LA NUEVA CONSTITUCIÓN LEGALIZA EL SAQUEO DE BOLIVIA

La Paz, octubre 31, 2008.- La nueva Constitución Política del Estado, pactada entre el gobierno de Evo Morales y la derecha parlamentaria, preserva todos los privilegios y ventajas conquistadas por las transnacionales, las compañías privadas nacionales y los empresarios que explotan los recursos naturales y saquean Bolivia.

El artículo octavo de las “Disposiciones Transitorias”, incluido al final del texto constitucional señala que el Estado boliviano garantizará a las transnacionales y empresarios nacionales y extranjeros todos los derechos que hubieran adquirido hasta ahora, sin importar si éstos fueron concedidos por los gobiernos neoliberales o dictaduras militares que rifaron a vil precio las riquezas naturales del país y sin importar si estos beneficios se concedieron legal o ilegalmente.

El citado artículo señala textualmente que “en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano L

 egislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”.

Este artículo fue redactado de común acuerdo entre los parlamentarios del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Morales y los senadores y diputados derechistas.

Todos ellos aprobaron eliminar de este texto constitucional la mención que establecía que el reconocimiento de los derechos adquiridos de las transnacionales y empresarios sólo regía para quienes hubiesen obtenido estos privilegios de manera legal y de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

LA DEFECCIÓN GUBERNAMENTAL

En el anterior texto constitucional aprobado en diciembre del 2007 por la Asamblea Constituyente en Oruro se establecía, al igual que en el texto aprobado por el Congreso en octubre de 2008, que “las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico”. Sin embargo, el texto aprobado en Oruro advertía sobre estas concesiones, a diferencia del actual texto del Congreso, que “El Estado revisará y, en su caso, resolverá (anulará, NdR) aquellas (concesiones, NdR) que contravengan a la presente Constitución”.

Así, el artículo octavo oficialmente aprobado por el Congreso, reemplaza la frase “El Estado revisará y, en su caso, resolverá aquellas que contravengan a la presente Constitución”,  por la frase “La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”. En esta última frase se eliminó incluso la palabra “legalmente”, reemplazando los “derechos adquiridos legalmente”  por “derechos adquiridos”.

DESPOJO E IMPUNIDAD

Con esta disposición, y otras que protegen la inversión privada nacional y extranjera, todos los concesionarios de minas, campos petroleros, yacimientos gasíferos, tierras agrícolas y forestales, concesiones para generación y comercialización de electricidad, distribución de agua, transporte y otros, tienen aseguradas sus millonarias ganancias.

Así, por ejemplo, el Estado boliviano, con su nueva Constitución, no podrá desconocer los “derechos adquiridos” de las transnacionales mineras y compañías privadas nacionales que explotan sin piedad los yacimientos de oro, plata, zinc, hierro, estaño y otros, y que les permite exportar anualmente por encima de los 2 mil millones de dólares, pagando solamente un impuesto que oscila entre el 3 y 5 por ciento del valor bruto producido y exportado.

Este también es el caso de los “derechos adquiridos” por las explotaciones forestales y agroexportadoras que permiten millonarias ventas al exterior que benefician a los consorcios privados, los que pagan migajas al Estado y dejan tierras desoladas y sin capacidad productiva.

BENEFICIOS TRANSNACIONALES

Las disposiciones transitorias de la nueva Constitución consolidan, además, los onerosos privilegios y millonarias ganancias de los grandes consorcios petroleros, dejando en el limbo las “auditorías” que, de tanto en tanto, el gobierno de Morales intenta reactivar para sancionar a las transnacionales que inflaron sus costos e inversiones para pagar menos impuestos, que defraudaron tributos, violaron las leyes, incurrieron en delitos de contrabando y recibieron concesiones y reservas en condiciones ilegales e inconstitucionales.

Los directos beneficiados con esta nueva concesión constitucional son los pulpos de Repsol, Total, Petrobras, Shell, Enron, Vintage, British Gas y British Petroleum, Canadian Energy y Pluspetrol, que siguen ganando a manos llenas en la producción y compra – venta del gas como materia prima a un precio dos o tres veces por debajo del internacional.

En la minería, el gran beneficiado es el consorcio transnacional de Glencore del magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más corrupto del planeta”. En el 2005, la Glencore se convirtió dolosa y fraudulentamente en uno de los mayores operadores de la minería boliviana al recibir grandes yacimientos mineros de manos del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta operación se produjo cuando Sánchez de Lozada, derrocado por una insurrección popular en octubre del 2003, fugó a los Estados Unidos y sus bienes eran requeridos por el pueblo y la justicia boliviana.

OTRA DÁDIVA PARA LOS 100 CLANES

El artículo octavo también consolida, junto a otras disposiciones, los privilegios y derechos conquistados por los 100 clanes de latifundistas que se han apoderado de las mejores y más fértiles tierras de Bolivia. Estos 100 clanes son propietarios de más de 25 millones de hectáreas, muchas de ellas conseguidas fratuita y dolosamente del Estado al amparo del favor político, la corrupción y la ilegalidad en los gobiernos neoliberales y dictaduras militares.

Todos estos inmensos latifundios no serán tocados por el Estado, que intervendrá sólo en aquellos casos que estas tierras no cumplan una función económica y social. Con ello, el agro boliviano consolidará su doble cara: con inmensos latifundios en manos de pocos clanes familiares asentados en el oriente y los valles, y millones de campesinos atrapados en los minifundios y en la pobreza. Los datos oficiales revelan que los 100 clanes de latifundistas concentran cinco veces más tierras que dos millones de campesinos.