Especialistas consideran que el Gobierno tiene una información falsa respecto al tema. El Ministerio de Obras Públicas maneja una lista levantada por el SERNAP.

Miguel A. Melendres / La Paz – 22/03/2012

Al menos tres expertos y dos fundaciones coinciden en que las comunidades del Conisur no deben ser consultadas sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos porque dejaron la estructura orgánica de los pueblos indígenas para constituir sindicatos.

Los indígenas de tierras bajas reconocen sólo a la comunidad originaria de Santísima Trinidad, de las que existen en el área del polígono 7 colindante con TIPNIS; sin embargo, el Gobierno ha reconocido a 17 para que participen de la “consulta previa” que se realizará del 15 de mayo al 15 de junio.

La empresa consultora Rumbol SRL, que en 2011 hizo un estudio ambiental para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), dice que 15 de 16 comunidades indígenas de la zona colonizada del polígono 7, que están afiliadas al Conisur, no son parte del título ejecutorial que entregó en 2009 el INRA.

El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, anunció que en la consulta participarán 17 comunidades del Conisur, organización afín al MAS y que marchó pidiendo la anulación de la ley corta que protege el TIPNIS.

Iván Bascopé, director regional del Centro de Estudios Jurídicos (CEJIS-La Paz) pidió ayer al Gobierno precisar de dónde salen las 17 comunidades y dijo que los datos que maneja el Ministerio de Obras Públicas están alejados de la realidad.

“Si se refiere a comunidades del Conisur, esta información es totalmente falsa. Tenemos conocimiento por mapas y por información de los corregidores del TIPNIS, que en la zona del polígono 7 colonizada, existen alrededor de nueve comunidades y que Santísima Trinidad es la única que mantiene una estructura organizativa con visión indígena y que pertenece a la regional de la CPEMB (Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni)”, dijo.

Según Alejandro Almaraz, abogado y ex viceministro de Tierras del Gobierno del presidente Evo Morales, el Conisur renunció a ser parte de la TCO para adherirse al saneamiento individual adoptado por las organizaciones sindicales de colonizadores y la mayoría se dedica básicamente “al cultivo excedentario de coca y secundariamente al de yuca, arroz y plátano, y están al margen de la gestión del parque”.

El antropólogo Xavier Albó declaró hace unos días que las comunidades que están dentro del polígono 7 no son parte de la TCO del TIPNIS y que “ni ellos ni los cocaleros deben ser objeto de una consulta porque no afecta a su propio territorio”.

Asimismo, la Fundación Tierra precisó que solamente la comunidad Santísima Trinidad que está al medio del polígono 7 es la única que mantiene una estructura organizativa indígena mientras las otras comunidades fueron absorbidas por los sindicatos de colonizadores

El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, afirmó por su parte a Página Siete que “los que están en el polígono 7 no tienen derecho propietario colectivo. Por lo tanto, ellos no tienen derecho a decidir nada sobre el TIPNIS porque están dentro de la línea roja colonizada. Sólo a la comunidad Santísima Trinidad se la toma en cuenta, es la única que se respeta”.

El Gobierno aplica estrategia política

Para la Fundación Tierra, el Gobierno está aplicando una estrategia política desde octubre del año pasado, para lograr un apoyo indígena en la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacoi de Moxos (Beni) que pase por el TIPNIS.

“El Gobierno viene aplicando una estrategia desde octubre cuando empezó a cambiar el concepto de intangibilidad de la Ley 180. La campaña siguió con las empresas que tenían convenios con los indígenas y propuso investigarlas y controlarlas”, declaró Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.

Añadió que las autoridades gubernamentales insistieron en dividir a las comunidades indígenas impulsando la marcha del Conisur (Consejo Indígena del Sur) y “lo convirtió en un mecanismo de legitimación de la Ley 222” que viabilizó la consulta.

Dijo que ahora que está ejecutando la ley, el Gobierno no va a poder demostrar que hay buena fe en ese cometido y que sea previa. Pidió a los organismos de derechos humanos que velen y denuncien el incumplimiento del derecho de los indígenas.