La marcha protege a niños y niega unión con la Policía (El Deber, 25-06-12)

TIPNIS. La columna parte hoy hacia Urujara, a 10 kilómetros de La Paz

Pablo Ortíz. La Paz

El campamento de Pongo parece una gran feria de gitanos. Se ven carpas por todos lados y mucha gente visitando a los indígenas, llevándoles bolsas con ropa, zapatos para que puedan sobrellevar al frío. También hay médicos por todos lados.
Si hace una semana la novena marcha indígena solo contaba con una profesional en medicina para atender a 700 personas, ayer había al menos 15 médicos, que vieron a un promedio de 30 pacientes cada uno, la mayoría aquejado por problemas respiratorios, por resfríos fuertes, bronquitis y neumonías.

Llegaron médicos desde la Alcaldía de La Paz, desde La Cruz Roja Boliviana, del Colegio Médico, pero también voluntarios del Hospital de Niños que prefirieron trabajar en su fin de semana libre. El trabajo coordinado de todos los profesionales permitió evacuar a ocho niños y una persona adulta aquejados por neumonía. Seis de ellos tienen menos de cinco años y serán internados en el hospital de Niños de La Paz.

Con ellos, suman más de 20 los menores evacuados del campamento por problemas respiratorios agudos. Para evitar más resfríos, los médicos también se preocuparon por buscarle zapato al que no lo tuviera y se abrieron decenas de fardos de ropa usada para proveer de abrigo a los marchistas.

Al lado del consultorio, con su hijo de seis meses en brazos, estaba Bertha Bejarano. La presidenta de la marcha anunció que hoy la columna partirá hacia Urujara. Serán 27 kilómetros que el año pasado demandaron 10 horas de caminata. Hoy cruzarán La Cumbre, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura cercana al cero. Ayer se veía un poco de nieve en los cerros y las caídas de agua totalmente congeladas.

Al llegar a Urujara estarán a solo 10 kilómetros de La Paz. Eso ha llevado a algunos políticos a especular de que la novena marcha indígena se unirá con la protesta policial para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales.

“Eso es falso. Nuestra marcha nada tiene que ver con la Policía, nuestra plataforma es orgánica y responde a los pueblos indígenas”, dijo Bejarano, que aseguró que el movimiento indígena no intenta desestabilizar al presidente, solo hacer respetar sus derechos.

Los que no estaban en la consulta médica o escarbando entre ropa usada, estaban lavando su ropa.  Afuera de las carpas, sobre los hules, la gente aprovechó el sol tibio que bañó el campamento para secar todo lo que se mojó en Chuspipata. Así, casi todo el piso del campamento quedó alfombrado por poleras, pantalones, ropa interior y colchas.

Mientras los mayores trabajaban, los niños y adolescentes recibieron un taller de malabarismo dictado por los artesanos que siguen a la marcha. Clavas, pelotas y cintas eran lanzadas con poco arte, mientras don Celso Temo y los músicos del Cabildo Indigenal de Trinidad los acompañaban con música.

A unos 10 metros, Juan, un dibujante español que sigue a la marcha desde Santa Bárbara, pintaba pancartas para las delegaciones de Tarija, el pueblo Tsiman y la juventud indígena. Tenía como ayudante a Luis, uno de los hijos de Juana Bejarano, dirigente de Bermeo. El niño se encargaba de pintar los patujús que dibujaba Juan. Tenían prisa. Todo el cotillón debía terminarse ayer para que cada pueblo esté bien identificado al ingresar a La Paz. Hoy no habrá tiempo para dibujar ni pintar, la caminata les llevará todo el día.

Tensión persiste en regionales
Johnny Rojas, presidente de la Central de Organizaciones de Pueblos de la Nación Guaraya (Copnag), denunció que las oficinas de esta regional de la Cidob fueron atacadas por personas que responden al anterior presidente, Eladio Uraeza, que fue desconocido por las bases luego de negarse a asistir a la novena marcha indígena, pese a que había firmado la convocatoria.

Rojas, que se encontraba en San Borja, contó que los hechos se dieron entre las 15:00 y 23:00 del jueves. Los desconocidos tomaron la oficina para saquearla, llevándose computadoras y quemando el resto de las cosas. Los atacantes fueron repelidos por leales a Rojas y por el barrio de Ascensión que alberga a la Copnag, ya que los cohetes de los agresores casi incendian tres casas de motacú. No pudieron sentar la denuncia por estos hechos, ya que la Policía de Guarayos está acuartelada y no confían en el fiscal del municipio, cambiado recientemente.

En la Central de Pueblos Indígenas de La Paz las aguas tampoco están calmas. Ayer Edwin Miro, presidente de dicha central, estaba reunido con los dirigentes presentes en la marcha y estos le pedían elaborar una resolución para denunciar que José Ortiz y el Gobierno están transgrediendo sus decisiones orgánicas de esta institución. Ortiz fue desconocido hace diez días por ocho de las nueve subcentrales de la Cpilap. El único pueblo que no participó de la reunión fue el de los araonas. No pudieron llegar a tiempo porque su territorio está aislado.

Denuncian al edil de San Borja

Jorge Áñez, alcalde de San Borja, y parte del pueblo tsiman fue denunciado como el principal incitador para que los familiares de Otilia Cunay Claros y Alejandro Cayuba Claros intentaran secuestrar a la comisión de la Cidob que llevó los cuerpos de las víctimas en el accidente del martes a San Borja.

Según relató Johnny Rojas, miembro de esta comisión, todo estaba listo para que los indígenas fueran velados en San Borja, donde los iban a declarar mártires de la lucha indígena. A último momento, personeros de la Alcaldía les avisaron que serían velados en las oficinas del Gran Consejo Tsiman, a cuatro km de San Borja.

Cuando la comisión llegó allí, los familiares de ambos fallecidos los estaban esperando con Áñez. Les ordenaron entregar las llaves de la camioneta que transportaba los cuerpos como parte de compensación por las muertes y trataron de tomarlos de rehén hasta que Adolfo Chávez vaya a liberarlos.

“Nos avisó uno de ellos, porque estaban hablando en su idioma. Una mujer se desmayó al ver los cuerpos y aprovechamos el momento para escapar a pie. Están esperando a Alonso Nate, esposo de Otilia, para matarlo, porque Áñez les ha metido en la cabeza que él es el culpable. Le pedimos ayuda al alcalde pero se hizo el opa”, relató Rojas.
EL DEBER intentó comunicarse con Áñez pero no respondió.