Naciones Unidas preocupada porque la consulta esté generando conflictos (Los Tiempos, 10.8.2012)
TIPNIS | Ministros se contradicen sobre acciones legales y presuntas órdenes de aprehensión contra los dirigentes indígenas que se resisten a la realización de la consulta en Gundonovia y otras comunidades
La coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, expresó ayer su preocupación por el rumbo de la consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), porque “un proceso que debería ser de diálogo, de búsqueda de acuerdos, más bien esté generando polémica y conflictos”.
La representante de las Naciones Unidas expresó esa preocupación a propósito de la resistencia de los indígenas a la consulta y la existencia de mandamientos de aprehensión contra los dirigentes que están liderando ese rechazo al proceso que lleva adelante el Gobierno desde el 29 de julio pasado para la construcción de una carretera a través del Tipnis.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, también expresó su preocupación por estos nuevos hechos y, en coincidencia con Yasukawa, exhortó al Gobierno a retomar el camino del diálogo con las comunidades del Tipnis y resolver las controversias dialogando.
Villena alertó que los procesos judiciales y las órdenes de aprehensión que se han anunciado contra los dirigentes indígenas complicarán aún más la actual situación.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó el miércoles pasado de la existencia de mandamientos de aprehensión, emitidos por la Fiscalía de Beni, contra al menos cuatro líderes del Tipnis, por obstruir la realización de la consulta.
No obstante, ayer salieron versiones contradictorias respecto a esta información.
Los dirigentes aludidos, entre ellos el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, y Joucy Fabricano, aseguraron ayer que no recibieron ninguna notificación de la Fiscalía, pero si buscaban detenerlos por defender los derechos de los pueblos del Tipnis, allí estarían.
Contradicciones
Sánchez ayer aclaró que la orden de aprehensión no era por su oposición a la consulta, sino por un juicio pendiente con la Gobernación de Beni, iniciado el 16 de julio, por enriquecimiento ilícito y falta de descargos de dineros entregados a los dirigentes para emprendimientos productivos y mejoramiento de carreteras.
Además, rectificó que los mandamientos eran contra Camilo Yuco, Alejandro Yuco, Adolfo Moye, Mario Miranda, Miriam Yuvanovic, Óscar Semo y Joucy Fabricano, dirigentes que se encontraban en Gundonovia y alrededores con la intención de impedir el ingreso de las brigadas para el proceso de consulta en esa región.
Por su parte, el fiscal de Distrito de Beni, Alejandro Cruz, afirmó que hay dos investigaciones por denuncias en el Tipnis, que todavía estaban en etapa preliminar y no había ninguna orden de aprehensión en contra de dirigentes indígenas, como aseguró Sánchez.
Una denuncia —dijo— fue presentada por el Servicio Departamental de Salud en contra de dirigentes indígenas, por las amenazas y agresión a personal médico en Gundonovia. Y la segunda denuncia era por la presunta injerencia de extranjeros en la consulta.
Adelantó que será conformada una comisión de fiscales que ingresará a la zona para investigar ambas denuncias presentadas en la Fiscalía de Beni.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que su despacho haya iniciado acciones legales contra los dirigentes. “No hay por qué entrar en un debate judicial, ni plantear ninguna acción legal, la consulta se está desarrollando con normalidad”, expresó Romero.
Contrariamente, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que se estaban siguiendo acciones contra dirigentes del Tipnis por haber recibido recursos del Estado ilegalmente y que éstos se estaban resguardando con el argumento de la resistencia a la consulta. Manifestó, además, que la Fiscalía debería iniciar acciones contra estos dirigentes por obstaculizar el ejercicio de un derecho democrático.
El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, señaló que la consulta del gobierno pasó a ser una consulta violenta porque viola la Constitución Política del Estado (CPE), normas internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y ahora inicia una persecución contra dirigentes que se oponen al proceso que no fue concertado orgánicamente.
Dijo que el gobierno más que llevar adelante la consulta, pretende cumplir un compromiso político con los cocaleros del polígono 7 del Tipnis y construir el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio de la zona ecológica.
Por: Redacción Central | Los Tiempos
