El organismo espera un acercamiento de las partes y evitar la marcha. Los indígenas de tierras bajas señalan que no habrá diálogo si antes no se deroga la Ley 222.

Miguel A. Melendres / La Paz – 22/03/2012

Dennis Racicot espera que se dé un “diálogo constructivo”

El representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Dennis Racicot, confirmó que su entidad ha definido condicionar al Gobierno, su participación como observadora internacional, en la “consulta previa” definida en la Ley 222 sobre la construcción de una carretera que pase por el TIPNIS, a un diálogo previo con los indígenas que viven en la región.

“Hemos buscado un diálogo constructivo, acuerdos previos sobre la forma de la consulta con las organizaciones. Nosotros seguimos en esta misma línea que antes de participar, nosotros queremos ver que haya ese diálogo constructivo y que haya un acuerdo previo”, declaró ayer en una conferencia de prensa.

Con ello, Racicot espera que los problemas que se ciernen sobre el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se puedan resolver pacíficamente. Reconoció que el hecho de realizar la consulta es un paso importante para encontrar puntos de coincidencia.

El pasado 15 de febrero la coordinadora residente del Sistema de NNUU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, adelantó que su organización quería construir un “proceso de diálogo y confianza” con los actores que participarán en la consulta previa.

“Estamos dispuestos a aportar criterios técnicos basados en estándares internacionales, instrumentos legales que hay, pero primero que todo llamaríamos a ese proceso de diálogo y construcción de confianza”, dijo.

El martes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el Gobierno está dispuesto al diálogo con la dirigencia indígena -que anuncia iniciar una marcha el 20 de abril- para mostrar los criterios técnicos para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y la “consulta previa”.

Adolfo Chávez, presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), cerró cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno, sin que antes derogue la Ley 222.

“No tenemos nada que hablar. Si se anula la Ley 222 que está fuera de tiempo, recién puede haber algún diálogo. Mientras tanto, no podemos hablar de diálogo”, expresó el dirigente.

Consultado sobre la decisión de la ONU, el director regional del Centro de Estudios Jurídicos (CEJIS-La Paz), Iván Bascopé, dijo que le parecía grato ese pronunciamiento, pero “el Gobierno tendría que paralizar la consulta hasta que plantee una consulta previa, libre e informada como un requisito”, declaró.

“La Policía excedió en uso de fuerza”

Según el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, la Policía, que reprimió la VIII marcha de indígenas en Defensa del TIPNIS, excedió su fuerza en su intervención el 25 de septiembre pasado.

“(Los marchistas) enfrentaron distintos tipos de atropellos y, un día después de que el canciller (David Choquehuanca) fue obligado por los marchistas a caminar siete kilómetros, culminaron en la intervención policial. Miembros de la Policía recurrieron a un uso excesivo de la fuerza, a pesar de la presencia de mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad”, destaca el informe leído ayer por el representante de esa oficina en Bolivia, Dennis Racicot.

El informe señala también que la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas evidenció estancamiento, en particular con respecto a su derecho a ser consultados a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos y medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles.

Reconoció que el presidente Morales presentó excusas públicas al respecto.

El informe de las Naciones Unidas recomienda investigar exhaustivamente esos hechos, identificar a los responsables, juzgarlos respetando sus derechos a la presunción de inocencia como al debido proceso y sancionarlos.