Expertos recomiendan no retirar aportes de AFP y sugieren préstamos sobre ellos (Página Siete, 24.7.20)
El martes se llevó a cabo el panel “¿Prohibido envejecer en Bolivia? Desafíos del sistema de pensiones”, con la participación de Gustavo Rodríguez, Nancy Tufiño, Alberto Bonadona y el analista Jaime Dunn.
Página Siete / La Paz
Expertos recomendaron no retirar aportes de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y en su lugar sugieren otorgar préstamos sobre los ahorros de los aportantes, autorizar jubilaciones anticipadas con el apoyo del Estado y establecer un seguro de desempleo, ente otras medidas que no supongan un retiro masivo de los fondos en manos de las AFP.
El pasado martes se llevó a cabo el panel “¿Prohibido envejecer en Bolivia? Desafíos del sistema de pensiones”, con la participación de los expertos Gustavo Rodríguez (Cedib), Nancy Tufiño (UMSA), Alberto Bonadona (UCB-UMSA), y el analista financiero Jaime Dunn.
Cuatro proyectos de ley que disponen el retiro parcial de los fondos de pensiones han sido presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional entre abril y junio. Estos proyectos establecen retiros parciales de los fondos depositados en las AFP de entre el 15% y el 95%.
Al respecto, Dunn señaló que el retiro parcial de los fondos de pensiones de los aportantes supondría comprometer las jubilaciones en el futuro. “Un retiro de fondos de los aportes individuales supondría comprometer las jubilaciones de mañana: Crearía para las personas que reciben ese dinero una situación compleja, pues éstas no tendrían dinero para jubilarse”, indicó,
Sobre este punto, el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) Gustavo Rodríguez, ejemplificó: “Una persona con 25 años aportados puede acceder (y generalmente accede) al menos a una pensión de 2.600 bolivianos. Si esta persona retira cinco años de sus aportes, esta pensión puede bajar a 2.000 bolivianos; si esa persona retira cinco años más su pensión puede bajar a 920 bolivianos ”.
Tomando en cuenta esta situación, Dunn propuso, en su lugar, que los aportantes puedan beneficiarse antes de jubilarse, como en el caso de Estados Unidos donde el sistema permite que un cotizante se haga un préstamo de sus propios ahorros y pague intereses que van directamente a engrosar su propio fondo de ahorro. Este tipo de acciones pueden realizarse “cuidando de no romper el esquema de pensiones, no bajando la rentabilidad y no perjudicando la liquidez en el sistema financiero”, aclaró.
Esta propuesta es similar a la sugerida por la Fundación Milenio es su último Informe Nacional de Coyuntura, según el cual, los aportantes podrían firmar pagarés con vencimiento al momento de la jubilación, a cambio de hasta tres préstamos sobre sus aportes.
Otras propuestas
Como una de las soluciones a la situación económica de los trabajadores por la pandemia, Rodríguez planteó que las personas que tienen entre 50 y 58 años (la edad mínima para jubilarse), puedan jubilarse excepcionalmente ahora y que a futuro se pueda ajustar su pensión. “Lo óptimo sería que el Estado, en vez de estar dando bonos sin ton ni son, ayude a jubilarse a estas personas. A qué me refiero: que les preste el dinero suficiente para que aporten una determinada cantidad de años, un año, dos años, tres años, matemáticamente y financieramente se arregle el asunto”.
Por su parte, Tufiño y Bonadona coincidieron en que se debe implementar un seguro de desempleo para el sector formal e informal.
“La realidad que vivimos por la pandemia amerita el seguro de desempleo y pérdida de empleo. Si esto estuviese vigente como dice el Artículo 45 de la Constitución, con seguridad hubiésemos aminorado sus efectos”, afirma la también catedrática emérita.
La catedrática también propone que el coronavirus sea reconocido como enfermedad o accidente laboral: “la recomendación de la OIT (Organización Mundial del Trabajo) -cuando habla de las normas de la Covid-19, de marzo- refiere que la pandemia si es adquirida por los trabajadores en el trabajo, se cataloga como accidente de trabajo o como enfermedad profesional”. Bajo esa línea estarían trabajando Chile, Colombia, Ecuador, Perú y España.
Más ampliamente, para Bonadona, la respuesta a la crisis económica agudizada por la pandemia debe ser integral y debería estar plasmada en un plan de desarrollo, mediante el cual el Estado atraiga créditos internacionales con bajos intereses y realice acciones como hacerse cargo del pago de las pensiones: “El Estado debe pagar hasta que se retorne a la normalidad laboral, concluido el tiempo de pandemia más dos meses, los aportes a la seguridad social”.
