Flagelo social: Avasalladores de predios actúan sin ley en Bolivia (El Diario, 07.10.2013)

Entre los flagelos sociales más notorios que afectaron al país en estos últimos años fueron los avasallamientos que se originaron en todo el país, por ejemplo departamentos como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija y Pando, entre otros.

Ante esta situación, en enero de este año, el presidente Evo Morales promulgó en Santa Cruz la Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, oportunidad en la que el titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, le pidió al mandatario que para completar el círculo de la seguridad jurídica agilizara también los proyectos de ley de la Función Económica Social (FES) y contra los avasallamientos, de acuerdo al reporte de El Deber del 13 de enero de este año.

En mayo, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 367 que incorpora el delito de avasallamiento minero dentro del Código Penal y que establece una condena entre cuatro y ocho años de cárcel para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento o comercialicen recursos mineralógicos sin autorización de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Según el Código Penal, el avasallamiento es un delito penal que significa usurpación o apropiación indebida de un bien mueble e inmueble, pero hasta el momento las tomas ilegales de tierra continúan sin que autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia puedan efectivamente proteger la propiedad privada.

Santa Cruz

El departamento de Santa Cruz, fue uno de los más afectados con un total de 95 avasallamientos de terrenos, de los cuales se resolvieron 20 y aún 75 quedaron en conflicto, según declaraciones de Jorge Zambrana, presidente de la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (ASPP).

Zambrana, además, denunció hace dos días en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que algunos brigadistas que participan del Censo Agropecuario en los municipios de San Julián, San Pedro, Cuatro Cañadas y El Puente serían familiares de supuestos grupos de avasalladores asentados en las unidades productivas, lo que estaría generando susceptibilidad en el sector.

Ante este reclamo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) explicó que los empadronadores son oriundos de estas zonas y son el resultado de un proceso de selección de censadores.

“Hemos propuesto que al INE que se aperture una oficina en la ciudad, para que los propietarios puedan ofrecer la información de las unidades productivas de forma directamente”, sugirió Zambrana.

En Cochabamba

Por otra parte, en Cochabamba los avasallamientos de tierras afectan principalmente a las áreas verdes protegidas y terrenos de propiedad de terceras personas que no cuentan con la edificación de viviendas, situación que es aprovechada por loteadores.

Las faldas del Parque Nacional Tunari, la serranía de San Pedro, las lomas de Santa Bárbara (Ushpa Ushpa), terrenos detrás del cerro de Cota, áreas verdes en el municipio de Tiquipaya, entre otros lugares, son las principales zonas afectadas por los denominados loteamientos que posteriormente derivan en avasallamiento de tierras.

Según el concejal Edwin Jiménez, este factor se debe a la falta de control por parte de las autoridades locales, delimitaciones geográficas y problemas entre grupos de poder que se disputan la propiedad de las tierras, que al estar protegidos como reservas naturales, no pueden ser utilizados para la construcción de viviendas.

“Son tierras agrícolas, o reservas naturales como el caso del Parque Tunari que han sido loteadas y vendidas a terceras personas sin ningún tipo de documentos legales están construyen sus viviendas inclusive por encima de la cota 2.750 que protege el lugar”, indicó.

Tarija

Otro de los departamentos afectados a nivel nacional es la ciudad de Tarija, basta señalar que entre el 2006 y el 2012 cuatro zonas de la ciudad de Tarija fueron afectadas por asentamientos ilegales de tierra en la propiedad privada y pública. Se trata de: Las Barrancas, Pampa Galana, Torrecillas y Aranjuez, donde aún se registran más de 18 grupos de asentados, pese a las diferentes acciones legales que realizó el Gobierno municipal y las familias afectadas.

Según un reporte de la Alcaldía de Cercado, en la zona de Las Barrancas, desde agosto de 2006 hasta la fecha, se instalaron 14 barrios en el lugar, aunque continúa la disputa entre la familia Moreno, la Alcaldía de Cercado y la dirigencia de los asentados para determinar la propiedad, a pesar que ya se hizo apertura de calles, cuentan con energía eléctrica y es uno de los asentamiento consolidados en la ciudad.

En la zona de Pampa Galana, donde se tuvo hasta 12 barrios durante el 2008- 2010, a la cabeza de organizaciones como: Tarijeños en Progreso y el Movimiento 1º de Abril, a pesar que fueron desalojados aún mantienen un enfrentamiento con el propietario de los predios, Luis Fernando Ortiz.

