ayuda Los activistas defensores del medio ambiente enviaron un lote de alimentos, medicamentos, frazadas y otros utensilios para los integrantes de la columna.

Nancy Vacaflor / La Paz – 10/05/2012

La IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) aprovechará su permanencia en Puerto San Borja para revisar y hacer ajustes a la plataforma de demandas que incluyen la anulación de la Ley 222. El viernes pretenden retomar la caminata a La Paz.

El miércoles, los indígenas partieron a las 4:00 de la Estación Piscícola y a las 7:00 llegaron a Puerto San Borja, situado a 20 kilómetros de San Ignacio de Moxos, que es una comunidad del Territorio Indígena Multiétnico, donde tuvieron un recibimiento de los comunarios.

“Mañana (hoy) se va a realizar la evaluación de la discriminación e insultos de algunos grupos de San Ignacio (…) y se va a realizar ajustes a la plataforma de demandas que ya tiene ocho ejes. Se realizará algunos ajustes más, antes de entregar al presidente Evo Morales”, declaró ayer Rafael Quispe, ex mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo a Página Siete.

La Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano ya cuenta con una plataforma en la que la principal petición al Gobierno nacional es la anulación de la Ley 222 de consulta en el TIPNIS. Asimismo, plantean la modificación de varias leyes porque consideran que no existe una real y efectiva participación de los pueblos indígenas.

Citan por ejemplo la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la Ley del Tribunal Supremo Electoral y las leyes de los tribunales de Justicia, Constitucional y Agroambiental.

No descartan que hasta el fin de semana, máximo hasta la próxima semana, se presente el documento revisado al presidente Evo Morales, aunque Quispe también consideró que esto será innecesario porque está claro que exigen el respeto al TIPNIS con la anulación de la Ley 222.

La Ley 180 de protección al TIPNIS fue producto de la VIII marcha indígena que el año pasado se movilizó en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS, pero una segunda marcha protagonizada por el Consejo Indígena del Sur (Conisur) pidió anular esta norma y bajo presión el Gobierno también aprobó la Ley 222 de consulta previa.

Ayer se conoció que activistas en defensa del TIPNIS y del medio ambiente enviaron desde Cochabamba un segundo lote de alimentos, medicamentos y frazadas a los marchistas, según informó el activista Pablo Rojas.

“Las campañas de recolección de alimentos sobrepasan nuestras expectativas, lo que ratifica que la marcha indígena tiene el apoyo espontáneo de la ciudadanía”, sostuvo, según ANF.

La cooperación es enviada en un momento en que la IX marcha expresó las limitaciones que tenían como la falta de alimentos. Una nota de prensa hizo conocer que sólo contaban con dos bolsas de fideo.

Hicieron notar que en San Ignacio de Moxos no pudieron adquirir alimentos porque se les impidió el paso al pueblo y tampoco pueden pasar alimentos y otros recursos por ese lugar.

También se acusó a Rafael Quispe

El Gobierno del presidente Evo Morales no llegó a probar hasta ahora las acusaciones contra el ex dirigente del Conamaq Rafael Quispe y otros porque supuestamente mantuvieron contactos telefónicos con la Embajada de EEUU.

En agosto de 2011, el presidente Morales presentó en una entrevista con medios oficialistas un extracto de llamadas telefónicas en el que supuestamente dirigentes indígenas tuvieron contactos telefónicos con un funcionario de la Embajada de EEUU.

El Jefe de Estado entonces dijo que estas llamadas demuestran que el Gobierno del país norteamericano influye en la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS. “Hay (…) dirigentes que están engañando a sus compañeros de base, ONG que están aprovechándose y quienes se oponían en la Asamblea Constituyente, usando a niños, mujeres y embarazadas (en la marcha)”, dijo Morales.

Los dirigentes aludidos, entre ellos el diputado indígena Pedro Nuni, negaron tales contactos y demandaron que el Presidente demuestre sus acusaciones ante la justicia.

¿Cómo es obtuvo esta registro? ¿Se trató de un pinchazo? El Gobierno explicó que obtuvo un extracto de llamadas con un requerimiento de un fiscal.