“No hay Presidente en la región que no apueste por el extractivismo” (Página Siete, 23.9. 2012)

Expertos llegan a Bolivia para reflexionar sobre tipos de desarrollo

DESAFÍO  El reto para la región es pasar de un “extractivismo depredador” a uno ‘sensato’, dijo experto peruano.

Página Siete La Paz – 22/09/2012

Esta semana, de manera coincidente con los problemas generados por el conflicto en la mina Colquiri, protagonizado por el Gobierno y dos sectores laborales mineros, Página Siete conversó con expertos que llegaron a Bolivia para asistir, en Cochabamba, a un seminario sobre soberanía y extractivismo.

Página Siete.- ¿Cuál es el rol que juegan las empresas transnacionales en la región y en Bolivia, en la explotación de los recursos naturales?

Luis Nieto.- Las transnacionales que nosotros seguimos (españolas) y que sanearon sus finanzas gracias a la arcas del Gobierno español, se expandieron. Una parte llegó a América Latina, entre ellas los bancos y la Repsol. Con ayuda oficial, prepararon las condiciones para lo que nosotros llamamos el “segundo desembarco” en Latinoamérica, donde obtuvieron contratos en sectores estratégicos, con un máximo beneficio para sus accionistas.

Muchas de estas empresas no sólo que no respetan la soberanía y los derechos humanos en los países donde trabajan, sino que presionan por reducir las exigencias medioambientales. O también se manejan con dobles estándares, uno con más respeto por las normas, como en España, y en otros sitios, con mayor flexibilidad.

Página Siete.- Hay una crítica a las ONG –probablemente como las que ustedes representan–, que señala que se muestran defensoras de los derechos humanos, la soberanía y las áreas protegidas, cuando lo que podrían lograr es hacer de la región una reserva para una ulterior explotación.

Luis Nieto.- Es curioso, porque estas críticas provienen de personas que en su momento estuvieron en función de Gobierno y no hacían este tipo de críticas. En algunos países han llegado a decir que somos agentes de la CIA o respondemos a esos intereses.

Nosotros acompañamos los procesos de la gente, de derechos humanos, pero nunca hacemos intromisión en los países.

José de Echave.- En términos de la explotación de los recursos naturales, lo que ha sucedido en la región en los últimos 20 años no tiene antecedentes en buena parte del siglo. En 1990 la región recibía aproximadamente el 12% de las inversiones mineras mundiales, hoy es la principal receptora de las inversiones en el mundo, con 25%. Es una expansión en diversos ámbitos, pero también territorial y con ello se ha creado una fuerte conflictividad social y ambiental.

Y este fenómeno se reproduce en todos los países de la región, al margen de la orientación política de sus gobiernos; no hay ningún Presidente en la región que no sea extractivista y que no apueste a este modelo en el mediano y largo plazo.

Página Siete.- Si bien el extractivismo es una apuesta a mediano y largo plazos –como usted lo plantea señor De Echave–, ¿qué pueden hacer países como Bolivia para librarse de este destino?

José de Echave.- En los espacios de reflexión regional estamos analizando las posibilidades, partiendo desde el punto de vista del actual ‘extractivismo depredador’, de violación de los derechos humanos, etc. Lo que buscamos es una transición a un modelo ‘postextractivista sensato’. Hoy, el modelo es el mayor extractivismo en el menor tiempo posible, sea un Gobierno neoliberal, como Colombia o Perú, o gobiernos neoextractivistas como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estos escenarios de transición son el reto y pasan por el cambio de políticas públicas, con reformas sustantivas y de verdadero equilibrio social.

Página Siete.- ¿Cuál es el futuro del extractivismo en Colombia, ante tanto conflicto, incluso armado?

Berenice Celeyta.- Colombia mantiene el modelo extractivista de los años 50 que ha generado permanente conflicto social, además de tener un conflicto armado de las dimensiones del que tenemos en las últimas décadas.

La legislación minera de los últimos años permite que las corporaciones multinacionales se lleven más del 97% de las ganancias, en contra los derechos de las comunidades. Además, estas mismas instituciones han contribuido a generar violencia contra las propias comunidades. Lo preocupante es que estas grandes corporaciones se esconden en compañías locales.

