Ministerio Público evalúa informe de UIF

DATO Según la defensa legal de la empresa india, la Fiscalía no tiene tuición para indagar el incumplimiento de contrato, esa situación debe definirse en un arbitraje.

Página Siete / La Paz – 03/09/2012

La defensa legal de Jindal presentó ayer un recurso de acción de incompetencia de la Fiscalía para investigar el incumplimiento de contrato para la explotación del Mutún y pide que el asunto se defina en un arbitraje.

“Hemos presentado una excepción de incompetencia, el juez en materia penal como el fiscal no son competentes para llevar esta investigación, porque el contrato firmado por Jindal con la ESM dice que cualquier controversia debe ser resuelta en un arbitraje”, explicó el abogado de Jindal, Jorge Valda.

El recurso fue presentado ante el juez décimo de Instrucción Cautelar, Carlos Guerrero, quien el pasado 19 de julio había instruido al Ministerio Público el allanamiento de cuatro oficinas de Jindal para secuestrar documentación que la empresa se negó a entregar.

Dos días antes el 17 de julio, la compañía india, mediante un comunicado oficial, decidió formalizar la ruptura del contrato de riesgo compartido con el Gobierno, firmado para la explotación de hierro en el Mutún.

El Gobierno acusó a Jindal de incumplir con la inversión de 600 millones de dólares por los dos primeros años de explotación de ese yacimiento.

Según Valda, la Fiscalía no puede actuar de oficio presumiendo un hecho (incumplimiento de contrato) que no se ha demostrado porque aún está en duda si el que incumplió es la Empresa Siderúrgica el Mutún (ESM) o la firma india. “Eso lo debe determinar un laudo arbitral, es en esa instancia donde se determinará quién y qué se incumplió, si no existe eso es ridículo pensar que el Ministerio Público pueda ejercer la función de defensor de la sociedad cuando actúa como abogado de la ESM”, precisó.

Congelamiento de cuentas

Valda confirmó que el pasado viernes las cuentas de Jindal en el banco Bisa fueron congeladas, al igual que las de sus ejecutivos, como parte del proceso por incumplimiento de contrato, sin embargo, la empresa no fue notificada con un requerimiento.

Esta decisión habría surgido a raíz de un informe emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Por eso se ha solicitado al juez Carlos Guerrero pronunciarse sobre la legalidad de esta medida porque la Fiscalía previamente debería demostrar pruebas de un hecho delictivo o emitir una imputación formal, dijo Valda.

El fiscal que investiga este caso, Aldo Ortiz, no quiso ratificar si se ha solicitado el congelamiento de cuentas de Jindal.

El representante del Ministerio Público simplemente confirmó que tiene en sus manos una nota de la UIF que recién la comenzará a analizar antes de emitir una declaración al respecto.

Añadió que las investigaciones financieras continuarán.

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