Parque Tunari: Viviendas invaden franjas de seguridad de las torrenteras (Los Tiempos, 25.05.2014)
En la ladera sur del Parque Nacional Tunari (PNT) ni las torrenteras se salvan del avance de las construcciones. Aunque el Programa de Manejo Integral de Cuencas (ex Promic) recomendó una franja de seguridad de 15 metros a ambos lados del canal, el límite se vulnera todos los días. Hay zanjas donde el margen de seguridad es menor a los tres metros.
El Promic puntualizó que la franja de seguridad a ambos lados del eje de una torrentera debía ser de 140 metros en su sección naciente (entre las cotas 2.650 y 2.750 msnm). Entretanto, en la cota 2.650 y las zonas canalizadas, es recomendable tener 70 metros como franja. La extensión disminuye al ingresar a las áreas urbanas, pues el margen a respetar es de 15 metros, en zonas canalizadas.
En un recorrido por las torrenteras de la ciudad de Cochabamba y conectadas con el Parque Nacional Tunari se constató que las torrenteras están asfixiadas por las construcciones.
En la torrentera Ukumayu, ubicada frente al Segip, en la avenida Circunvalación, se pudo observar puestos comerciales y restaurantes cerca del canal. Sin embargo, a medida que se sobrepasa el límite de la cota 2.750 msnm, se encuentran construcciones, como una cancha deportiva que no cumple con el margen recomendado.
En la torrentera Logustani, ubicada en el Distrito 2, entre Villa Taquiña y Candelaria, la franja de seguridad casi ha desparecido. Una gran urbanización se encuentra al lado derecho de la torrentera, a la altura de la avenida Segunda Circunvalación. Sin embargo, al lado izquierdo hay un espacio mayor de aproximadamente ocho metros, pero sin llegar a lo reglamentado.
La torrentera tiene al menos un trecho de cinco metros en los que su curso desaparece, en cercanías de la parada de la línea de transporte público 115. Después de pasar por este espacio, la torrentera vuelve a aparecer hacia el norte.
La torrentera Taquiña, la de mayor magnitud, contempla una distancia lateral de entre 5 y 10 metros. Por otro lado, en la torrentera la Pajcha, hay un margen de 15 metros. Pero en sus orillas, hay basurales y estructuras metálicas de arcos, que servirán para la construcción de una cancha deportiva.
En las torrenteras visitadas, la basura es una característica común. Existe una gran cantidad de bolsas plásticas, restos de comida y otros desechos. La acumulación de los residuos agrava la situación de los canales, sobre todo, en la época de lluvias.
NORMAS NACIONALES
Ante la falta de normas municipales para proteger las franjas de seguridad de las torrenteras, se aplican las reglas nacionales y departamentales.
En el país rige desde 2004 el Decreto Supremo 27864. El mismo establece que el margen de seguridad del eje de los ríos, riachuelos y torrenteras, es de 25 metros laterales.
La normativa departamental señala que el límite para las franjas de seguridad de las torrenteras es de 15 metros, sobre todo, en las áreas canalizadas. Por lo tanto, las construcciones al borde de las torrenteras y a una distancia menor no son recomendadas. Sin embargo, la realidad es distinta. En regiones, como Sacaba se han construido viviendas sobre torrenteras con el único reparo de que el muro se edifique por encima de la zanja.
FALTA DE CONTROL
Sin una norma municipal que establezca sanciones para quienes vulneran los márgenes recomendados es difícil ejercer un control efectivo de la seguridad en las torrenteras.
En el municipio, casi en todas las torrenteras, se incumple la normativa nacional y departamental, según informaron algunos funcionarios. En cuanto al río Rocha, tampoco se aplica la ley nacional. Además, cada quien puede interpretar las leyes desde el eje del río o desde los márgenes laterales. Aunque es más lógico que una franja de seguridad sea considerada desde la orilla, manifestaron los funcionarios.
Según la Ley de Autonomías Municipales, los 25 metros están establecidos como franja de seguridad para los ríos, en el área de mayor crecida, para evitar peligros de desbordes y salvaguardar a los asentamientos cercanos al lugar.
IDENTIFICARON 65 CUENCAS DE INFLUENCIA
El estudio sobre la hidrografía del PNT, realizado por el Ceplag de la UMSS, reveló que el área protegida cuenta con 65 cuencas con influencia en el PNT, trascendiendo sus límites hasta alcanzar una superficie de 4.068 km2.
Se identificaron cinco vertientes: la vertiente Sud-Sudoeste, que drena hacia los ríos Rocha y Tapacarí abarcando el 25 por ciento del PNT; la Noroeste, comprende los ríos Morochata, Yacanco y Pucarani, drenando 25,2 por ciento del parque; la vertiente Norte, correspondiente a la cuenca del río Altamachi, abarcando 22,7 por ciento; la vertiente Noreste, con el río Torreni Mayu drenando 12 por ciento del PNT; y finalmente, la vertiente Este comprende los ríos Pisli Mayu, Chulumani, Candelaria y Khenko Mayu, abarca el 12,2 por ciento del Tunari. En cuanto a las lagunas presentes en el área protegida se tiene que las mismas se sitúan entre los 3500 y 4816 msnm, comprendiendo tan sólo el 0,85 por ciento de la superficie del parque.
Sin embargo, el deterioro de las torrenteras se ha hecho evidente, sobre todo, en las zonas urbanas por la desnaturalización de los caudales, la acumulación de basura y la falta de un plan integral de atención.
SÓLO UNO DE LOS INCENDIOS DEL PNT FUE INVESTIGADO Y SANCIONADO
Fiscalía atiende 10 casos del Tunari
La Fiscalía de Medio Ambiente informó que actualmente investiga diez casos relacionados con incendios y construcciones en el Parque Nacional Tunari (PNT). La mayoría están tipificados como daño a bienes del Estado, debido a que se considera que las construcciones irregulares destruyen el hábitat de especies nativas y las áreas forestales.
“Tenemos en el Parque Tunari unos diez casos por asentamientos. Varios en Sacaba y en la Taquiña. Al menos seis de esos casos están a la espera del juicio oral”, señaló el fiscal de Medio Ambiente, Marcelo Villarroel.
Los retrasos en los casos de medio ambiente han sido frecuentes por la falta de fiscales y de continuidad del trabajo. Hay casos que están esperando al menos tres años, dijo.
La Fiscalía de Medio Ambiente atiende de 3 a 5 casos por mes. “En los tres últimos meses no ha habido casos del Parque Tunari”, dijo el responsable de esta repartición, Marcelo Villarroel.
El principal problema cuando se investigan los casos del Parque Nacional Tunari es que es difícil notificar a algunos comunarios, porque no dejan ingresar al lugar y son agresivos.
El investigador de la Fiscalía de Medio Ambiente, Felipe Condori, manifestó que las personas asentadas en el parque obstaculizan el trabajo de la justicia.
“Se hace todo el procedimiento, se saca citaciones, se va a notificarles, pero son reincidentes y agresivos. Hay personas que se aprovechan de los terrenos colectivos para nombrarse comunarios, cuando no lo son”, afirmó.
Incendios
En octubre del año pasado, un caso de incendio tuvo un procedimiento abreviado y obtuvo una pena de tres años, en enero. Una fogata no controlada “causó la quema de 50 hectáreas del parque”, informó Villarroel.
