Peleas por terrenos y saldo luctuoso (Opinión, 21.11.2014)
La primera responsabilidad para evitar la repetición de estos hechos que ya dejan muertos y heridos es de las autoridades, de los fiscales y de los jueces. De lo contrario seguirá la violencia y el odio y resentimiento.
Otro hecho recurrente que ya se convierte en algo endémico en Cochabamba, son los enfrentamientos por la posesión de terrenos. Los protagonistas, generalmente campesinos y gente de escasos recursos que pelean por la posesión de la tierra impulsados por intereses que se originan en una especie de nebulosa de derechos propietarios y la evidente falta de intervención de la administración de justicia.
Lo peor de toda esta situación, que además es la expresión de ausencia de garantías judiciales, es que se está ingresando a un estado de enfrentamiento, donde ya no solo se dirime mediante protestas, gritos, grescas y palos, sino que se emplean armas de fuego. La muerte de un comunario en la reciente pelea por terrenos en la localidad de Aramasí, una población situada entre los municipios de Punata y Villa Rivero, en el Valle Alto cochabambino, es la expresión concreta de que los enfrentamientos están ingresando a un escenario de extrema violencia.
Las peleas tienen casi siempre el mismo motivo: por un lado grupos de personas que reclaman su derecho propietario sobre determinada extensión de tierra, por otro, gente que pretende avasallar y en medio de estos, una especie de bandas que se han conformado y que operan desde hace mucho tiempo y que están integradas por abogados, funcionarios municipales y otros operadores, que se los conoce con el nombre de loteadores.
El derecho de la tierra, ha sido siempre un motivo de enfrentamiento, pero lo que está aconteciendo en el departamento es que existen factores externos a los problemas generalmente conocidos, y que son avivados, por la presencia de gente inescrupulosa que ofrece lotear determinadas extensiones para vender terrenos de diferentes extensiones, entre 300 y 500 metros cuadrados, para lo cual piden dinero a los potenciales beneficiarios, que ya forman parte de los grupos que pelean y que reclaman un pretendido derecho propietario, que en los papeles y en la legalidad no existe.
Otro elemento que configura estas situaciones de extremo peligro, por sus connotaciones luctuosas que hoy adquieren, es la no siempre oportuna intervención policial para restituir el orden, unas veces porque los enfrentamientos son planificados en horas de la noche y otras porque los policías son rebasados por la multitud de personas y generalmente porque la fuerza policial tiene un límite cuando se trata de reprimir a grupos de gente conformados por hombres, mujeres y niños.
En este cuadro que ya es reiterativo, en áreas urbanas, periurbanas, y ahora en sectores rurales de Cochabamba, la primera responsabilidad es de las autoridades departamentales que deben disponer la intervención de los fiscales del Ministerio Público para investigar cada uno de los enfrentamientos para dar con los instigadores y para apresar mediante los procedimientos legales a los loteadores, cuya presencia, ya no es una sospecha, sino una evidencia. Otra responsabilidad está en los administradores de justicia, que son los encargados de analizar los documentos de propiedad y fallar en consecuencia y desde luego, hacer cumplir estas decisiones judiciales.
De lo contrario, lo que ha ocurrido en Aramasí, la comunidad del Valle Alto, dejando el saldo de una persona muerta y varios heridos, pero también el odio y resentimiento entre los pobladores, formará parte de la violencia y de consecuencias de elevado riesgo.
