Transgénicos en Bolivia: Una vieja alianza entre el gobierno y sus “enemigos”
El gobierno ha enviado al parlamento un proyecto de ley, donde a título de la protección de los recursos genéticos naturales se impone la introducción de transgénicos al país.
Para encubrir este hecho, en un párrafo que busca confundir al lector, se dispone que no se introducirán en el país semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es “centro de origen”. Puesto que en el país ya se cultiva maíz transgénico, está claro que este oscuro concepto “centro de origen” no protege este cultivo ni ningún otro porque, como ha revelado Miguel Crespo de Probioma, Monsanto y Syngentaya se hallan trabajando con los productores de quinua.
Aunque de verdad el gobierno se propusiera la protección de las especies originarias de Bolivia esto sería imposible porque ya se ha visto en los países donde se cultivan, que estos tienen la cualidad de contaminar o cruzarse con otras especies. Además hace mucho tiempo que ya han surgido centenares de “super malas-yerbas”, que son plantas resistentes a los agroquímicos que fueron creados para controlarlas, plantas que han sufrido mutaciones y que se multiplican sin control inutilizando grandes extensiones de tierra cada año, como por ejemplo, la amaranthus palmeri (genusamarant) que se ha tornado resistente a los herbicidas que se usan con los transgénicos.
Desde hace varios años el gobierno ha venido sosteniendo un discurso por los derechos de la madre tierra a nivel mundial, parte del cual arremete los transgénicos y los insumos utilizados en la producción moderna de alimentos, como las hormonas en los pollos, que, como dijo el Presidente Morales, harán que en unos cinco años todos los hombres queden calvos, además que estos compuestos, según dijo, hacían que los hombres “se pasen al otro equipo”.
Por todo lo anterior, el actual proyecto de ley para introducir transgénicos demuestra que este discurso no era sincero y los antecedentes se suman desde hace varios años. La Constitución Política del Estado aprobada por la Constituyente en Oruro, decía en su Artículo 408 “Se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”. Pero el gobierno lo cambió en una negociación con “sus enemigos” de la derecha en el parlamento resultando el Artículo 409 que dice: “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley.”. Es decir, se anuló la prohibición. También se hicieron cambios similares respecto a los agrocombustibles.
No obstante, el gobierno continuó con su discurso demagógico, pero, en marzo del presente lanzó a través de la estatal Azucarbol, una licitación para el diseño, construcción y puesta en operación de una planta de azúcar y etanol en Bermejo. También reactivó el ingenio de San Buena Ventura para producir agrocombustibles en base a caña y palma aceitera.
Con anterioridad a estos eventos, como consta en la prensa, en agosto del 2009 el gobierno hizo un pacto con los cañeros para brindarles su apoyo. Esto, después de conocer en una visita del entonces Ministro de Trabajo, Calixto Chipana y la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Julia Ramos, sus proyectos de producción de etanol. En esa oportunidad, Julia Ramos declaró lo siguiente:
“Pudimos ver el trabajo que se está desarrollando en esta industria. Estamos dando inicio a una labor conjunta, conocimos de cerca el trabajo y las necesidades del sector. Hacemos conocer nuestro compromiso para coordinar y trabajar juntos por una Bolivia digna, soberana y productiva”
Posteriormente, con la aparente intención de proteger el abastecimiento interno de azúcar, el gobierno prohibió su exportación, pero ocurrió algo muy extraño: primero, igualmente hubo escasez de azúcar y, segundo, el azúcar que le faltó al pueblo se fue al exterior en forma de etanol. Fue un negocio perfecto para los azucareros que por una parte exportaron y, por otra, el poco azúcar que le vendieron al pueblo fue a un precio muy superior.
La política que vemos hasta aquí, se suma al apoyo decidido del gobierno a la construcción de la IIRSA, es decir infraestructura energética y de transporte del modelo extractivista y el libre comercio en Latinoamérica. Esto es expresión del control que ha adquirido Brasil sobre la política medioambiental, de infraestructura y energía del país, con el objetivo de apoyar el saqueo de nuestros recursos naturales y el tránsito de los capitales transnacionales, sobre todo los que operan desde Chile y Brasil. Aquí también es clara la falta de honestidad con el pueblo, por una parte se hacen costosos alardes de llevar la causa marítima boliviana al tribunal de la Haya, pero por otra se sigue adelante con la carretera del Tipnis que fue acordada con Chile y Brasil en diciembre del 2007, cuando vinieron Bachelet y Lula a La Paz precisamente con ese objetivo.
Brasil por su parte se ha convertido en el mayor acreedor bilateral de Bolivia ¿por qué? Porque le presta plata a Bolivia para que construya la IIRSA, la infraestructura que el mismo Brasil necesita.
Todo ésto quiere decir que el discurso del gobierno boliviano sobre los derechos de la Madre Tierra y la Soberanía Alimentaria (ni hablar de la industrialización de los hidrocarburos) hace mucho tiempo que es falso. Por eso no es raro que Bolivia huya quedado aislada en Cancún, porque nadie cree en estos discursos. Los hechos muestran que el gobierno está poseído por una fiebre de proyectos gigantescos que entregan de nuestros recursos naturales a las trasnacionales, destruyendo el medio ambiente y la salud humana y anulando los derechos de la población, especialmente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. También es evidente que en el gobierno existe un increíble desprecio, ya no por la capacidad profesional, sino por los más mínimos conocimientos sobre lo que se está haciendo. Lo demuestra el hecho de que el Presidente en octubre del año pasado habló de hacer centrales nucleares, nada más ni nada menos que ¡con mercurio! Esto quiere decir que los intereses económicos han anulado cualquier preocupación y raciocinio por el bienestar de la población, por el medio ambiente y por Bolivia.
Aparte del medio ambiente y el bienestar de la población, hay otra víctima de esta política; es la democracia. Actualmente, las leyes se elaboran y aprueban sin que los proyectos de ley sean debidamente difundidos para la población. Están siendo anulados principios básicos de la democracia, como la participación del pueblo en el proceso legislativo y el derecho a disentir, por una parte, y por otra, la función fiscalizadora del parlamento, que se ha reducido a una tropa de levanta emanos sometida al ejecutivo como en los tiempos del Goni.
