La SIP confunde libertad de expresión con libertad de empresa
(Agencias).- El gobierno boliviano y la Federación de la Prensa de La Paz cuestionaron el sesgado informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el estado de la libertad de expresión, el cual no menciona que la mayoría de sus afiliados mediáticos en Bolivia viola derechos laborales, no paga aportes a la AFPs y sobreexplota a sus trabajadores.
Durante una reunión el pasado fin de semana en Paraguay, la SIP advirtió que la libertad de prensa empeoró en el hemisferio en los últimos seis meses porque los gobiernos «populistas» intensificaron sus campañas de abuso y ridiculización de las empresas mediáticas.
Según la SIP, el presidente de Bolivia Evo Morales «mantiene los ataques y el escarnio a la prensa de su país», táctica que ha sido adoptada por otros jefes de estado como Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras, Álvaro Uribe en Colombia, Oscar Arias en Costa Rica, Álvaro Colom en Guatemala, Lula da Silva en Brasil y el gobierno de los Kirchner en Argentina. El ejemplo extremo es el gobierno de Uruguay, que se refirió públicamente a los periodistas como “gusanos”, “payasos” e “hijos de puta”.
Según el portavoz presidencial Iván Canelas, ese texto emitido por el organismo con sede en la ciudad de Miami, Estados Unidos, confunde la libertad de expresión, de la cual todos los bolivianos gozan, con la libertad de empresa.
Canelas afirmó que la SIP es una organización que aglutina a empresarios y dueños de medios de comunicación apegados a gobiernos de derecha, fundamentalmente. La SIP, que se autodefine como una entidad sin fines de lucro, insistió que promueve la defensa de la libertad de expresión, pero tiene una visión netamente empresarial distinta a la del trabajador.
La Federación de la Prensa de La Paz calificó de sesgado y miope el reporte presentado por los propietarios de los medios privados de información masiva del país a la SIP, ya que dejó de lado las agresiones a periodistas y medios en Santa Cruz y Chuquisaca, y las flagrantes violaciones a los derechos laborales de los periodistas.
La FTPLP recordó que el informe presentado por la delegación empresarial boliviana no tomó en cuenta las agresiones del alcalde cruceño Percy Fernández a una periodista de Unitel –hecho que derivó en una demanda judicial del ente sindical cruceño- ni los saqueos e incendios a medios estatales en Santa Cruz. El reporte tampoco menciona los ataques a periodistas y medios en Chuquisaca –entre ellos a Radio ACLO- por parte de grupos juveniles y cívicos.
La Federación lamentó que la SIP ignore que la mayoría los propietarios de medios en Bolivia no tengan al día sus pagos a la AFPs, sus serios retrasos en el pago de sueldos (hasta de tres meses), incurran en la sobre explotación laboral (jornadas laborales de hasta 12 y 15 horas) y que mantengan contratos civiles, dejando en la precariedad a sus empleados.
Por otro lado, el director del periódico estatal Cambio Delfin Arias denunció que ninguna organización de periodistas se pronunció contra la agresión al reportero Gonzalo Jallasi, quien fue abusado por policías que custodian la embajada de Estados Unidos. Jallasi fue detenido por una hora por el solo hecho de tomar fotografías del edificio de la sede diplomática en La Paz.
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