernamentales».
Según el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, Bolivia «debería derogar inmediatamente estas restricciones para asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo libremente».
Denuncian presión contra los medios
Los medios y ONGs con una línea crítica o independiente frente al Gobierno de Evo Morales ven hoy amenazada su existencia; en el primer caso porque los excluyen de la publicidad estatal y, en el segundo, por normas que restringen su trabajo, afirmaron distintos actores.
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés y ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que le preocupa que los periodistas dejen sus puestos de trabajo «porque sienten que hay una presión desde la instancia de poder a sus medios».
Más allá de casos puntuales, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a la mayoría de los dueños y directores de medios impresos del país, hizo conocer una denuncia parecida en una carta enviada al papa Francisco cuando visitó Bolivia en julio pasado.
El Gobierno siempre defendió que en el país la libertad de expresión no está en riesgo, pero las denuncias en sentido de que el Gobierno usa la publicidad estatal para controlar los medios son frecuentes.
