Transnacionales petroleras conservan “posición dominante en el sector” (El País, 28.1.19)

“La anunciada nacionalización de los hidrocarburos se quedó en papel”, debido a “la persistencia de la dominación de los transnacionales petroleras, el constante desafío de encontrar nuevas reservas de gas, la alta dependencia de la renta petrolera para gastos públicos, el fracaso de la diversificación económica, y la degeneración política del MAS”.

Esa es la interpretación que tiene el investigador danés Jeppe Krommes-Ravnsmed, cuyo trabajo ha sido publicada en el último número de los Cuadernos de Coyuntura de Plataforma Energética, una iniciativa del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agraria (CEDLA).

Según Krommes-Ravnsmed, “la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos abrió el paso para la victoria de Evo Morales en 2005, el pueblo empobrecido esperaba por fin acabar con el saqueo de Bolivia. Pero los contratos firmados con las transnacionales en 2006 abrogaron la nacionalización”.

En aquel entonces se creyó que era posible lograr una independencia económica sin enfrentarse con las transnacionales, “pero en realidad, las petroleras han consolidado su posición dominante en el sector, y en un momento de desaceleración en la economía boliviana, el gobierno se ha visto empujado a cumplir una agenda que coincide muy bien con los intereses de las transnacionales”, agrega.

Ley de Hidrocarburos 3058

La actual ley de hidrocarburos es fruto del referéndum del gas de 2004, en el que los votantes aprobaron: la abrogación de la ley de hidrocarburos 1689 de Sánchez de Lozada, la recuperación de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano, la refundación de YPFB recuperando la propiedad estatal de las acciones de las empresas petroleras capitalizadas para que el Estado participe en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, y subir impuestos y regalías hasta el 50% del valor del gas extraído.

Actualmente, hay bastante consenso en Bolivia de que el periodo de bonanza económica entre 2006 y 2014, se debió básicamente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH, vigente desde 2005 con la Ley 3058), los altos precios internacionales del petróleo, y los mayores volúmenes exportados.

Limitaciones estructurales

“La debilidad de este modelo extractivista nuevamente se ha hecho visible cuando cayeron los precios internacionales que provocaron la caída abrupta de la renta petrolera en Bolivia a partir de 2014”, observa Krommes-Ravnsmed.

La respuesta inicial del gobierno frente a la caída de los precios del gas ha sido su intento de aumentar los volúmenes de exportación, mientras varios expertos pedían, al contrario, mantener una reserva estratégica para garantizar el mercado interno y los retrasados proyectos de industrialización.

Para intentar compensar el vaciamiento, ante la falta de exploración y de obligaciones contractuales de las transnacionales para explorar, el gobierno aprobó un paquete de normativas, como la Ley de Incentivos Petroleros y la creación del Fondo de Promoción a las Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

En su momento, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), advirtió que dicha Ley en los hechos creaba estímulos para que las trasnacionales extraigan hidrocarburos de manera intensiva, y no así para la exploración.

El entonces director del CEDIB, Marco Antonio Gandarillas, hacía notar que esa ley daba incentivos a la extracción de condensado, cuando éste en realidad “es una producción aparejada al gas natural, no hay un trabajo adicional y por tanto, tampoco costos adicionales, porque la mayor parte del condensado está producida en los megacampos de gas natural de San Alberto, San Antonio y Margarita”. De esta manera, ello “ya no sería un incentivo sino un estímulo a extraer con pérdida de hidrocarburos en Bolivia”.

Por otra parte, el polémico FPIEEH confisca el 12% del IDH que debiera destinarse a gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas, para incentivar también a la exploración. Sin embargo, desde su creación el año 2015, el Fondo ha acumulado más de 335 millones de dólares, que no se han utilizado según reconoció el propio Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez.

Es más, mediante un decreto supremo (No. 3722) dichos recursos fueron transferidos a finales de 2018 a otra cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB). Curiosamente, las Reservas Internacionales del BCB, que están sufriendo una caída imparable desde la crisis del petróleo, aumentaron de un día para otro en un monto similar al del FPIEEH. A su vez, el BCB presta las reservas internacionales a bancos y entidades de países desarrollados a tasas de retorno que bordean apenas el 1,5% anual.

Sea como fuere, el Director Ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE, entidad que aglutina la mayoría de las transnacionales que operan en Bolivia), Yussef Akly, le dijo al investigador danés que “para las petroleras, es una época muy complicada. Entonces, para atraer inversiones, el gobierno tiene que ofrecer condiciones que son realmente competitivas”.

La declaración revela que, en un contexto en que el gobierno boliviano de bajas reservas, bajos precios, mercados inciertos e ingresos disminuidos, son las “socias” transnacionales las que tienen la sartén por el mango.

Dominio transnacional

También el año 2015, el gobierno aprobó decretos que abren las áreas protegidas y territorios indígenas a la explotación petrolera, “agilizan” o debilitan la consulta previa y flexibilizan los límites sobre niveles de contaminación permitidos por las actividades hidrocarburíferas.

