PRONUNCIAMIENTO COLECTIVO CASA – ORURO
COLECTIVO CASA – ORURO
La noche de ayer lunes, el presidente Evo Morales se vio obligado de anunciar la suspensión del tramo II de la carretera que proyecta atravesar el centro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), en tanto se realice un debate nacional y se someta a un referéndum en los departamentos de Beni y Cochabamba (en este último departamento se encuentra la mayor base social de sindicatos cocaleros que respaldan al gobierno). Así mismo deslindó su responsabilidad sobre la violenta intervención policial a la VIII marcha, asegurando que él no dio la orden; proponiendo la conformación de una comisión de investigación con instituciones de Derechos Humanos y organismos internacionales.
Este anuncio fue rechazado por las organizaciones indígenas que defienden el TIPNIS, anunciando su reagrupamiento y el reinicio de la marcha con rumbo a La Paz.
La postura del gobierno es un nuevo intento de maniobra y dilación, pues la demanda de la VIII Marcha y ahora también una demanda nacional es la cancelación definitiva del Tramo II de esta carretera, por los riesgos y graves impactos en los frágiles ecosistemas del TIPNIS, y las agresiones a los territorios indígenas y sus formas de vida.
De la misma forma, se rechaza el anuncio de un referéndum en Beni y Cochabamba sobre la carretera, porque la decisión final sobre los impactos al territorio indígena corresponde a los directos afectados en este caso a los pueblos indígenas que habitan esta zona, quienes ya han manifestado su rechazo al proyecto caminero, ejerciendo su derecho a la libre determinación que les reconoce la Constitución Política y la Declaración de las naciones Unidas.
En ese marco, el gobierno debe dar las plenas garantías legales y políticas, para que se respeten y cumplan los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política, evitando vuelvan a suceder nuevos atropellos en otras regiones y territorios indígenas.
El presidente no puede deslindar responsabilidades de su gobierno sobre la represión, por cuanto previo a los actos de violencia, la opinión pública boliviana fue testigo de una campaña de agresión verbal y desprestigio hacia los marchistas, encabezado por el propio presidente, así mismo no cuestionó, ni llamo al repliegue en ningún momento a los campesinos colonizadores afines al MAS, que habían organizado un bloqueo contra la marcha y amenazaron textualmente con “reventar” a cualquier indígena que se atreva a rebasarlos. Todos esos hechos previos fueron parte de una política consciente del gobierno y el presidente Evo Morales, contra la VIII marcha indígena, que derivó en los vergonzosos hechos del domingo 26 de septiembre.
En ese sentido, es justa la actual demanda de exigir la renuncia y castigo contra los ministros que estuvieron a cargo, como son el ministro de gobierno Sacha Llorenti, ministro de la presidencia Carlos Romero, ministro de obras públicas Walter Delgadillo.
Desde el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales COLECTIVO CASA, nos adherimos plenamente a las demandas de la VIII marcha indígena y la población nacional indignada.
Oruro, 27 de septiembre de 2011.
Fuente: Colectivo Casa
