Organizaciones y comunidades exigen cumplimiento de derechos ambientales e indígenas en contratos de litio | Aby Ayala (14.02.25)

En un pronunciamiento conjunto, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Solón, el CEDIB, el CEJIS, el AMCA, el CIDES-UMSA y representantes del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) de Nor Lípez exigieron el respeto a los derechos ambientales y de los pueblos indígenas en los contratos de explotación de litio en Bolivia.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó que la institución realiza un acompañamiento y monitoreo constante de la situación. “Hemos enviado requerimientos de informe a diferentes entidades del Estado, como la Cámara de Diputados, y coordinamos con instancias de la sociedad civil para garantizar que se escuchen las demandas de las comunidades afectadas”, señaló.
Callisaya remarcó la importancia de priorizar temas como la consulta previa, el acceso a la información y la transparencia. “Si no sabemos lo que está pasando en nuestros territorios, no podremos tomar decisiones adecuadas”, afirmó.
El pronunciamiento establece cuatro puntos clave:

1. Salvaguardas ambientales: Se exige garantizar la sostenibilidad del agua dulce y las salmueras, el manejo responsable de desechos químicos y la protección del ecosistema del Salar de Uyuni, del cual dependen las comunidades del TIOC Nor Lípez.
2. Consulta previa, libre e informada: Se demanda el cumplimiento del derecho constitucional y los estándares internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, para garantizar el consentimiento de los pueblos indígenas antes de cualquier proyecto en sus territorios.
3. Acceso y transparencia a la información: Se solicita que el Estado proporcione información científica, técnica, financiera y ambiental de manera transparente y oportuna, permitiendo al pueblo boliviano tomar decisiones informadas.
4. Evaluación de impacto ambiental estratégica: Se propone realizar una evaluación que identifique los impactos acumulativos y sinérgicos de los proyectos de explotación de litio, especialmente en la cuenca del Río Grande y los pozos de extracción de salmuera y agua dulce.

El pronunciamiento fue firmado por el Consejo Consultivo de Comunidades del Litio, representantes de la Comunidad Villa Candelaria, el Agente Municipal de Calcha “K”, el Sindicato Único de Trabajadores Campesinos Arenales, la Comunidad Arenales y el Agente Municipal de la Comunidad Ramaditas.

Este llamado busca que Bolivia establezca un modelo de explotación del litio basado en la sostenibilidad y la justicia social, respetando los derechos de las comunidades y protegiendo el medio ambiente.