Refundación de COMIBOL o nuevo DS 21060 (La Izquierda Diario, 1.7.17)

Sábado 1ro de julio

La Izquierda Diario entrevistó a Pablo Villegas N. investigador del CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia), ante el proyecto de cerrar definitivamente COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) y abrir una nueva empresa de minería y metalurgia. El proyecto busca borrar los vestigios de las luchas mineras del siglo XX, reducir personal y mantener la nueva empresa como botín político del gobierno.

LID: El gobierno ha declarado que se va a refundar COMIBOL para dejar atrás la empresa heredada del 21060 que la convertía sólo en administradora de contratos. ¿Qué opina?

PVN: Que esto significa que el gobierno se mantuvo once años obediente por propia voluntad a una normativa que no está vigente. Lo cierto es que el 24-7-2002 la ley 2400 anuló la prohibición de que la COMIBOL participara de la producción y desde entonces eso no ha cambiado. Con la 2400 Huanuni pudo retornar al patrimonio nacional, ¿sino como hubiera sido eso posible? La actual COMIBOL por tanto no es la heredada del 21060 sino la reconstruida mayormente por el actual gobierno. Esto ya hemos analizado en otra parte [1].

LID: Entonces cual es el objetivo que persigue el gobierno con esa falsa argumentación?

PVN: Es hacer creer que lo que hagan con la actual COMIBOL y sus trabajadores va a ser diferente del neoliberalismo y diferente al 21060 [2] y que aquel que se oponga es un derechista.

LID: ¿Qué es lo que plantea el proyecto de refundación?

PVN: Es un planteamiento mediocre para constituir lo que podría ser cualquier empresa. No hay nada de especial que genere algún cambio de importancia. Y está claro que el gobierno no tiene la capacidad ni política ni de gestión como vimos en los últimos 11 años. En cuanto a políticas p. ej., la ley “de minería y metalurgia” 535 del 2014 no tiene nada de metalurgia porque obliga a los mineros a vender sus minerales a las fundidoras en el país y cuando no las haya o sean insuficientes les permite exportarlos; o sea, lo que siempre hacemos, y esto convierte la “obligación” en un chiste. En este marco, el que en la nueva empresa pongan una Gerencia de metalurgia e industrialización sólo es otro chiste.

Sobre la capacidad de gestión basta recordar que en 11 años no hay un solo proyecto exitoso. Vean el ingenio Lucianita inaugurado sin instalaciones de agua ni dique. Estos 11 años muestran que no es este el gobierno que va a poder solucionar los problemas de la minería; por el contrario no ha hecho más que continuar con el despojo iniciado por gobiernos anteriores.

COMIBOL desde su creación debería ser la única entidad de estado a cargo de toda la minería estatal, no sólo la nacionalizada. Pero el gobierno actual la redujo sólo a las empresas a su cargo. Comparando con la COMIBOL del 21060, le arrancaron varias partes por ejemplo el Mutún que depende directamente del gobierno, igual que las unidades de exploración e investigación minero metalúrgica. ¿Qué empresa minera puede ser eficiente sin esas dos unidades?

La COMIBOL debería ser estatal y autárquica pero es dependiente enteramente del gobierno, no es estatal, es gubernamental, es un botín político. Y esto va aún más allá con el proyecto de refundación que crea la entidad liquidadora enteramente dependiente de una persona, el Presidente, que elegirá su directorio pero también al representante de los trabajadores en el mismo. Esto pone la minería, un recurso natural, propiedad del pueblo en un marco totalmente antinacional.

LID: Si la creación de la nueva empresa y de la liquidadora no tienen el objetivo que dicen. ¿Entonces cuál es el objetivo?

PVN: Partiendo del proyecto, al cerrarse la actual COMIBOL no se convertirá inmediatamente en la nueva empresa sino que quedará bajo la tuición de una entidad liquidadora.

Como sabemos con el cierre de la razón social los trabajadores quedan automáticamente despedidos. Y en este caso no tendrán posibilidad alguna de ser relocalizados inmediatamente a la inexistente nueva empresa que además terminará reduciendo en todo sentido sus filiales y personal. Los despedidos quedarán por tanto ante un muro llamado entidad liquidadora con la que no podrán negociar su relocalización. Es decir que lo único que garantiza este proyecto es el despido de los trabajadores, y que la refundación no es más que una estrategia para lograrlo. Quiere decir que estamos ante un nuevo 21060.

Notas:
1. Ver “El oro del tonto (II)..Huanuni “ http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/09/oro-el-tonto.pdf
La Ley 2400 (24-7-2002) de una parte anula la prohibición de que la COMIBOL intervenga directamente en la minería, y de otra, le manda asumir la dirección y administración directa de la minería nacionalizada; de los residuos minero–metalúrgicos; de las plantas de procesamiento y refinación, las hidroeléctricas y otras de su propiedad; del Cerro Rico de Potosí, sus bocaminas, desmontes y demás, respetando derechos preconstituidos; y también cuando los contratos adjudicados por licitación no se cumplan, particularmente en caso de quiebra, quiebra fraudulenta, impericia, e incumplimiento que atenten a los intereses del Estado. Se exceptúan las cooperativas mineras. El 31/10/2006 después de los enfrentamientos entre trabajadores estatales y cooperativistas que pretendían hacerse con la mina se promulgó el DS 28901 por el cual la COMIBOL, entre otras, apoyándose, en la L-2400, toma el control de Huanuni y todas las actividades mineras incluyendo la comercialización. (Art. 1) La fundición de Vinto fue revertida al Estado el 9/2/ 2007 (DS 29026). El 31/7/2007 la Ley 2400 es remplazada por la Ley 3720 que determina que COMIBOL participará directamente en toda la cadena productiva y administrará las áreas fiscales (Art. 1) pero ya no se menciona al Cerro Rico, ni los residuos, ni las plantas de propiedad de COMIBOL, ni su intervención cuando exista impericia y demás cuando los contratos no se cumplan; por el contrario dice: “Se respetan los contratos suscritos por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)” (Art. 2). Esto fue el inicio de la política para la minería estatal y en favor del sector privado que hoy nos pone ante el riesgo de un cambio estructural en el sector.

2. En 1985 el 21060 inició el cierre y privatización de las empresas estatales y los recursos naturales, y concluyó en 1997 con la venta final de las grandes empresas estatales. Hizo desaparecer la minería estatal y se despidieron unos 26000 trabajadores mineros estatales.