Expertos ven urgente una defensa estratégica de la naturaleza (El Día, 09.09.18)

El 90% de las exportaciones de los países sudamericanos, en especial de la región andina,  tiene que ver con productos primarios provenientes del extractivismo, cita un estudio del Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia). En ese contexto, cuatro juristas internacionales, entre ellos un boliviano, especializado en la defensa de derechos humanos y medio ambiente, señalan que hoy más nunca urge generar estrategias de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

El hecho estriba que en los últimos 20 años, la región vive  una expansión sin límites de las actividades extractivas motivadas por los gobiernos de turno de países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil, independientemente sean estos de izquierda o derecha.

«Queda muy claro que hay procesos de devastación ambiental, hay una descampesinización del campo y  una reconfiguración de estos territorios ya no para los que históricamente  los habían habitado sino para el asentamiento de intereses muy poderosos», asegura Dora Lucy Arias, abogada e investigadora que ha trabajado durante 17 años con comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia.

Sumidos en la globalización. Con la caída del precio de las materias primas de los últimos años, los expertos aseguran que los países latinoamericanos se han mostrado aún más dependientes de la globalización del mercado, dejando a los países de la región, altos  impactos sociales, ambientales y territoriales. Por esta situación desde los gobiernos de turno se han instrumentado no solo vulneraciones a los derechos de pueblos indígenas y la naturaleza, sino un constante acoso a las comunidades, colectivos y defensores de dichos derechos, incluso al extremo de la persecución, criminalización y asesinatos, como sucede en Colombia.

En tanto Rodrigo Negrete, abogado con experiencia en legislación ambiental en Colombia, ve una realidad paradójica en la región. «Deberíamos estar en una transición hacia energía renovable, hacia la energía limpia y tenemos un potencial inmenso casi inagotable que es la energía solar; solo hemos acrecentado el extractivismo. Lo cual es preocupante y muy penosa realidad para las futuras generaciones», precisó.

En ese ámbito el director del Cedib, Óscar Campanini, señala que ahora no es suficiente que los pueblos afectados por el impacto que provocan los diferentes proyectos extractivos, como en el caso de la actividad minera, hidrocarburífera y el anuncio de grandes hidroeléctricas, se movilicen sino que urge que la sociedad civil en general, tome conciencia sobre todo en las ciudades capitales del país, sobre la gravedad de la situación.

«El contexto actual nos pone en el desafío plantear y replantear a nivel de la sociedad civil estos temas, incluso más allá de la coyuntura. Hay una gran dependencia de las materias primas de nuestros países que afecta al conjunto de la sociedad», asegura Campanini.

Una realidad común. El “extractivismo”, definido por el investigador uruguayo, Eduardo Gudynas, como “un tipo de extracción de recursos  naturales, en gran volumen o  alta intensidad, orientada esencialmente a la exportación como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo”, se ha agravado en los últimos años,  según los juristas consultados por El Día, están dejando al paso señales lapidarios en términos de violación de derechos de pueblos, comunidades indígenas.

Al respecto, Óscar Campanini argumenta que la extracción de  materias primas en países de la región  concerniente a minería, hidrocarburos, productos de la agroindustria, entre otros se asocia la  construcción de infraestructuras  como carreteras, hidroeléctricas, puentes, puertos y aeropuertos, con inversiones millonarias y comprometiendo entre otros aspectos, áreas protegidas, comunidades indígenas y con fuerte impacto socio ambiental.

En ese escenario, lo que se viene ocasionando es un gran conflicto social y territorial con pérdidas de la biodiversidad, éxodo de pueblos de su territorio y graves consecuencias para las venideras generaciones, que en el fondo significan atentar derechos no solo de los afectados directamente, sino de toda la sociedad en su conjunto de un país.

Diana Murcia, abogada colombiana con siete años de trabajo en defensa de los derechos de la naturaleza, describe en el horizonte de la región hay «una brecha de implementación», cuya disyuntiva radica en la desconexión entre la comprensión que la defensa tiene que ver con los derechos humanos y en segundo lugar con que el Estado tiene los máximos poderes para tomar decisiones ambientales.

«Hay un nudo crítico que no se resuelve. Al Estado le corresponde hacer respetar los derechos, pero si no se cumple, desde ese momento ya se están vulnerando los derechos colectivos. Si eso pasa y menos se garantiza esos derechos y sobre todo ambientales, entonces los Estados y los gobiernos están con una deuda pendiente, independientemente sean de izquierda o derecha», argumentó.

Una tragicomedia similar. Un reciente estudio da cuenta que la apropiación masiva e intensiva de recursos de la naturaleza implica, de forma intrínseca, pérdidas netas del patrimonio ambiental,  puesto que sus impactos no se logran restaurar completamente ni de  forma natural, ni por acciones de remediación ambiental. Algunos de  estos impactos se extienden más allá de la zona en los que se realizan  y por períodos de tiempo prolongados e incluso de forma perpetua.
Las actividades extractivas también han seguido lógicas de despojo  de los territorios, con impactos sociales, físicos y culturales denunciados por las comunidades afectadas, tal como lo ha reconocido la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese ámbito, tanto Negrete, Murcia y Arias dan cuenta que los gobiernos como Colombia, Ecuador y Bolivia, entre progresistas y conservadores, tienen un desempeño similar, cuya dicotomía radica en citar discursivamente afuera una férrea defensa de la naturaleza y por dentro hacer todo lo contrario.

