Masacre en la Amazonia peruana
Masacre en la Amazonía peruana
Un número indeterminado de muertos (38 según las organizaciones indígenas) y 169 heridos, muchos de ellos impactados por armas de fuego, es el trágico saldo de la incursión policial y militar que el gobierno ordenó desde las primeras horas del viernes 5 de junio. Si no se ha confirmado el número de muertos es porque el gobierno se ha propuesto ocultar las evidencias; la Coordinadora Nacional de Radio publica la denuncia del coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz, quien afirma que “los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón”. El dirigente amazónico Zebelio Kayap, también denuncia que los cadáveres estarían siendo quemados por efectivos policiales y arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo, en Bagua (Amazonas). Denuncias similares han sido recibidas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Miles de nativos se mantienen en pie de lucha en protesta por una serie de decretos que consideran atentan contra sus derechos territoriales y sociales, que los han llevado a bloquear carreteras y cerrar pasos en la zona. El gobierno peruano ordenó el desalojo a sangre y fuego de los piquetes indígenas que bloqueaban la carretera “Fernando Balaúnde” en Bagua Grande y Bagua Chica (Región de Amazonas).
El fondo del problema es que el Gobierno de Alan García pretende imponer las denominadas “leyes de la selva”, entre cuales el Decreto 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobadas en medio de graves irregularidades, en beneficio de transnacionales petroleras y grandes empresas como el Grupo Romero, así como el TLC con Estados Unidos.
Los pueblos amazónicos venían desarrollando una multitudinaria lucha social por la derogatoria de esas leyes que nunca les fueron consultadas, y sobre las cuales incluso varias instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo y una comisión del Congreso, se han pronunciado sobre su inconstitucionalidad. Ante la contundencia de la lucha amazónica, para desgastarla, el gobierno y el Congreso montaron una farsa de “mesa de diálogo” durante más de 50 días, para la cual ponía como condición que los indígenas abandonaran su posición de rechazo a la dicha ley.
La situación en Bagua sigue siendo de suma gravedad. «Hay mucho caos en el hospital, se están acabando las medicinas para atender a los heridos. La sede de la Gobernación ha sido incendiada, la sede del partido Aprista, la oficina de Sanidad, la oficina de la Policía. Se escucha balaceras, bombas lacrimógenas, etc.» informó un dirigente. El «apu» (jefe indígena) agregó que los helicópteros han arrojado bombas lacrimógenas contra los manifestantes y que ahora se están trasladando a la estación 6, de la petrolera estatal PetroPerú, para desalojar a los nativos.
El gobierno de Alan García ha ordenado proseguir la represión y no parar hasta doblegar la lucha indígena. Para ello ha decretado ampliar el Estado de Emergencia, con un toque de queda desde las 3 de la tarde. Pero García subestimó la lucha indígena, y no contó con que el ataque policial sería respondido firmemente por los piquetes de huelguistas. El dirigente Alberto Pizango denunció: «el gobierno de Alan García ha perpetrado la peor matanza de nuestro pueblo en los últimos 20 años». «El presidente Alan García es un genocida».
Las comunidades nativas tienen todo el derecho de defenderse por todos los medios que tengan a mano, de quienes las atacan en favor de la ganancia de las transnacionales. De todas las organizaciones de derechos humanos, se tiene que exigir inmediatamente se levante el Estado de Emergencia, cese la masacre desatada por la Policía y se deroguen los Decretos Legislativos del TLC que ponen en venta la amazonía.
¡Basta de criminalizar las luchas sociales!
¡Derogatoria de los Decretos que venden la amazonía!
