Informe: 66% de agresiones a la prensa provienen del Estado (Página Siete, 22.5.19)
El dato forma parte del reporte que elaboraron la ANP, Fundamedios y el Cedib de cara al Examen Periódico Universal de Bolivia, que será en noviembre.
Laura Maldonado / La Paz
De 92 casos de agresiones a la libertad de expresión que se presentaron en el país, en el último año, el 66% fue “promovido” desde el Estado, según un informe de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
“De los casos registrados en el 2018, que suman 92, el 66,3% (61 casos) fueron agresiones a la libertad de expresión promovidas desde el Estado”, se lee en el documento al que tuvo acceso Página Siete.
Los datos forman parte del informe sobre “el derecho a la libertad de opinión, de expresión y de prensa”, elaborado de cara el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia. El documento fue elaborado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Fundamedios y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
Además de la información sobre agresiones, en el reporte se mencionan otros puntos como la estigmatización del trabajo periodístico, la publicidad gratuita a favor del Estado y asfixia financiera, la judicialización penal del periodismo, entre otros.
En el documento se indica que los datos sobre agresiones a la prensa fueron registrados a través de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia de la ANP.
En ese texto se detalla, además, que de los 92 casos de agresiones a la prensa, el 5,4% fue promovido “al mismo tiempo” por el “Estado y privados”; y el 28,3% por privados.
“Llama la atención que conforme a estándares internacionales y la propia Constitución Política del Estado, que establece el deber y responsabilidad del Estado de defender y garantizar ese derecho, la responsabilidad de esas agresiones provengan en más del 66% de casos de este sector”, se lee en el informe.
Gonzalo Barrientos, diputado opositor, sostuvo que el “Gobierno es el principal agresor contra la prensa”. “Llamar a un periodista para presionar y lanzar esos criterios (de amedrentamiento) es evidente que está coartando la libertad de prensa. Es una violación a un derecho fundamental”, manifestó el diputado en relación a la llamada que recibió el periodista Guider Arancibia del ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Por otro lado, Rosa Chuquimia, diputada oficialista, expresó: “Siempre hemos tenido libertad de expresión. En algunas ocasiones, los ciudadanos inclusive expresan palabras gruesas ante nuestro Presidente, ministros y otras autoridades electas y nos hemos callado”.
Ocho años de registro
En el informe también se hace conocer que entre los años 2010 y 2018 se registraron 631 agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación. “Es la primera vez que la ANP está presentando un informe para el EPU”, sostuvo el director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez.
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, cuyo proceso implica un examen a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas sobre los avances alcanzados en materia de derechos humanos.
Aquella prueba se da cada cinco años. Bolivia será evaluada por tercera vez en noviembre de este año, indicó Marco Gandarillas, director del Cedib.
“Hay preocupación porque este modelo económico viola sistemáticamente los derechos humanos, como el de medioambiente, consulta previa a pueblos indígenas, los derechos de los defensores de derechos humanos, entre otros”, sostuvo Gandarillas.
En el informe mencionado se lee lo siguiente: “Los actores antes nombrados (ANP, Fundamedios y el Cedib) examinamos el cumplimiento por parte del Estado tanto de normativa, declaraciones y principios en el ámbito de los derechos humanos y, más precisamente desde la revisión del anterior Examen Periódico Universal al derecho a la libertad de opinión, expresión, información y prensa”.
