«Tomatierras» meten presión en La Guardia y en San Carlos (El Deber, 04.12.2013)
La presencia de grupos de personas que buscan un terreno o en una parcela en La Guardia o en San Carlos busca consolidarse, ya que aseguran que estos predios no tienen su respectivo título propietario y por ello, en el primer caso (La Guardia) apuntan a comprar las tierras y, en el segundo (San Carlos), aseguran que cumplen con la Función Económica Social (FES).
En el km 9 de la doble vía a La Guardia, lado derecho hacia el barrio El Carmen, micros, minibuses, camionetas y motos sirven para el traslado de personas que han ingresado a unas 32 hectáreas de la urbanización Valle Verde. Hay mujeres, jóvenes, niños, hombres y varios perros.
En el lugar se venden refrescos y se instalaron carpas azules.
Se abrió un precario camino que sirve para hacer un recorrido del lugar. Cuando se les consulta qué hacen en estos terrenos, de inmediato forman un círculo y gritan que no son loteadores, tomatierras o ladrones.
El que parece el líder, que nos ordena no grabar y solo anotar, explica que Genaro Campos, que hoy a las 15:30 declarará en la Fiscalía de La Guardia, el supuesto apoderado de estas tierras, ofreció venderlas y ellos están dispuestos a comprarlas.
El inesperado vocero, de unas 280 personas, asegura que los que dicen ser los legítimos propietarios no cuentan con sus papeles respectivos.
Rigoberto Céspedes, asesor legal de los predios en conflicto, subrayó que estas tierras cuentan con la documentación correspondiente y que eso se demostrará ante la justicia.
Céspedes lamentó la lentitud de las autoridades locales para hacer respetar el derecho propietario.
Un viejo problema
En San Carlos (Buen Retiro), por el camino viejo a unos seis kilómetros antes de Santa Rosa del Sara, en la hacienda Santa María de Ochotú más de 200 personas -desde hace 10 meses- se encuentran en el lugar.
Desconfiados, nerviosos y de pocas palabras, este grupo asegura que ellos cumplen la FES y que los que dicen ser los propietarios no tienen sus papeles.
“No puedo hablar más, el encargado no está. Puede volver más tarde”, nos dice un joven de baja estatura, sombrero, pelo largo, mientras se aleja al interior del predio.
En el lugar se ve la tala de árboles y algunos signos de labores de siembra y cosecha.
Miguel Aguilera, el afectado por esta situación, asegura que estas 2.000 hectáreas las fue comprando durante 20 años y que en el lugar hay unos 3.000 bovinos nelore de alta genética (cada uno valuado en $us 3.000) que no los puede retirar porque los ‘nuevos ocupantes’ se lo impiden.
Aguilera, muy deteriorado de salud, con voz casi inaudible, se quiebra, llora y repite que lo están matando.
Su hija Viviana Aguilera, indica que el proceso de saneamiento está paralizado, que en cuatro oportunidades en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de La Paz le perdieron su carpeta y que apelará a una resolución que dice que estas tierras son fiscales.
Aguanta para no llorar y abraza a su padre que pide no afectar su actividad agropecuaria
CAO PIDE AL GOBIERNO ACELERAR DESALOJOS
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) insta al Gobierno a apresurar el proceso de restitución del Estado de derecho en las unidades productivas de la región afectadas por asentamientos consumados por grupos organizados.
A decir del titular de la CAO, Julio Roda, la paralización de las actividades agrícolas accionadas por los tomatierras está perjudicando la siembra de la campaña agrícola de verano de soya. Aseguró que la multiplicación de tomas y la inseguridad jurídica, además de quitar el sueño a los productores, está limitando el crecimiento de la frontera agrícola porque los cultivadores temen invertir para luego perder.
Por otro lado, pidió a la Policía, la Fiscalía y al Ministerio de Gobierno actuar con celeridad para aprehender y privar de libertad a los cabecillas de las tomas de tierras productivas. En su criterio, solo ejecutando esta acción cesarán las usurpaciones.
En el ámbito legal, en la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados se informó de que, por separado, los afectados presentarán a la comisión de fiscales del Ministerio Público sus carpetas para que investiguen los casos de tomas de tierras del que son objeto.
Según la CAO, con datos del INE procesados del último censo agropecuario, en la región suman 72 los predios afectados por tomas.
PUNTO DE VISTA
“Detrás de las ocupaciones hay muchos intereses y motivaciones”
Alcides Vadillo / DTOR. FUNDACIÓN TIERRA SANTA CRUZ
En las tomas hay diferentes intereses y motivaciones. Hay aquellos que se mueven con una motivación social y política para buscar generar liderazgo a través de la distribución de tierras a sus afiliados.
En la motivación política toman tierras porque deducen que resultaron de una apropiación fraudulenta o cuestionable, pero también hay motivaciones personales y económicas. Ingresan a propiedades productivas que tienen una importante escala de legalidad. En este tipo de predios los dirigentes y agrupaciones ven una motivación de oportunidad económica y es aquí donde creo que la dirigencia del agro tiene razón al acusarlos de ‘grupos delincuenciales’ porque ejecutan extorsión. Se meten y negocian la salida del predio a través de un pago de dinero. Esto es real.
Más allá de que una propiedad sea cuestionada en su legalidad, en su producción, lo que se debe hacer es preservar el Estado de derecho y eso significa respeto a la legitimidad e institucionalidad pública. Nadie puede tomar justicia por mano propia ni creer que porque la propiedad ha sido obtenida por fraude tomar la decisión de tomarla, repartirla o regalarla. Para eso hay una ley, un procedimiento y una autoridad. En este caso, el INRA debe definir los derechos y la legalidad de la propiedad.
Si bien los agropecuarios de Santa Cruz piden una ley, existe una norma que tipifica la toma de tierra como un delito penal de despojo y usurpación, y simplemente falta voluntad política de parte de las autoridades del Ejecutivo para hacer cumplir las leyes vigentes
