Suman las denuncias por asentamientos en Parque (Los Tiempos, 23.07.13)
CIUDAD | Los ambientalistas denuncian que detrás de las movilizaciones de pobladores denominados agrarios y de la mancomunidad existen intereses del negocio inmobiliario.
La presidenta de la Brigada Parlamentaria, Carmen Peredo, informó que cada semana se reportan de cinco a seis denuncias de avasallamientos en el Parque Nacional Tunari. Expresó que en lo que va de 2013 se registraron 70 casos de presuntos asentamientos ilegales por encima del límite del área protegida.
Peredo dijo que apoyará a las comunidades campesinas de la región andina con una ley que sancione los asentamientos.
Explicó que el apoyo consistirá en la simplificación de los procesos para la adquisición de fichas ambientales orientadas a garantizar servicios básicos, además de velar por sus derechos a la educación y salud.
Respecto a los asentamientos ilegales en la ladera sur, explicó que la ley será tácita con las urbanizaciones “mal llamadas sindicatos originarios agrarios” y se procederá al retiro inmediato de sus construcciones, debido a que afectan a los recursos hídricos de la zona.
Según el coordinador de Gestión y Monitoreo Ambiental (GEMA), Marcelo Delgadillo, manifestó que el Parque Tunari sigue siendo loteado: “Si se hacen amnistías jurídicas y se consolidan los asentamientos, van a provocar un gran daño, porque no van a afectar a 5.000 familias, sino a 1,5 millones de habitantes”.
El ambientalista instó al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) a actuar, en lugar de ponerse a hablar con los que quieren lotear (incluyendo a las comunidades campesinas), porque ha subido tanto el precio de la tierra ahí con la especulación inmobiliaria, que lo que quieren es vender, quieren meter eso más para hacer negocios y nadie los para”.
Los proyectos de ley para modificar el límite del parque, presentados por la asambleísta Soledad Delgadillo, la Federación Única de Trabajadores Campesinos y la Mancomunidad de Municipios, están paralizados.
“Habían varias actividades programadas para socializar el proyecto de ley, pero en unos casos se realizan y en otros se han suspendido”, dijo el asambleísta Marco Carrillo.
Explicó que ahora es necesario una nueva ley “tipo 1008”, sobre todo en la ladera sur, para poner freno a los loteamientos, que ponen en riesgo la zona de recarga de acuíferos.
“Es decir que, en mi criterio, debería ponerse un alto a la actividad de fraccionamiento o avasallamientos a la recarga de acuíferos”, manifestó.
Opiniones sobre las ocupaciones
Marcelo Delgadillo Coord. GEMA
Una vez que regularicen sus terrenos (con una ley transitoria u otra normativa), con esa ley transitoria van a empezar a crecer hacia arriba. En el fondo —los movimientos de protesta— responden a negocios inmobiliarios, loteadores y a algunas familias que se han estado beneficiando loteando. Eso debería sancionarse y debería actuarse con cierto rigor con la ley.
Carmen PeredoPres. Brigada Parlamentaria
Esta ley apoyará a todas las comunidades de la zona andina que son las que más preservan el parque, pero también son las que más restricciones tienen cuando se trata de tener servicios de electricidad o mejoramiento de escuelas porque tienen que presentar fichas ambientales que incluso duran hasta un año y medio. Queremos apoyarlas.