Permiso para criticar (Página Siete, 17.8.15)
Óscar Díaz Arnau
La libertad de expresión era lo único con lo que no había podido arrasar el vendaval del gobierno seudodemocrático de Evo Morales. Venía resistiendo, aunque a duras penas, como un equilibrista en la cuerda floja. El vicepresidente García Linera dice que «nunca hubo tanta libertad de expresión como ahora”. En realidad, desde los tiempos de la dictadura, nunca hubo tan mala calidad de libertad de expresión como ahora.
Es apenas la gota que rebalsó el vaso, una estrategia nada nueva. Hace mucho que el Gobierno selecciona con ojo cínico —no clínico— dónde poner y no poner publicidad; ahora que periodistas independientes del peso específico de Amalia Pando y John Arandia han sido obligados a irse de sus respectivos medios, se encienden las alarmas y está bien.
Pero el debilitamiento de la democracia boliviana, en materia de libertad de expresión y de prensa, es un proceso progresivo que no comenzó ayer.
«Por supuesto que a algunos medios nosotros no vamos a dar recursos porque son para partidos y encima mienten”, ha dicho el Vicepresidente en una de sus declaraciones más taxativas, pues no admiten posibilidad de duda en cuanto a la decisión gubernamental de incurrir en el delito de discriminación (Ley 045).
Hay que ver el grado de desfachatez en el que con tan poca dignidad se han permitido caer, increíblemente sin empalagarse después de floreciente ramplonería decorando una lista interminable de expresiones autoritarias en menos de 10 años. ¿Ustedes creen haberlo visto todo? Pónganse cómodos que no debe haber país más misericordioso que éste: si mañana hubiera elecciones, tenemos ganador por goleada.
El argumento para que el Gobierno administre discrecionalmente los recursos de los bolivianos destinados a la publicidad, entonces, son dos: la mentira y el uso político de los medios de comunicación.
Muy bien. Supongamos que las afirmaciones de García Linera —hombre leído como pocos— tuvieran asidero. Que incluso las cuatro ONG señaladas con odio xenófobo hubieran podido incurrir en la política partidaria —desaconsejable por su condición de ONG— y que así, eventualmente, estuvieran en riesgo de seguir el camino de IBIS, a la que el Gobierno echó del país con ignominia. Sería interesante saber quién es el impoluto que determina qué medio miente y cuál dice la verdad, qué revolucionario método científico, idiosincrático o moral aplica antes de definir la distribución de la publicidad estatal, y, si fuera posible, conocer las pruebas que tiene el Vicepresidente para acusar a Milenio, Fundación Tierra, CEDLA y CEDIB de mentirosas y de ser financiadas para que desarrollen actividades político-partidarias en Bolivia.
Pero, nada más entretenido que saber cuál será el destino de Bolivia TV, Radio Patria Nueva, Cambio y sus repetidoras ATB y La Razón, ahora que el vicepresidente García Linera, persuadido como pocas veces lo hemos visto, ha anunciado que no habrá publicidad del Estado para los medios «que hacen política”.
Por la elocuencia de esa autoridad, los medios disonantes con el Gobierno no recibirán publicidad estatal. La más ordinaria de las personas está en su derecho a delinquir, violentando —si quiere— derechos humanos. Sólo debe saber que una justicia proba no estará lejos de caerle encima —tarde o temprano— con todo el peso de la ley.
«Nunca hubo tanta libertad de expresión como ahora…”. Amalia Pando no piensa como el Vicepresidente. «El Gobierno confunde la publicidad con la compra de conciencias”, dice ella. Y que «el Presidente cree que uno lo critica porque es su enemigo”.
Avanza la estrategia de la política que asfixia medios e infunde temor en los periodistas. Da la sensación de que se acerca el día en que tendremos que pedir permiso para criticar.
Óscar Díaz es periodista.