En Torrecillas, el avasallamiento se registró entre el 2009- 2010, donde los asentados y propietarios de predios llegaron a un acuerdo, luego de enfrentamientos y la intervención de las fuerzas del orden.

En el 2011-2012, la zona de Aranjuez fue ocupada por más de 200 personas, a pesar de ser una zona protegida para parque y área verde, la cual es reclamada por el municipio y algunos propietarios del lugar, que luego de varios intentos lograron hacer efectiva la orden de desalojo emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el cometido, sin embargo algunos grupos persisten actualmente, en carpas y edificaciones precarias.

Pero no sólo el área urbana fue víctima de avasallamientos ilegales, también se registró asentamientos en el área rural en comunidades cercanas a la ciudad como: Monte Sud, Monte Centro, Monte Cercado, Sella Cercado, Sella Candelaria, Sella Quebradas, Obrajes, Obrajes Sud, Pampa Galana, Rincón de la Victoria, San Mateo y la Tablada.

El alcalde de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Óscar Montes Barzón, dijo que desde la Comuna se hicieron varios intentos por frenar este tipo de asentamientos, por lo que desde el Concejo Municipal, se aprobaron leyes y ordenanzas mediante las cuales se regula el uso de los predios fiscales. Sin embargo, la propiedad privada, tropieza con algunos vacíos legales.

La Ley Área Protegida Municipal Bosques de Aranjuez declara área protegida a la zona de Aranjuez-Obrajes establecida en el área urbana con una superficie de 96.7 hectáreas, además de interés público, paisajístico y medio ambiental del Municipio de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado.

También se establece que todas las personas naturales y/o jurídicas que incumplan la ley por avasallamientos, asentamientos, construcciones clandestinas, deforestación, apertura de vías, serán objeto de lo que prevé la presente ley y juzgados por la vía de administración ambiental.

El director de Ordenamiento Territorial, Álvaro Orozco, agregó que los conflictos de tierras privadas se deben aclarar en la justicia ordinaria, sin embargo dijo que la municipalidad a través de la ley 247 en su artículo 16 prevé que los gobiernos, locales, departamentales y nacionales deben evitar de toda forma posible los asentamientos.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Asentamientos Humanos de Tarija, Porfirio León, asegura que el derecho a la vivienda propia es una demanda generalizada en Bolivia, por lo que se hace gestiones con el Gobierno Nacional para que se pueda ofrecer alternativas y facilitar a las familias de escasos recursos acceder a una vivienda.

“Son 17 barrios que están tramitando su regularización cumpliendo las normas, el registro y haciendo vida orgánica”, reveló.

Oruro

Oruro es el centro del “robo y venta de terrenos ajenos”. Los avasalladores son miles, que se organizan en grupos, armados con palos, recorren la ciudad en busca de terrenos, encuentran, lo dividen y se distribuyen, sin tener planos aprobados por la Alcaldía Municipal, construyen una casita precaria y después lo venden al mejor postor.

La práctica delictiva se aplica desde el 9 de junio del 2006, cuando el tribunal de la entonces Corte Superior de Justicia ordenó el desalojo de los avasalladores de la zona Este, pero “el exprefecto, Luis Alberto Aguilar, en combinación con la Policía, en vez de efectuar ese trabajo, llevó a los uniformados a la zona Sur y ocurrió el primer enfrentamiento, donde murió el policía Santiago Orocondo, que vestido de civil, también estaba apoderándose de un terreno”.

En la zona Este, hay 20 mil personas que se apoderaron de los terrenos de la familia Urquidi, de los cuales 18 mil han transado con los dueños, para pagar por el terreno.

La Alcaldía Municipal ha logrado consolidar 16 urbanizaciones, para que los dueños legalicen su derecho propietario y los avasalladores compren los terrenos. Las otras supuestas urbanizaciones iniciaron trámites judiciales, mediante el Programa de Regularización de Vivienda, que depende del Gobierno, para que el juez “ordene la aprobación de planos y se legalice el derecho propietario, a favor de los avasalladores”, afirmó el presidente del Comité de Defensa de la zona Este de la ciudad, Carlos Espinar.

El Concejo Municipal de Oruro, controlado por una mayoría de militantes del Movimiento al Socialismo, presentó en julio de 2013, un recurso de nulidad de los planos aprobados por la Alcaldía, de aquellos que legalmente han comprado los terrenos.

La urbanización Cala Caja, ubicada en la zona Norte de la ciudad, se encuentra en permanente conflicto. Las víctimas del avasallamiento se organizaron para hacer una huelga de hambre y para reclamar que el Ministerio Público sancione a los delincuentes. Se destruyeron 25 casas.

