Gobierno vulnera fallo de consulta (5.7.2012, Los Tiempos)
CONSTITUCIONALISTA DICE QUE EL EJECUTIVO FIRMÓ ACUERDO SIN CONSENSO
El acuerdo logrado el martes por el Gobierno para realizar la consulta sobre la construcción de la carretera a Beni con supuestos dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), incumple la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la Ley 222, dijo ayer el abogado constitucionalista y presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, José Antonio Rivera.
Explicó que el convenio no fue firmado en consenso con todos los involucrados, condición impuesta por el TCP para declarar la constitucionalidad de la consulta “previa” en el Tipnis.
El Ejecutivo dijo que suscribió el acuerdo con 45 de los 63 corregidores del Tipnis pertenecientes al Conisur, zona colonizada del parque, Subcentral Sécure y de la Subcentral del Tipnis.
El documento no fue firmado por los dirigentes de la IX marcha, que llegó a La Paz hace ocho días pidiendo la anulación de la Ley 222 de consulta.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que dos tercios de los corregidores del Tipnis expresaron su decisión «categórica, indeclinable y explícita», para concretar la consulta, tomando en cuenta lo que establece la normativa internacional, la Constitución Política del Estado (CPE) y la sentencia constitucional que ratifica la legalidad de la Ley 222, como un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Dijo también que la aprobación de la consulta no significa la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Añadió que el Gobierno llama a los dirigentes de la IX marcha indígena, Fernando Vargas, Bertha Bejarano y Adolfo Chávez, a sumarse al acuerdo. Antes de la llegada de la marcha, el Gobierno se negó a dialogar con ellos por considerarlos ilegítimos y los descalificó señalando que estuvieron involucrados en tráfico de madera y narcotráfico.
Sobre el acuerdo, Chávez dijo ayer a Fides que los corregidores que firmaron el acuerdo usurparon la representatividad y además tienen titulaciones individuales en lugar de una titulación de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y añadió que no respeta el fallo del TCP que señala que sin consenso la consulta no es constitucional. “No puede primar lo cuantitativo”, dijo.
Rivera dijo que el fallo del TCP condiciona la consulta al consenso, “no al acuerdo con una parte o la mayoría” y que el fallo señala que “ese consenso debe construirse en un diálogo horizontal, en base a la buena fe, sin imposiciones ni condiciones de parte del Estado”.
Destaca que el fallo señala que si éste se incumple, los afectados pueden acudir a acción popular por violación de sus derechos ante un tribunal que, en este caso, podría disponer la suspensión de la medida que no logró consenso, es decir la consulta.
Más regalos al Tipnis
El presidente Evo Morales entregó ayer motores fuera de borda, generadores de luz y radios de comunicación a los representantes de ocho comunidades indígenas del Tipnis y recordó que estuvo en otras comunidades entregando los mismos regalos.
En su discurso, afirmó que el término intangible reconocido en la Ley 180, promulgada en octubre de 2011, impide la implementación de industrias, minería y carreteras en el Tipnis.
El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, dijo ayer que solicitará dialogar con el Presidente o con el Vicepresidente para buscar una solución a las demandas de los marchistas.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Óscar Aparicio, dijo que la Iglesia llama al diálogo y ofreció mediación eclesial en el conflicto por el Tipnis.
El colectivo Mujeres Creando convocó para hoy a las 09:00, en La Paz, a la marcha de las “Berthas”, en apoyo a Bertha Bejarano, presidenta de la comisión de la IX marcha indígena.
Por: Redaccion Central y Agencias Agencia
Intervención
Los representantes de la IX marcha indígena en defensa del Tipnis denunciaron ayer una “segunda intervención perpetrada por el Gobierno al movimiento indígena originario, con el intento de secuestro de compañeros del Consejo Regional Tisimane Mosetén (CRTM)”, según se señala en la página web de la Cidob.
El comunicado señala que la nueva arremetida del Gobierno Nacional se ejecuta “a través de operadores que perciben salarios para cometer este tipo de atentados”.