«En todos los gobiernos latinoamericanos hay una tragicomedia similar. Por ejemplo, en Colombia, con el expresidente Manuel Santos nos pasó lo mismo: fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz, por haber firmado un acuerdo con la insurgencia de las FARC, no obstante, en el último año de su gobierno fueron asesinados más defensores de derechos humanos como en ninguna época. Lo mismo pasa en Bolivia en términos ambientales», argumenta Murcia.

Marcelo Camargo, abogado boliviano experto en tema de derechos ambientales, describe en el actual contexto existe serias deficiencias de articulación basados en discursos contradictorios. «Lo que pasa es que el Gobierno responde a una lógica global del mercado, como productores de materias primas. Eso significa que estamos sobreponiendo a los intereses colectivos que en el fondo imposibilita la aplicación efectiva de las normas, que garantizan y protegen los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza», finalizó.

95 Por ciento
De las exportaciones de Bolivia, según el Cedib provienen de productos primarios.

Crece aún más la paradoja entre lo que se dice y se hace

Concreto. El caso de Bolivia, no es ajeno a lo que sucede en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. Mientras el presidente Evo Morales, enarbola en los escenarios internacionales la férrea defensa de los derechos de la madre tierra, los pueblos indígenas y los recursos naturales, pero al interior del país, en la puesta en práctica de esas afirmaciones, ocurre todo contrario.  Se incentiva a una mayor expansión de la frontera petrolera, a cuyo efecto un despliegue millonario de recursos para la exploración, una expansión descontrolada de la minería aurífera y cooperativizada en la Amazonia, los millonarios proyectos para construir gigantes represas hidroeléctricas como Rositas, El Bala y el Chepete, configuran esa «especie de doble discurso», dice Campanini.

Instrumento. Mientras los Estados producen intencionalmente normas sistemáticas que son funcionales a los intereses de empresas a cargo de proyectos extractivos y de construcción de infraestructuras, simultáneamente los sistemas nacionales de prevención, promoción y protección de derechos humanos y ambientales previstos en sus Constituciones resultan insuficientes para respetar y garantizar la vida digna de las comunidades, la sostenibilidad de los ecosistemas afectados por dichas empresas, y menos aún de sus defensores y defensoras.

Apuntes

• A pesar de las particularidades de cada país y sus gobiernos lo claro y concreto, según diferentes estudios relacionados a la actividad relacionada a la explotación y dependencia cada vez más profunda de las materias primas, hay un denominador común: extractivismos, reflejados a través de la incesante actividad minera, expansión hidrocarburífera en zonas no antes pensadas como son las áreas protegidas y la pretensión de los gobiernos en construir grandes hidroeléctricas, cuyo impacto ambiental y social no tiene precedentes.

• Indistintamente los gobiernos conservadores o progresistas de la región, cuando se trata de defender los derechos de los pobladores  afectados por la presencia de inversiones extractivas en su propio hábitat, los dispositivos de abuso de poder no tienen atenuantes de parte de los gobiernos de turno, que al responder a grandes intereses, en su mayoría multinacionales, producen vulneración a los derechos humanos, primordialmente territoriales y ambientales, de las perso- nas, comunidades y organizaciones que los defienden.

• Lo más grave, señalan los expertos respaldados en diferentes estudios e investigaciones recientes que la apropiación masiva e intensiva de recursos de la naturaleza implica, de forma intrínseca, pérdidas netas del patrimonio ambiental, puesto que sus impactos no se logran restaurar completamente, ni de forma natural ni por acciones de remediación ambiental. Algunos de estos impactos se extienden más allá de la zona en los que se realizan y por períodos de tiempo prolongados e incluso de forma perpetua. Por eso mencionan que el río que desaparece, la montaña que es abierta por la minería o la superficie que perforada no se repone más y menos se recompensa con lo que se explota.

Punto de vista

Amerita crear conciencia ciudadana sobre esto’

“Me preocupa que sigamos pensando en las materias primas y energías asociadas a los combustibles fósiles, como son los hidrocarburos, traducidos en petróleo y gas, asimismo  en la minería. En la minería,  por ejemplo, en el caso colombiano seguimos con el carbón, cuya explotación  es muy fuerte.

Entonces uno dice ¿cómo es posible?. Si esto es justamente lo que tiene altos costos socio ambientales en el futuro. Primero es que estos se agotan, segundo la emisión de gases efecto invernadero inciden directamente en toda la variabilidad climática.

Hay acuerdos internacionales. En 2015 se suscribió el acuerdo de París para llegar a más y mejores compromisos para justamente hacer los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático y resulta que nuestros países siguen empeñados en el extractivismo, en seguir sacando combustibles fósiles generando mayor emisión de gases efecto invernadero, exportando básicamente estos productos.

Y claro, algunos quedan en la economía nacional pero la inmensa mayoría se exportan,  generan pocos empleos porque esas empresas fundamentalmente son intensivas en capital y con alta tecnología entonces el uso de mano de obra no es muy fuerte y mucho menos la mano de la obra local entonces los empleos son muy bajos.

En Colombia se calcula que las actividades minero energéticas utilizan 175 mil personas en minería e hidrocarburos, lo cual es muy bajo frente por ejemplo a actividades agrícolas que ocupan diez, doce o quince millones de personas. Esta situación nos obliga a cambiar la mirada y  plantearnos estrategias de defensa a mediano y largo plazo. La lucha y la resistencia no son suficientes, hay que crear conciencia ciudadana de lo que representa  las consecuencias del extractivismo».