Gobierno teme ser enjuiciado si OAS no construye el tramo II (Página 7, 04-04-12)
La negociación esperará el veredicto de la “consulta previa” que se realizará a los indígenas entre mayo y junio, pero hay cláusulas que deben ser respetadas.
El Gobierno, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), expresó su temor de que la empresa brasileña OAS demande al Estado por daños y perjuicios porque fue separada de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. El presidente del directorio de la ABC, José Kin, adelantó que es muy probable que la empresa plantee daños y perjuicios por esa modificación y aunque espera que no suceda eso, el Gobierno tiene tomada la decisión de “reducir el contrato, reducir el monto proporcionalmente al trabajo que haga” porque “no le podemos pagar por un trabajo que no haga”. Asimismo anunció que se están renegociando las condiciones del contrato de obra que se firmó en agosto de 2008 con la empresa constructora brasileña OAS que debía construir los 306 kilómetros de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari. La renegociación, según Kin, se basa en el artículo 3 de la Ley 180, que dispone que esa carretera, como cualquier otra, no atravesará el Isiboro Sécure. En consecuencia, se busca que la franja o tramo II que cruzaría el parque natural se anule del contrato de obras y por consiguiente, la empresa no reciba los 139 millones de dólares especificados en el contrato de colaboración financiera firmado entre el Gobierno y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) de Brasil. “En cumplimiento del mandato de esa ley, se ha entrado en negociaciones con la OAS para modificar el contrato y sacar el tramo II. No podemos mantener el mismo costo por el tramo I y III como si fuera para todo el tramo original”, declaró Kin, en una entrevista con la red ERBOL. Añadió que este proceso de negociación que ya empezó, concluirá una vez se conozcan los resultados de la “consulta previa” (Ley 222) que se realizará entre el 10 de mayo y el 10 de junio. Si la obra continúa por el TIPNIS, dependiendo del contrato con el BNDES, la vía podría hacerla una empresa nacional. El fin de semana, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, y el presidente de la ABC, Luis Sánchez, afirmaron, cada uno por su parte, que OAS no iba a ser parte de la construcción del tramo II de la carretera entre Beni y Cochabamba. Hasta el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró que no existen recursos para el tramo II. El contrato ABC N° 218/08 GCT-OBR-BNDES para la construcción de la vía de 306 kilómetros, establece, según su cláusula vigésima segunda, que los términos y condiciones contenidos en el documento “no podrán ser modificados unilateralmente”. Además, la cláusula décima octava dice que el contratista “bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar total o parcialmente el contrato”. El contrato de colaboración financiera entre el Gobierno y BNDES establece que si el prestatario reduce parcialmente el crédito o lo cancela bajo exclusivo criterio, deberá pagar al banco el valor total del cargo por compromiso, relativo al monto reducido no desembolsado. Según Del Granado, se aplica la Ley 180 Ante las afirmaciones de autoridades gubernamentales en sentido de que la empresa brasileña OAS ya no construirá el tramo II de la carretera del TIPNIS, el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, dijo que el Gobierno estaría aplicando la Ley 180 que establece que ninguna vía puede atravesar ese parque. “Si no hay tramo II , se supondría, tratando de razonar con buena fe, que están aplicando la Ley 180, la ley corta, producto de la VIII marcha que el Gobierno pretende desconocerla con la falsa consulta, que señala que ninguna carretera pasará por el TIPNIS”, dijo Del Granado. “Si el Gobierno está procediendo legalmente, debería estar modificando los contratos y debería estar eliminando el tramo II de la contratación, debería estar negociando no sólo con OAS, sino también con BNDES (Banco de Desarrollo de Brasil”, añadió. Reiteró que lo que corresponde tras las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, y del presidente de la ABC, Luis Sánchez, es que el Gobierno muestre la modificación de los contratos de obra y financiamiento firmados por la entidad caminera nacional, la OAS, el BNDES y el Ministerio de Planificación. El MSM tiene abiertas acciones legales por contratos lesivos al Estado y la violación de derechos humanos contra el Gobierno.
