Loteadores irrumpen con violencia en un barrio de El Alto (Los Tiempos 08.06.2015)

Vecinos de Villa Rosario de El Alto denunciaron que ayer un grupo de enviados por supuestos “loteadores”, los amenazaron con dinamita y gases, los golpearon y quemaron sus viviendas con el objetivo de quedarse con sus terrenos. Añadieron que la violenta intervención dejó unas 120 casas incendiadas y cerca de 200 heridos, según Erbol.
La abogada de los vecinos, Elizabeth Quelca, dijo que es el cuarto ataque que se registra este año en esa zona.
“Han venido con fuego de arma, con dinamita, con gas. Estábamos adentro, a penas las ‘guaguas’ hemos hecho escapar. Nos decían que a todas las vamos violar. Han sacado las cosas que servían y se las llevaron, luego han entrado (a las casas) y han quemado”, relató Mónica Fernández, una de las afectadas.
Quelca indicó que los avasalladores aparecieron con maquinaria pesada para derribar las casas y que estaban armados con dinamitas y petardos.
“Los daños han sido graves. Los inmuebles han sido incendiados, más de 120 casas”, aseveró la jurista.
Justina Zegarra, otra afectada, aseguró que quedó sin nada tras el ataque. “Todo mi dinero, mis cosas están allí”, dijo.
Los vecinos aseguraron que son 300 familias que viven en el lugar y que unas 200 personas quedaron heridas tras la violenta irrupción.
“Estábamos tranquilos. Ellos han venido han venido con maquinaria y luego han comenzado a molestarnos y de pronto nos han golpeado (…) No tengo nada”, añadió el vecino Félix Miranda.
Los afectados afirmaron que los supuestos “loteadores” contrataron antisociales para la intervención.
La abogada informó que hay siete detenidos, quienes fueron sorprendidos con dinamitas, pero lamentó que los autores intelectuales sigan sueltos y amedrentando a los vecinos.
Las victimas apuntaron a Gonzalo P.T. como el principal responsable de la violencia. Lo acusaron de encabezar una “banda” dedicada al loteamiento.
Sobre el tema de avasallamientos, la pasada semana, vecinos del Distrito 7 hicieron público otro caso que involucra a un diputado nacional con al menos 65 denuncias por avasallamiento y despojo de tierras. Dichas denuncias fueron presentadas a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, pero ninguna fue atendida.