DATO NNUU planteó modificar la ley de consulta. Los indígenas desconfían y dicen que es una distracción.

Miguel A. Melendres / La Paz – 20/04/2012

A través de un anteproyecto de ley, el Gobierno planteará a la Asamblea Legislativa modificar la Ley 222 de consulta previa para retrasar este proceso que tenía que realizarse entre el 10 de mayo y el 10 de junio en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La decisión fue tomada, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, luego de recibir una carta de las Naciones Unidas (NNUU) en la que le sugiere formalmente al Gobierno flexibilizar las fechas establecidas para que la consulta “previa” se haga con más calidad y en un clima de mejor confianza.

“Como Gobierno, estamos atendiendo esa petición y vamos a enviar un anteproyecto de ley para darnos el tiempo necesario para que esa consulta goce de calidad, transparencia, información y, fundamentalmente, confianza. Hay que despejar todos los escollos de la desconfianza entre las comunidades y dirigentes de las subcentrales”, dijo.

La autoridad realizó estas declaraciones ayer, pero no dio detalles de la nueva fecha, después de acompañar al presidente Evo Morales y a un grupo de periodistas a un sobrevuelo en helicóptero por la zona del TIPNIS, donde se analizan alternativas para la construcción de una carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), que puede afectar esa reserva natural.

En oposición a ese proyecto, los indígenas de tierras bajas del país han realizado una marcha el año pasado y el 25 de abril se anuncia otra para exigir que el Gobierno desista de la obra.

El fin de semana, el representante en Bolivia del Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, sostuvo que había sugerido modificar la Ley 222 promulgada el 10 de febrero para ampliar el tiempo de realización de la consulta “previa”.

Manifestó que la propuesta fue comunicada la anterior semana a los representantes del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, en vista de que en la norma se establecen tiempos “muy rígidos” para el proceso.

“Nosotros hemos recomendado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como al Gobierno, de no encerrar ese proceso de consulta. Y si hay tiempos rígidos, la Asamblea podría adoptar una norma, modificando la Ley 222, para extender los tiempos, por ejemplo. Podría ser mejor”, dijo el funcionario.

Los indígenas de la zona del TIPNIS cuestionan el proceso que organizan los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente debido a que se lo quiere realizar posterior a la firma del contrato de obras que realizó con la constructora brasileña OAS para que el tramo pase por el núcleo del parque.

Desconfianza

Consultado sobre la decisión del Gobierno, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, manifestó su total desconfianza por el anuncio de Quintana.

“Eso es un amague nada más porque la ley sigue ahí. Ellos están tratando de frenar la marcha. Es sólo una distracción. Es uno más de los dichos del Gobierno, que está tratando de convencernos”, aseguró.

Hay denuncias sobre el tramo III

El diputado Pedro Nuni, en compañía de activistas defensores del TIPNIS, denunció ayer que hubo irregularidades en la consulta por el tramo III de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM).

De acuerdo con la denuncia, el Gobierno y la empresa brasileña OAS no realizaron de manera adecuada la consulta a las comunidades que componen el TIM, que se encuentra en el norte del TIPNIS, territorio por donde atraviesa el tramo III de esta carretera.

“La coordinación y realización de la consulta debía realizarse con el representante jurídico del territorio que es el TIM, dueño del territorio. Debía realizarse en cinco lenguas y después utilizar los usos y costumbres propios en un encuentro de corregidores, no se ha trabajado así”, denunció Pablo Rojas, voluntario en la campaña de defensa del parque TIPNIS.

La consulta a las comunidades del TIM no fue tal, sino sólo un “encuentro informativo”, a criterio de Rojas, quien lamentó que pese a ello se entregó a la empresa brasileña OAS una licencia ambiental por parte del Viceministerio de Medio Ambiente que posibilitó el inicio de obras de la carretera en este tramo.

También denunció que en las actas y listas de participantes de la consulta para este tramo figuran nombres y firmas de funcionarios de la ABC. Sobre el tramo I de esta carretera, indicó que se entregaron títulos ejecutoriales, pero algunas de las propiedades para uso agrícola han sido fraccionadas. «(ANF)