En Colombia atravesamos varios otros problemas, como el desconocimiento de derechos étnicos; por ejemplo, la falta de reconocimiento a la consulta previa a las comunidades indígenas.

El ex presidente Álvaro Uribe es recordado por las acciones violentas en contra de los movimientos sociales y de derechos humanos; hoy el lenguaje es distinto con el presidente Juan Manuel Santos, pero la consolidación del mismo modelo neoliberal se da ahora, con la locomotora minero-energética.

El 70% del territorio colombiano está entregado en concesión a las grandes multinacionales, con minería a cielo abierto, que busca eliminar la ancestral minería artesanal. Hace poco, en la región del occidente del Cauca se firmaron 13 títulos en favor de la AngloGold Ashanti, una de las transnacionales más poderosas en el país, desalojando criminalmente a 1.200 personas que siempre vivieron en la zona.

Hay una permisividad del Gobierno colombiano con las transnacionales y el código minero está hecho para dar esa “apertura” al capital extranjero.

Mientras en Colombia se quiere hablar de un supuesto ‘posconflicto’ con la guerrilla, en realidad estamos en plena lucha por territorio, con ejecuciones, desapariciones forzadas, amenazas de líderes indígenas. El mismo tema de los movimientos armados se ha utilizado como pretexto para sacar a las comunidades de sus territorios. Es una lucha por el territorio; por ello la acción de los indígenas del norte del Cauca de sacar de su territorio a unos (guerrilleros) y a otros (militares que ocupaban el territorio en violación a los derechos indígenas) es fundamental en el análisis.

Marco Gandarillas.- Me gustaría volver sobre el papel de las ONG y otras organizaciones defensoras de derechos humanos y medioambientales. Se suele decir que Estados Unidos está detrás de todas estas organizaciones. Sin embargo, debe verse el dato de las exportaciones de los países para este análisis, para ver qué naciones tienen sus intereses en Bolivia. Nuestra principal fuente de recursos son los contratos energéticos y el país que está en ello es Brasil.

Estados Unidos hoy sólo compra estaño de Huanuni. No es importante en nuestras exportaciones. El extractivismo en Bolivia es cíclico y el último ha comenzado en 2004. En ese momento, el 60% de nuestras exportaciones eran materias primas pero cuando suben los precios, la exportación de estos productos aumenta al 90%.

La reprimarización de la economía se ha dado por los altos precios; pero se esperaba que un Gobierno que se dice antiimperialista y prosoberanía pudiera evitar la reprimarización para responder a las demandas del mercado internacional.

Se dice que el país está blindado, pero eso no es tan cierto; hoy, con la elevación del número de cooperativistas, una eventual caída de los precios puede producir un gran conflicto social, situación para la que no tenemos políticas públicas que nos protejan, somos muy vulnerables.

Página Siete.- ¿Cómo se ha visto desde afuera el proceso de consulta en el TIPNIS?

Bernice Celeyta.- La consulta ya es importante, pero no conocemos si las comunidades han sido realmente informadas con antelación a la consulta sobre las dificultades y peligros que representa el proyecto planteado.

Luis Nieto.- Bolivia no aparece mucho en las noticias en Europa, pero con el TIPNIS sí ha aparecido, pero no como una consulta previa –por los tramos de la carretera ya construidos–, sino como una consulta post. La represión a los indígenas sorprendió debido a la esencia indígena del Gobierno. Fue chocante dadas las exposiciones internacionales de Bolivia de defensa de los indígenas y de la Madre Tierra.

José de Echave.- A Bolivia se la ve en idas y venidas, el tema de la consulta del TIPNIS es un buen ejemplo. Por otro lado, uno escucha las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera y el discurso es muy parecido al de Alan García. No se advierten modificaciones sustantivas.

La sensación que queda es que se ven avances constitucionales importantes pero también retrocesos sustantivos en su ejecución práctica.

Página Siete.- ¿Cuáles son las preocupaciones que se advierten sobre los derechos de las comunidades indígenas?

Nadia Ruiz.- En el caso peruano, por ejemplo, nos preocupa la vulneración de los derechos de esas comunidades; la represión de los movimientos sociales incluso con armas letales. Se percibe una búsqueda por perpetuar el extractivismo, con una fiscalización dudosa de los ingresos. Y es un dinero que se puede emplear justamente para reducir la dependencia del extractivismo.