En los hechos, estos decretos amplían la frontera petrolera a casi 32 millones de hectáreas, en las que se encuentran en 11 de las 22 áreas protegidas de Bolivia (afectando más de 3 millones de hectáreas) y en 75 de los 223 territorios indígenas que hay en Bolivia, según datos de los investigadores Georgina Jimenez y Jorge Campinini del CEDIB, así como de la Fundación TIERRA.

Asimismo, según el ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dichos decretos vulneran 7 artículos de la Constitución y 5 tratados internacionales sobre medio ambiente y pueblos indígenas.

Por ejemplo, aunque en la Constitución se reconoce el derecho a la consulta previa, estos decretos establecen un máximo de 45 días para que las comunidades lleguen a acuerdos con las petroleras. Pasado ese tiempo el Ministerio de Medio Ambiente entrega la licencia ambiental a las empresas sea cual sea el resultado de las negociaciones, dado el carácter de interés y utilidad pública de estos emprendimientos.

Otro decreto (No. 2195, de 2014), ha establecido límites a la compensación económica para las comunidades afectadas que no superan el 1,5 % del total invertido en los proyectos.

Y el nuevo reglamento ambiental para el sector de hidrocarburos (aprobado en 2015) “permite un más alto nivel de contaminación petrolera que en el viejo reglamento de 2001 en cuerpos de agua con los llamados btex (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), que son algunas de las sustancias más peligrosas de los residuos de petróleo”, advierte Krommes-Ravnsmed.

A modo de síntesis de este panorama, el investigador danés revela que el director de la CBHE, en una entrevista el año 2016, le comentó que “el gobierno ahora entiende las necesidades que tienen las empresas”.

Contratos petroleros

Según explica la Fundación Jubileo, los actuales contratos petroleros firmados en 2006 establecen que las transnacionales se encargan del “upstream” (exploración, perforación y producción), y luego tienen que entregar toda su producción a YPFB, que se encarga del “downstream” (refinación y comercialización). Con lo que efectivamente YPFB no controla toda la cadena de hidrocarburos.

Pero además, como se afirma desde el CEDLA, CEDIB y otros centros de investigación, todos los riesgos de la inversión petrolera se transfieren a YPFB al reconocer la totalidad de los gastos de las empresas transnacionales: los llamados “costos recuperables”. Esto quiere decir que YPFB paga por los salarios, maquinas, gastos de transporte etc., de las empresas privadas.

Según cálculos de Jubileo, las transnacionales se han quedado con una ganancia de casi 800 millones de dólares en promedio cada año desde 2006 a 2016.

Asimismo, el decreto de nacionalización de 2006 determinó la realización de auditorías petroleras a todas las empresas que operaban en Bolivia. Estas auditorías, efectuadas por el ministerio de Hidrocarburos, revelaron que las empresas petroleras habían incumplido los contratos anteriores, hecho muy pocas inversiones, dañado el medio ambiente y los impuestos no pagados por evasión fiscal sumaron 1,74 mil millones de dólares.

Estas auditorías fueron desestimadas y guardadas por el gobierno y se firmaron los contratos sin tomarlas en cuenta para las negociaciones.

Todo esto “explica por qué estas empresas quieren ser ‘socias’ de YPFB, y eso demuestra que siguen saqueando a Bolivia. Las transnacionales han conservado una posición dominante en el sector”, argumenta Krommes-Ravnsmed.

Realidades

Si bien el actual ministro del sector, Luis Alberto Sánchez, afirma constantemente que Bolivia está bien encaminada hacia la “era del platino” de los hidrocarburos, otros afirman lo contrario.

Patricia Molina, directora del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), en conversación con el investigador danés, considera que la situación muestra que el gobierno ahora está “cumpliendo al pie de la letra una agenda impuesta por las petroleras”.

Para Krommes-Ravnsmed, una política hidorcarburífera responsable y nacionalista implicaría no hacer nuevos contratos de exportación de gas aunque se tuviesen las reservas suficientes.

“Se debería solamente extraer los hidrocarburos necesarios para el consumo energético del país y para proyectos de industrialización, que genera más valor y menos contaminación. Si se hace nuevos contratos de exportación, debería ser con menos volúmenes y como factor de negociación para obtener mercados para productos industrializados”, afirma el experto.

Breve acerca del autor

Difícilmente se podría calificar a Krommes-Ravnsmed como un extranjero injerencista o de derecha: su trayectoria de militancia en la izquierda de su país se complementa con su participación activa en la campaña Manos Fuera de Venezuela, que en 2014 defendió al presidente Nicolás Maduro.

De hecho, el investigador afirmó en aquel entonces que la lucha actual en Venezuela “forma parte de la lucha de clases a nivel internacional y es nuestro deber fundamental defender la revolución contra las amenazas golpistas”.

Actualmente advierte que aunque el gobierno del MAS ha recubierto sus políticas con “un discurso revolucionario”, pero “corre el riesgo de entrar en una crisis de legitimidad con los sectores sociales, porque su política extractivista ha exacerbado los procesos de acumulación por desposesión”.