El fiscal de distrito, Francisco Terán, trató de buscar el diálogo entre las partes, para resolver los conflictos, pero hasta la fecha, “no existen resultados”. En la urbanización La Florida, los verdaderos dueños y sus adjudicatarios tienen planos aprobados, pero los avasalladores han incursionado al lugar sin ningún documento.

El presidente de la urbanización Sajama, Fidel Oxa, convocó a una reunión de emergencia a los dueños de terrenos, a los adjudicatarios que legalmente han comprado terrenos, para organizar un Comité de Víctimas de Avasallamientos de Oruro. Las primeras reuniones fueron realizadas, para preparar movilizaciones a La Paz, hasta lograr respeto al derecho propietario y para que se respete la ley.

La urbanización de la Prensa de Oruro permanece ocupada en un 60 por ciento por parte de los avasalladores, Jhonny Choque Mamani, Teodoro Flores Huallco, Gonzalo Villarte Flores y otros. El único que se encuentra detenido en la cárcel, es Eulalio Villca Lupinta, por manejo de dinamitas, pero, a través de sus abogados, tramita su libertad.

Analistas opinan

El analista político Gonzalo Maldonado dijo que este problema es recurrente debido a la falta de autoridad que existe considerando que hay leyes en vigencia que protegen los lugares. En su criterio la solución pasa por un mayor control policial y el endurecimiento de las sanciones punitivas.

“No pueden haber construcciones en terrenos que además son de propiedad de los municipios. Se tiene que sancionar drásticamente con cárcel a los loteadores, porque son estos señores que generan el problema al vender estas tierras que luego pretenden ser tomadas por los avasalladores en contra de todo principio legal, la Policía tiene que actuar identificar y detener a los mismos para sentar un precedente”, señaló Maldonado.

Asimismo, manufestó que también es necesario identificar las zonas agrícolas, las delimitaciones geográficas que separan a los municipios y construir postas sanitarias o canchas de fútbol en aquellas áreas verdes que son de propiedad de las alcaldías y que al estar vacías son propensas a nuevos loteamientos.

En el caso de los avasallamientos en el sur del país, el analista Iván Arias señaló que el boom del gas tuvo su impacto demográfico en la ciudad, que al mismo tiempo no tenía una buena planificación urbana.

“Los elevados ingresos económicos no se tradujeron en nuevas oportunidades laborales o de desarrollo para la gente que llego a residir en Tarija, no se cumplió el sueño americano”, comentó.

Arias asegura que en este tipo de hechos priman los intereses económicos de algunos grupos y no el bienestar en general.

El asesor legal de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Beremiz Trigo, indicó que desde el 2001 se han contabilizado 90 predios avasallados que durante más de una década comenzaron a ser tomados por grupos irregulares.

A este problema, según el jurista, hay que sumar “la falta de voluntad por parte del Gobierno para promulgar una Ley en contra de los avasallamientos y la burocracia que se tiene que realizar para que un trámite en contra de estas personas prospere”.

Asimismo, puntualizó que en todos estos años solo se pudo desalojar, conjuntamente con el Ministerio Publico, 15 predios, situación que deja a los productores disconformes y con incertidumbre sobre la seguridad jurídica

“Cada año son más los predios que son avasallados que los que son desalojados, como ejemplo, solo se desalojó a los avasalladores de 15 predios”, explicó Trigo.

Por su parte, el analista agrario, Henry Escalante, comentó que el elevado número de tomas ilegales debe probárselas al amparo de la normativa agraria vigente, debido a que es muy clara cuando tipifica la legalidad o ilegalidad de la posesión al señalar que “todo asentamiento humano que no se origine en un proceso agrario, o sea, posterior al año 1996, es un asentamiento ilegal”, el proceso de saneamiento es el que regulariza y perfecciona el derecho sobre las tierras, quienes se sientan afectados deben recurrir a las autoridades agrarias o jurisdiccionales correspondientes y defender sus supuestos derechos ante estas instancias; no basta con que la CAO o sus asesores lo digan, ellos deben orientar a sus miembros”.

Por otra parte, Demetrio Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que los que avasallan las propiedades son grupos organizados que reciben alguna información sobre la situación jurídica de los predios.

Denunció que estas personas “serían exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”.

“Existen 50 mil hectáreas de sus asociados en situación de avasallamiento. Este hecho se ha dado a conocer en diferentes foros o reunión con las autoridades nacionales, sin éxito alguno”, declaró Pérez.