campaña El opositor MSM admitió que vende tarjetas con fotografías de la VIII marcha indígena a Bs 5 para recaudar fondos de apoyo a los indígenas marchistas.

Nancy Vacaflor / La Paz – 10/05/2012

El MSM conminó ayer al ministro de Gobierno, Carlos Romero, revelar cómo obtuvo la grabación de una conversación de la diputada Marcela Revollo y presentó una querella penal ante la Fiscalía por supuesto espionaje.

El Órgano Ejecutivo justificó el uso de dicho registro sonoro porque supuestamente la seguridad del Estado Plurinacional estaría en riesgo debido a los conflictos sociales que afronta.

La diputada Revollo afirmó ayer que “el ministro tiene que aclarar en qué condiciones y a qué precio introduce este sistema de espionaje, de persecución y violencia política contra mi persona y contra el MSM”.

Romero denunció el martes que el MSM financia la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS a base de una grabación en la que se escucha la voz de la asambleísta del MSM que supuestamente llegó a las oficinas del Ministerio de Gobierno.

“Este documento que lo recibimos el 16 de abril no era nuestra intención hacerlo público porque lo recibimos de manera confidencial, seguramente de alguien que accedió a esta información. La conversación revela una estrategia política y la coordinación de un financiamiento económico” dijo la autoridad.

La Constitución Política del Estado en los artículos 25 y 151 establece que toda persona tiene derecho al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, “salvo autorización judicial” y que los asambleístas gozan de inviolabilidad.

Bajo el amparo de estos artículos, ayer el MSM presentó al Ministerio Público una querella penal contra Romero por la violación de los artículos citados en el anterior párrafo y los artículos 22 y 23 del Código Penal.

Para el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, la difusión de la grabación, donde se escucha a la diputada Revollo que supuestamente maquina una estrategia política para financiar la IX marcha, se trata de un tema de seguridad nacional.

“Los temas que tienen que ver con la seguridad del Estado, la población boliviana tiene el derecho de conocerlos”, dijo.

Comparó el hecho con la difusión del llamado video soborno o el caso Unipol.

La autoridad rechazó que el Gobierno haya incurrido en un acto ilegal como fue la difusión de una grabación “confidencial” que no fue autorizada para ser grabada ni para ser difundida.

Sobre la denuncia efectuada de supuesto financiamiento a la IX marcha, la diputada Revollo reconoció que el MSM es parte de un colectivo de ciudadanos que realiza una campaña de apoyo a los indígenas marchistas con la venta de “tarjetas”.

Las tarjetas tienen un costo de cinco bolivianos y los recursos de las ventas serán enviados a los marchistas para cubrir necesidades como alimentos, médicos y otros. Anunció que esta actividad no será frenada.

Punto de vista

WILMAN DURÁN ex Pdte. del Tribunal ConstitucionalLa Constitución tiene un sentido de protección a la privacidad. La antigua Constitución tenía la idea de una protección absoluta de la privacidad; sin embargo, la nueva Carta Magna hace una regulación de este derecho y dice que se puede interceptar una comunicación privada previa orden judicial si se trata de conexiones delictivas, por lo que se tiene que demostrar que la interceptación se hizo para proteger bienes jurídicos.Estas escuchas telefónicas en todas las sociedades democráticas son desarrolladas en ese marco. Algo parecido ocurrió con (el ex presidente de EEUU, Richard) Nixon. El Gobierno realizó escuchas ilegales para saber qué hacia la otra agrupación política; en ese caso el Ministerio Público, de oficio, le siguió un proceso penal y lo condenaron.

Se debe investigar y la solución se debe dar en el marco de las leyes, eso es lo que se debe hacer en las sociedades democráticas. Los jueces y fiscales tienen un deber jurídico. En una sociedad democrática, el que debe comprobar que respeta la privacidad de los ciudadanos es el poder a los ciudadanos y no a la inversa.

El poder debe ser transparente y no puede violar la privacidad de los particulares sino tiene que velar y proteger ese derecho constitucional. Este caso es una situación muy especial y se debe investigar.