Ruinas incaicas, víctimas de los loteadores (Los Tiempos ,17.04.2013)
(Editorial)
La construcción de viviendas sobre un monumento arqueológico es inadmisible. Las autoridades tienen el deber de impedir que eso pase
A las muchas calamidades que desde hace algunos años ocasiona la caótica proliferación de bandas organizadas de loteadores que se han dado a la tarea de destruir cuanta área verde encuentran a su paso a lo largo y ancho de nuestra ciudad y sus alrededores, durante los últimos días se ha conocido la despiadada destrucción de la que están siendo objeto algunos de los sitios arqueológicos más importantes del país: los silos incaicos de Cotapachi y Kenamari, las famosas qollqas, uno de los pocos vestigios que queda de la presencia incaica en estos valles antes del inicio de la conquista española.
Según una serie de informes sobre el tema publicados recientemente en este matutino, de nada ha servido que en 2006 se promulgara, después de una muy ardua batalla dada por los defensores del patrimonio arqueológico de nuestro país, la Ley 3479 mediante la que se dio a las ruinas el rango de “Monumento Arqueológico Nacional”.
Como en muchos otros casos, las buenas intenciones de la ley quedaron sólo en eso, pues, aunque la norma legal instruía al Viceministerio de Desarrollo de Culturas y Turismo, a la Gobernación y a la Alcaldía, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Antropológicas y el Museo de la Universidad Mayor de San Simón, que realicen cuantas acciones fueran necesarias para proteger los sitios, en los hechos, como ahora se ve, ninguna de las tres instancias gubernamentales —nacional, departamental y municipal— hizo lo necesario para evitar que tan importantes sitios arqueológicos sean otra víctima de los avasallamientos de tierras y los loteadores.
En efecto, aún antes de que se hicieran públicas las denuncias sobre la labor destructiva de los loteadores, en estas páginas ya se advirtió sobre la manera negligente con que todas las reparticiones del Estado Plurinacional responsables de la preservación —en los hechos, y no sólo en los discursos— del legado precolonial, incumplían el mandato de la Ley 3479.
Ahora, cuando se sabe que a la dejadez y al descuido se suma la labor sistemática y fríamente organizada de gente que se ha dado a la tarea de destruir las bases de los silos incaicos para habilitar esos terrenos para la construcción de viviendas, nada justifica que el Viceministerio del área, la Gobernación del departamento y la Alcaldía de Colcapirhua —las tres instituciones a las que la legislación vigente hace responsables de la preservación de las ruinas— no asuman su misión con el máximo rigor.
A juzgar por los datos que ya son de público conocimiento, todo parece indicar que ya no caben las dilaciones, pues no hay nada que investigar dada la elocuencia de los hechos. La construcción de viviendas sobre sitios declarados “Monumento Arqueológico” es de una ilegalidad que no admite atenuantes y las autoridades no pueden ni deben eludir su obligación de hacer cumplir lo que manda la ley.
La inmediata demolición de las viviendas ilegales, y la sanción sin contemplaciones a quienes desde las instituciones estatales se hacen cómplices de este tipo de avasallamientos, son medidas cuya ejecución no admite excusas.
